PROGRAMA ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Código: (AC-5503)

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Unidad I

Estado, nación y gobierno.
Fundamentos históricos.
Liberalismo y Neoliberalismo.
Evolución de fines y formas.
Funciones del Estado.
Contenido ideológico del Estado: Modelo Capitalista.
El Estado Venezolano y su evolución histórica.

Unidad II

Aparato Burocrático: naturaleza y dimensiones.
Evolución de la administración pública en Venezuela y América Latina.La administración pública y su papel en la formulación de las políticas públicas.

Unidad III

Principios del enfoque sistémico.
Sistema Social.
Sistema Político.
Sistema Administrativo.

Unidad IV

Planificación y toma de decisiones en el sector público.
Organización Político –Administrativa del Estado.
Estructura organizativa de la Administración Pública: Central y Descentralizada.
Características de la Gerencia Pública en Venezuela.Control público y ética del funcionario público.

Unidad V

Fundamentos de la Reforma del Estado.
Antecedentes de la reforma del Estado.
Experiencias de la Reforma del Estado en Venezuela.Nuevos paradigmas de la Reforma del Estado en el mundo.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

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IDEAS SOBRE EL PROCESO DEMOCRÁTICO EN EL MUNICIPIO*

 

El proceso de socialización es lo que prepara al individuo para la vida en sociedad, implicando el aprendizaje de pautas, normas y reglas que le van a permitir la convivencia con sus semejantes. De igual forma, la democracia es el modelo de conducción política que traduce una forma de vida, un sistema de organización social del poder.

Entonces si la vida en sociedad exige de una preparación adecuada, la democracia requiere de una escuela, de un escenario en el que se prepare a los ciudadanos para la convivencia y como bien decía Tocqueville, el gobierno local es el mejor.

La vida en democracia requiere de una serie de predisposiciones en las que resulta clave la capacidad de la sociedad para intervenir en sus procesos. La democracia moderna se sustenta en una cultura participativa que exige responsabilidad y compromiso.

El ambiente natural para el aprendizaje de la democracia como modelo de vida no puede ser otro que la ciudad, el municipio como unidad político-territorial fundamental del Estado, constituye el primer escenario para el ejercicio de deberes y derechos políticos.

Resulta indispensable comprender que es en el seno del gobierno local donde deben consolidarse los principios democráticos de la cultura política de cualquier sociedad, si queremos que se convierta en un modelo de vida. La democracia en el municipio se ejerce sobre la base de la conducción de los asuntos de la comunidad orientados por principios de organización, criterios de acción, vocación de servicio, determinación en la solución de conflictos y solidaridad.

La democracia no puede ser un proceso vertical, no puede descansar en la responsabilidad exclusiva de unas élites aisladas de la realidad que a diario enfrenta la sociedad. La democracia debe ser un modelo horizontal de acción que se sustente en la intervención organizada de la sociedad, inspirada en el compromiso y la responsabilidad.

Es indiscutible el valor que tiene para la democracia la capacidad organizativa de la sociedad, identificando y jerarquizando sus necesidades, estableciendo las acciones a emprender, interactuando con los centros oficiales de decisión política al defender las conquistas o exigir la satisfacción de las demandas.

Las comunidades que establecen claramente los objetivos que alientan su organización formal tienen un gran trecho adelantado, pues definen el futuro que aspiran no solo para sí mismas sino también para las generaciones futuras, siendo ése espíritu de trascendencia lo que estimula acciones que no se conforman con lo transitorio o inmediato, construyendo bases sólidas para que la sociedad pueda formarse en una cultura política democrática.

Es imprescindible en cualquier sociedad política la consolidación de una cultura de participación para alcanzar la satisfacción plena de necesidades y aspiraciones comunes. El ejercicio de la ciudadanía exige asumir posiciones ante los asuntos que interesan a todos los miembros de la colectividad reconociendo, además, que la participación debe obedecer a ciertos lineamientos normativos.

Las acciones a emprender por los ciudadanos deben ubicarse en un contexto no sólo de principios técnicos sino también de consenso político. La posibilidad de resolver los problemas sustentándose en acuerdos y negociaciones es una muestra fehaciente del ejercicio de la democracia en la sociedad.

Ahora bien, la sociedad no siempre está preparada para estas exigencias, prueba de ello son los alarmantes indicadores de abstención que demuestran la escasa participación electoral de los ciudadanos, acentuándose este comportamiento en períodos de crisis, lo que obviamente indica la necesidad de estimular e incentivar el rol de un ciudadano más motivado a participar en la resolución de sus problemas.

La justificación quizás sea que los ciudadanos por una parte no conocen realmente sus derechos a participar en determinados procesos decisorios ( a través de las propias Juntas Parroquiales, por ejemplo) y por otra parte hay desconfianza, falta de credibilidad en instituciones que muchas veces han sido débiles para defender a las comunidades o que cuando actúan son otros los intereses que las animan (por lo general de carácter político).

Ello por supuesto tiene una estrecha relación con la ausencia de intervención de las comunidades en la resolución de conflictos. Los canales idóneos como los Juzgados de Paz, concebidos como instancias mediadoras todavía no han consolidado su identidad en el seno de la sociedad, en gran parte porque las estructuras oficiales no han creado las condiciones favorables para ello. En una democracia madura los ciudadanos deben procurar afectar e influir no sólo en las políticas a desarrollarse, sino también en aquello que atente contra la gobernabilidad de la ciudad.

En una democracia no se imponen medidas ni se ejecutan acciones desde instancias superiores de forma arbitraria, la participación precisamente significa que dentro del marco del sistema político, existen canales regulares por medio de los cuales la sociedad manifiesta sus exigencias o apoyos, según sea el caso. La democracia exige el pronunciamiento de los gobernados, pues recordando a Rousseau, de lo que se trata es de la cesión de unos derechos inherentes a la condición humana que a través de un pacto de convivencia, son depositados en unas instituciones con el propósito de alcanzar condiciones estables de gobernabilidad.

En esas condiciones deben quedar suficientemente representados los derechos de los ciudadanos a exigir el cumplimiento por parte de las instituciones de sus responsabilidades para con los ciudadanos, de igual forma los ciudadanos tienen el deber de intervenir mediante canales formales en los asuntos que le interesan. La democracia no puede descansar exclusivamente en las instituciones, debe ser producto de un esfuerzo común por lograr condiciones de vida a las que todo ciudadano tiene derecho.

Ante esta realidad tenemos por un lado el descrédito institucional y por el otro la apatía de la sociedad. Hace más de diez años la denominada sociedad civil organizada a través de grupo vecinales logró una enorme proyección no sólo ante la opinión pública sino que, también logró afectar niveles decisorios del sistema político.

Sin embargo, por la misma dinámica política, esta iniciativa vio truncada sus aspiraciones, que en algunos casos se debió a la influencia misma de los partidos políticos. Si buscamos una explicación a la indiferencia de la sociedad no ante los asuntos políticos, sino más bien frente a los problemas que afectan su calidad de vida tendríamos que reflexionar sobre el impacto que los partidos políticos han ejercido sobre ella al mediatizarla.

La capacidad de organización debe indudablemente manifestarse de forma voluntaria en la sociedad, pero si ello no encuentra eco en las instancias formales de poder, resulta difícil creer que las comunidades persistirán a sabiendas de no encontrar respuestas a sus demandas. En el caso de los apoyos al sistema, en algunos casos el panorama cambia cuando las comunidades aceptan que aliándose a determinados grupos de poder podrán acceder a soluciones concretas.

El problema de la mediatización de los partidos políticos sobre los canales de participación es que la sociedad no ha madurado una cultura política orientada buscar las soluciones de sus propios problemas.

Se ha dado el caso que en ciertas circunstancias, ante una carencia, una necesidad o una limitación, algunos sectores sociales, en lugar de buscar sus propias soluciones a los problemas que los aquejan, exigen a las agencias oficiales que respondan. Ello muestra la poca capacidad de reacción que tienen ante situaciones adversas, la escasez de interlocutores válidos, la irresponsabilidad del Estado en crear espacios de participación y el exiguo esfuerzo por la consolidación de una cultura política madura.

Lo crucial es que en la gestión municipal una relación distante con la comunidad no puede traducirse en una experiencia democrática. El procesamiento de las demandas requiere de un permanente intercambio de las comunidades bien sea con el ejecutivo o con el legislativo locales. La satisfacción de necesidades de las comunidades no puede estar sujeta a negociaciones de intereses particulares en lugar de colectivos. Las soluciones en alguna medida deben ser producto del esfuerzo de la sociedad misma, pero si el sistema ha procurado que no se desarrolle una cultura de participación, es poco probable que pueda crearse sin contar con los mecanismos y condiciones mínimas.

Cuando el Estado a través de sus instituciones políticas toma decisiones y asigna recursos está generando políticas públicas, que afectan la vida de las comunidades, en el caso del municipio. ¿Cómo puede el sistema político impulsar medidas, estrategias y acciones que no encuentren resonancia en la propia sociedad?

Un reflejo de ello es el grado de conflictividad que se radicaliza en situaciones como aumento de tarifas de servicios públicos (caso del transporte público), prestación deficiente de servicios (agua, aseo urbano) y problemas graves como inseguridad personal, déficit habitacional, etc. El balance casi siempre es desfavorable a la gestión del municipio, salvo contadas experiencias, pues el criterio de eficiencia lo manejamos en sentido unidireccional.

La ciudadanía no puede salvar su responsabilidad al calificar la gestión municipal como ineficiente, olvidándose que su responsabilidad no se circunscribe exclusivamente a la manifestación de exigencias o elaboración de críticas. Todos los que convivimos en la ciudad, tenemos un nivel de compromiso tal, que la gestión exitosa del municipio no dependerá únicamente de la escogencia de nuestros alcaldes y concejales, también será ineludible asumir tareas en la identificación de problemas y la definición de políticas.

En cualquier sistema político, los actores que intervienen tienen un rol que desempeñar, las comunidades no pueden deslindarse del gobierno local, pero las instancias gubernamentales no deben seguir ignorando la necesidad de formar a los ciudadanos en una cultura política del compromiso, pues a ello se debe que tengan que llevar tan pesada carga.

Es por ello el incuestionable valor que tienen para una sociedad políticamente madura, formada en el ideal demócrata, el principio de la solidaridad. Si nos detenemos a pensar qué es lo que hace fuerte a las sociedades, no es otra cosa que la solidaridad, por supuesto acompañada de otros valores igualmente importantes. Si no existiese esa fuerza de cohesión, aún tratándose de solidaridad orgánica, en la que la conciencia colectiva orienta a los individuos en la búsqueda de la satisfacción de sus intereses individuales haciéndolos compatibles con los colectivos, la situación pudiera parecerse más a la anarquía.

Cuando un Estado no atiende las demandas de la sociedad, en los términos clásicos de eficacia y eficiencia, no queda sino actuar haciendo un frente común. Las comunidades organizadas han demostrado en tiempos recientes, que su capacidad de organización puede ser muy eficaz cuando se tienen claros los objetivos. Pero siguen siendo casos aislados, espasmódicos y reactivos. No debemos esperar que surjan los problemas para actuar en el escenario político. La sociedad civil, las comunidades, los actores sociales deben estar permanentemente monitoreando lo que sucede en su entorno y no esperar a que sean las agencias oficiales quienes tomen las decisiones que afectan la vida de la ciudad.

Como recomendación para el desarrollo democrático del gobierno municipal lo fundamental es comprender que la democracia es una forma de vida, es una actitud, un comportamiento que debe caracterizar a todos los ciudadanos de un país para que sea exitosa.

Y cuando hacemos referencia a todos los ciudadanos, estamos hablando de gobernantes y gobernados, lo que quiere decir que el rol de conducción de los asuntos de la ciudad, en el caso del poder local, no puede descansar solamente en la dirigencia política, pues se trata de una responsabilidad compartida. Por otra parte, la ciudadanía se ha acostumbrado a que son las instituciones quienes desarrollan un rol más activo, ausentándose de las discusiones que verdaderamente le interesan.

La cultura política democrática se manifiesta en el intercambio permanente entre los centros de decisión y los dirigidos. La justificación de nuestro modelo de relaciones se encuentra en que las instituciones políticas han preferido no estimular el desarrollo de un comportamiento participativo en la búsqueda de soluciones de las comunidades, para evitar la cesión de espacios de poder.

No es demasiado simplista pensar que un cambio de actitud pueda hacer de nuestras ciudades esferas para una verdadera convivencia; el desprendimiento de cuotas de poder, aceptando compartir espacios de decisión, pudiera marcar la diferencia de una ciudad ingobernable, sumida constantemente en el conflicto, porque si hay algo que obstaculiza la gestión efectiva de un gobierno, no es el respaldo político que preocupa a muchos gobernantes, es la aceptación de la gente de una gestión comprometida y la confianza, que se puede lograr mediante su participación en la formulación de políticas.

BIBLIOGRAFÍA

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* Publicado en: Revista Cuestiones LocalesN° 2 Año 2002

Una mirada a la ciencia política actual*

 

RESUMEN

La democracia y su crisis contemporánea, sigue generando intensos debates en las ciencias sociales y más concretamente, en el seno de la Ciencia Política, lo que pudiera interpretarse como un reflejo de su cuestionamiento como disciplina científica.

El presente ensayo, intenta abordar el problema de la búsqueda de respuestas en la Ciencia Política, en los albores de una nueva realidad epistemológica en la que se intenta romper con un modelo de pensamiento agotado.

PALABRAS CLAVE: Ciencia Política, Democracia, crisis epistemológica, crisis paradigmática

En un intento por estudiar los problemas epistemológicos de las Ciencias Sociales, nos encontramos intentando dar con una explicación que nos permita describir hacia dónde se dirige la Ciencia Política en la actualidad.

En tiempos recientes, se ha discutido con mayor intensidad el agotamiento que vive la Ciencia Política, lo que para voces calificadas como la de Giovanni Sartori, es el reflejo de una profunda crisis.

Partiendo de la idea que la Ciencia Política es una disciplina relativamente nueva, si la comparamos con otras mucho más consolidadas, podríamos argumentar su inmadurez para justificar la crisis que vive, sin embargo esa sería a todas luces una explicación simplista, pero que no necesariamente deberíamos descartar.

Por otra parte, la Ciencia Política comprende un vasto campo donde confluyen numerosas disciplinas pertenecientes a las Ciencias Sociales, por lo que su crisis debemos verla sin aislarla del contexto en el cual se inserta, como la ciencia encrucijada que es.

En este sentido, no podemos perder de vista la naturaleza de la relación de la Ciencia Política con la Filosofía, la Sociología, la Antropología, la Historia y la Sicología, pues ellas alimentan a la Ciencia Política a través de sus disciplinas auxiliares como lo son la Filosofía Política, la Sociología Política, la Antropología Política y la Sicología Política.

Esa confluencia de conocimientos, en la que se mezclan objetos de estudio y métodos, necesariamente ejerce una enorme influencia en la conformación de la Ciencia Política y de sus definiciones necesarias.

La Ciencia Política, al separarse de la Filosofía, procuró hacer del estudio del poder, la autoridad y las instituciones políticas, su objeto de estudio, utilizando para ello los métodos que aportan las Ciencias Sociales.

La necesidad de consolidarse como una auténtica disciplina científica, la llevó a distanciarse de la influencia del idealismo filosófico para acercarse a una postura más pragmática, fundamentada en la búsqueda de una explicación a los fenómenos políticos a través de modelos cuantitativos.

En ese tránsito de la Ciencia Política, de una ciencia rica en principios filosóficos, a una disciplina caracterizada por esquemas rígidos de interpretación de los procesos sociopolíticos, se fueron quedando las expectativas de un conocimiento que pudiera no sólo explicar los fenómenos, sino anticiparlos y resolverlos.

Entonces, para terminar de hacer más crítico el panorama, pasamos a una etapa en la historia del pensamiento en la que comenzamos a tropezarnos con ideas tales como: el fin de las certidumbres; la pertinencia de las dimensiones general y particular simultáneamente; la diversidad de macroestructuras y realidades sociales; la transdisciplinariedad… y nos preguntamos, la Ciencia Política ¿cómo queda en ese contexto?

Resulta difícil, pues representa un cambio de paradigma que trasciende el simple hecho de adoptar una nueva corriente interpretativa, se trata de transformar la forma de aproximarse al objeto de estudio y de aplicar el método. Es comenzar a ver el fenómeno político con otros lentes y eso resulta de una enorme complejidad cuando ni siquiera se ha dominado la formulación del conocimiento político, con las herramientas tradicionales.

Sin ánimo de justificar, debemos ver la crisis de la Ciencia Política insertada dentro de una crisis de mayor dimensión, la de la Modernidad, por lo que debemos verla como parte de la caducidad de un modelo de vida que se agota por las nuevas valoraciones de una sociedad en la que sus premisas fundamentales ahora giran en torno al conocimiento, la información y la cultura posmoderna.

El paradigma clásico condujo a la Ciencia Política a observar y clasificar los fenómenos políticos de manera fragmentada y parcializada, en el que de manera consistente se planteaba la ocurrencia de los fenómenos políticos en términos de antagonismos y luchas.

Además, las interpretaciones invariablemente oscilaban, a manera de péndulo, entre las salidas conservadoras o revolucionarias, según quiénes fueran las fuerzas políticas dominantes en el momento.

Esa condición cíclica y repetitiva de la historia política ha estado presente en buena parte de las sociedades modernas, sin embargo, como quiera que se trata del fin de una época, las reacciones que tradicionalmente caracterizaron dicho ciclo se han visto sustituidas por otros comportamientos, es decir, que el péndulo ya no oscila en los mismos tiempos.

¿Qué pasó con la irreverente afirmación que señalaba que el punto final de la evolución ideológica de la humanidad, es la universalización de la Democracia Liberal occidental como la forma última de gobierno humano?

No deja de ser paradójico que un significativo número de países latinoamericanos y europeos tienen gobiernos abiertamente identificados con el modelo socialista, que sin embargo, no renuncian a su naturaleza democrática.

Lo que esto significa es que las realidades políticas ya no obedecen a rígidos patrones formulados bien sea a partir de concepciones estrictamente filosóficas, ni se trata de la lectura rígida desde valoraciones cuantitativas.

En la Ciencia Política, el debate de los últimos tiempos ha girado alrededor de la Democracia, como muestra del agotamiento del que hemos venido haciendo referencia.

Como teoría política, la democracia ha generado intensas y numerosas discusiones acerca de la naturaleza de su modelo. A lo largo de la historia de la humanidad, encontramos a destacados autores que han dedicado sus esfuerzos a profundizar sobre la democracia como modelo político.

Desde la antigüedad hasta nuestros días, la democracia ha sufrido cambios y transformaciones tanto en su interpretación como en su ejercicio, estimulando amplias discusiones en torno al tipo de democracia más idóneo.

La Democracia no fue siempre el gobierno ideal que deriva de su traducción del griego “gobierno del pueblo”. En la antigüedad, tanto Platón como Aristóteles eran contrarios a esta forma de gobierno, por considerarla (Aristóteles) una forma impura de la República.

Con la consolidación del Liberalismo Político, la Democracia enfrentó marcadas diferencias, en virtud de los contrastes entre la filosofía individualista y la voluntad mayoritaria. A pesar de ello, la Democracia Liberal habría de convertirse en una aspiración formal de las sociedades desarrolladas, en una suerte de imbricación de ambas perspectivas filosóficas.

Sin embargo, ¿no parece una discusión estéril dilucidar si es liberal o conservadora; representativa o participativa cuando ni siquiera tenemos claro qué es Democracia?

Definir la Democracia, no solamente ha sido difícil, sino que aún no podemos hablar de una versión que satisfaga a todos, pues además de los matices que esta presenta, los calificativos que se le adjudican, según la variable económica a la que se le asocia, genera aún mayor dispersión para lograr un consenso.

Lo de gobierno del pueblo luce demasiado simplista, pues ya para comienzos del siglo XIX la Democracia trascendía el esquema de las formas de gobierno para plantear una forma de vida: porque de eso se trata la Democracia, de una forma de vida, aunque algunos se hayan empeñado en demostrar lo contrario, reduciéndolo a un mero debate de partidos.

La Democracia es el modelo político que caracteriza a las sociedades capitalistas modernas y sin embargo encontramos que algunos regímenes democráticos atraviesan momentos de serios desequilibrios, lo que para la Ciencia Política ha sido difícil de explicar.

Al igual que resulta contradictorio cómo algunas sociedades, en el más profundo atraso, han sido incapaces de crear condiciones para que la Democracia sea su régimen de vida.

Las crisis contemporáneas de la democracia han conducido a justificar la adopción de posiciones radicales bajo el argumento de la pureza del modelo. En este sentido, se ha generado en algunos espacios de discusión de la Ciencia Política, un debate en relación a los modelos que mejor expresan la esencia democrática.

Como modelo político, la Democracia, ha estado sometida a profundos cuestionamientos, exacerbados en tiempos recientes debido a los problemas de gobernabilidad que experimentan algunos países, especialmente en América Latina, donde se ha cuestionado a la democracia representativa, surgiendo la participativa como alternativa.

Ante este panorama, ¿qué ha aportado la Ciencia Política a este debate? En el caso de América Latina, si observamos la discusión, las corrientes de interpretación siguen manejando el esquema del desarrollismo versus la ruptura.

En este orden de ideas, el debate refleja la realidad de unos países que oscilan entre períodos donde prevalecen las recetas de los organismos multilaterales para que luego, se manifiesten las opciones de ruptura con dicho modelo. Lo que no se ha podido explicar es por qué se dan cambios que no necesariamente representan una transformación o ruptura sino la vuelta a esquemas que habían sido superados.

Y es entonces, cuando tenemos que reconocer que, la Ciencia Política ha sido eficiente en describir la realidad, explicarla a la luz de variadas interpretaciones teóricas, pero… no hemos llegado a convencernos que con la sola descripción y explicación es suficiente para resolver la cuestión política ni para definir la democracia que necesitamos, no es de semántica precisamente el problema, es de perspectiva.

Debemos mirar el problema de lo político con menos restricciones teóricas, menos limitaciones técnicas y con una mayor amplitud interpretativa, que pueda trascender este modelo paradigmático que está agotado y que no ofrece grandes retos al hombre.

Lo crucial en todo caso, está en dejar de ver la democracia como un mero instrumento, en el que se encuentre ausente un compromiso valorativo determinado, pues si no la entendemos como una forma de vida, más que como modelo político, no será suficiente su imposición, y siempre habrá algún resquicio por donde se colarán no solamente las tendencias elitescas, sino mucho más grave aún, las vocaciones autoritarias para mantener el sistema de privilegios. (Guevara, 1997: 52)

La democracia es sin duda para la Ciencia Política, uno de sus más importantes objetos de estudio. Desde la antigüedad hasta nuestros días, los grandes pensadores de la humanidad, filósofos e historiadores, han intentado explicar lo que debemos entender por democracia y cual es el modelo ideal, por lo que no se trata de una discusión cerrada, en virtud de las controversias que genera la búsqueda de ese ideal, manteniendo el debate vivo y por ende, a la Ciencia Política.

Referencias Bibliográficas

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*Publicado en Una Agenda en transición: Reflexiones desde las Ciencias Sociales. (2008)

LOS ACUERDOS COMO CARACTERÍSTICA DEL SISTEMA POLÍTICO VENEZOLANO: EL PACTO DE PUNTOFIJO*

En un intento por comprender la naturaleza del sistema político que se inicia a la caída de la dictadura perezjimenista, se hace imprescindible interpretar que la coyuntura histórica de 1958 determinó que la consolidación del proyecto democrático sólo se lograría con la unión de los actores fundamentales y sus intereses. Las experiencias pasadas de sectarismo y exclusión servirían de lección a la dirigencia política venezolana, en la intención de lograr la consolidación de un gobierno democrático, siendo el Pacto de Puntofijo el instrumento que permitiría ese propósito.

PALABRAS CLAVES: Democracia, Sistema Político, Pacto, Partidos Políticos

Introducción

La historia es muchas veces la mejor referencia para comprender los sucesos del presente, y de manera significativa cuando se consideran agotados los procesos políticos y se confrontan con nuevas perspectivas.

El plantearse una nueva concepción del Estado y su proceso político, requiere necesariamente la reconsideración de lo que condujo al modelo en crisis, en este sentido, resulta evidentemente útil la reflexión sobre las bases constitutivas del sistema político que permitió en el caso venezolano, la consolidación de la democracia como forma de vida.

Esta reflexión se propone repasar las condiciones en las que se produjo la suscripción del Pacto de Puntofijo, como una variable fundamental del modelo político venezolano que habría de influenciar su desarrollo futuro.

Antecedentes del Sistema Político Venezolano

La lección que la historia dio a los líderes políticos del post-gomecismo, materializada en la cruenta dictadura de Pérez Jiménez, planteó con claridad el terreno en el que habría de construirse el tan anhelado proyecto político democrático en Venezuela.

La necesidad de un sistema político que garantizara la libertad como elemento constitutivo, determinó que nuestro proyecto político tuviera su fundamento en un acuerdo o pacto, de manera que se imposibilitara cualquier intento de personalismo militar.

Luego de la caída de Gómez, se inicia una etapa de transición cuyo objetivo fue el establecimiento de un sistema de gobierno democrático. Al General Eleazar López Contreras le tocó quizás la más delicada responsabilidad, pues siendo figura del antiguo régimen, su misión fue la de sentar las bases que permitirían el posterior ejercicio democrático, teniendo que enfrentar la lógica inestabilidad manifiesta en un país atrasado, víctima de casi tres décadas de tiranía. López Contreras tuvo que enfrentar tanto a las fuerzas gomecistas ansiosas por recuperar el poder, como a los grupos opositores representantes de nuevos movimientos políticos. Fue una etapa donde las distintas tendencias ideológicas buscaron acomodo en el naciente sistema político.

El ascenso en 1941 a la Presidencia de la República del General Isaías Medina Angarita, en plena II Guerra Mundial, influenció el desarrollo de ciertas políticas en materia económica, dado el carácter estratégico del petróleo en el conflicto mundial. Durante este gobierno, no se vivió la tensión política del período de López Contreras, tanto que se produjo la legalización de los partidos políticos Acción Democrática (AD) y Partido Comunista de Venezuela (PCV). Fue precisamente a partir de este momento que AD inició su proceso de penetración en las estructuras del Estado, en palabras de su máximo líder de la resistencia, Rómulo Betancourt: “La dirección de AD se trazó la consigna de: ni un solo distrito, ni un solo municipio, sin su organismo de partido”. Se trataba de una tarea difícil y ambiciosa, “…pues implicaba vertebrar una red organizativa a lo largo y ancho de un país…” (citado en Puerta:163)

Entonces, es Medina Angarita quien permite la organización de agrupaciones políticas y obreras, produciéndose un clima de amplitud y apertura para la consolidación del régimen democrático. Sin embargo esa situación fue propicia para que se gestara el germen de su propia destrucción –la libertad de movilización de fuerzas- lo que le permitió a Acción Democrática, principalmente, la creación de un espacio político. En medio de la coyuntura electoral de 1945, la posición de AD fue decisiva para generar un ambiente de inestabilidad, desembocando en el golpe del 18 de octubre de ese año, encabezado por jóvenes militares con el apoyo de Acción Democrática, en un claro desafío a la candidatura del Dr. Angel Biaggini, propuesta por Medina Angarita.

En todo momento Acción Democrática mantuvo su justificación alrededor de la necesidad de buscar formas verdaderamente democráticas, que a su juicio no ofrecía un gobierno continuista de Medina Angarita. Lo que no deja de ser una ironía, pues se trató de una alianza con sectores de las Fuerzas Armadas no muy proclives a la democracia precisamente, pero que sin duda desde entonces, encarnan en nuestro inconsciente colectivo una suerte de salvador de la patria.

Las Fuerzas Armadas (FF.AA), luego de la muerte de Gómez, experimentan un proceso de modernización basado en la profesionalización de sus componentes, a diferencia de la mayoría de la oficialidad de alto rango que no tenía formación técnica. Esta circunstancia determinó que dentro del componente armado se desarrollaran dos corrientes bien definidas: el sector tradicional gomecista y el sector de jóvenes militares profesionales de carrera. El enfrentamiento fue inevitable en virtud de la posición de la alta oficialidad de defender sus privilegios y por su parte los jóvenes militares anhelaban mejores oportunidades y mayor atención, resultando dicha situación en la conformación de un movimiento: la Unión Militar Patriótica (UMP). El descontento y la necesidad de cambiar el estado crítico (económico y laboral) de la oficialidad intermedia, fueron factores decisivos para lograr un acercamiento -basado en los intereses comunes- de la UMP con AD. Para ambos sectores fue conveniente la alianza, pues los militares se verían libres de ser catalogados como enemigos de la democracia y AD tendría su camino despejado hacia el poder.

La Junta Revolucionaria de Gobierno, constituida por Rómulo Betancourt, en la Presidencia, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios, Luís Beltrán Prieto, en representación de AD; Edmundo Fernández, independiente; Carlos Delgado Chalbaud y Mario Vargas, miembros de las Fuerzas Armadas, se propuso evitar que las fuerzas gomecistas y sus continuadores -López y Medina- conservaran el poder pues para ellos representaban la antítesis del modelo democrático que se aspiraba consolidar, según AD, pero para la oficialidad vinculada a la UMP era la lucha por el control interno del mando institucional militar, asuntos relacionados con la jerarquía propiamente.

Las condiciones en las cuales se desarrolló la acción gubernamental de la Junta Revolucionaria, y las decisiones tomadas para contribuir a la modernización del Estado, son particularmente útiles al momento de interpretar la correlación de fuerzas que caracterizaron a nuestro país en ese período, pues además de ser una referencia histórica, nos permite identificar la naturaleza del modelo político venezolano que se consolidaría.

La Junta Revolucionaria de Gobierno fue muy activa en el sentido de la de reestructuración del aparato burocrático y productivo, pues fue bastante acelerada la elaboración de decretos en materia política y económica, además de otros ámbitos de interés nacional donde el gobierno tuvo participación directa: educación, gremios, entre otros. El mayor peso dentro de la Junta lo tuvo AD, pues “… los militares se ocuparon sólo de aquellos asuntos relativos a la defensa, seguridad interna y objetivos políticos globales” (Stambouli, en Puerta: 37).

Sin embargo, esa circunstancia habría de convertirse con el tiempo en perjuicio para el propio partido Acción Democrática: mientras este se dedicaba a penetrar todos los niveles del aparato burocrático, en un comportamiento claramente sectario al estar ausentes otras organizaciones políticas, las FF.AA. se fueron movilizando en torno a la conformación de un proyecto nacional.

Un rasgo verdaderamente explicativo de la naturaleza de la democracia venezolana fue la conformación de una élite de poder. Desde los inicios de este período (1945), se produce un acercamiento entre la Junta Revolucionaria y representantes de la burguesía económica, materializándose la alianza con la creación del Consejo Nacional de Economía (1946), que no es otra cosa que la incorporación del poder económico al proyecto político en marcha.

En diciembre de 1947 se desarrollan los primeros comicios electorales donde se elegiría de manera directa y secreta al Presidente de la República y los representantes en los cuerpos deliberantes, estando el sufragio permitido a todo venezolano mayor de 18 años, sin distinción de sexo, religión o grado de instrucción, lo que representó un gran avance para el desarrollo democrático del Estado. En este proceso resultó electo el novelista Rómulo Gallegos.

Los resultados electorales sólo produjeron cambios nominales, la Junta Revolucionaria de Gobierno dio paso al ejercicio de la Presidencia de la República y Rómulo Betancourt traspasó el mando a Rómulo Gallegos, pero en la práctica el ejercicio del poder siguió en los mismos términos, agudizándose la situación por las tensiones políticas entre el partido de gobierno y los otros partidos políticos (COPEI, URD y el PCV), así como la abierta confrontación con los militares que rechazaban la interferencia del gobierno, demandando la salida de Betancourt del país, la desactivación de las milicias armadas de AD y la reestructuración del gabinete ministerial.

La actitud férrea de Gallegos de no ceder ante la presión del grupo de militares descontentos, encabezados por Delgado Chalbaud, Ministro de la Defensa y Pérez Jiménez, Jefe del Estado Mayor Conjunto, fue decisiva para que las FF.AA. derrocaran al gobierno el 24 de noviembre de 1948.

A partir de ese momento se inicia uno de los períodos más violentos y dolorosos de la historia moderna venezolana: los errores políticos de los dirigentes permitieron que un grupo de militares organizara un proyecto, ejerciendo el poder de manera autoritaria, lo cual generaría un conflicto cuya lucha se centró en darle a Venezuela otra oportunidad para la democracia que se había perdido, gracias a la ceguera de una dirigencia política que no supo valorar la importancia de preservarla en su momento.

En vista del peligro que para el país significaba el gobierno de Gallegos, la Junta se propuso ejercer un mandato transitorio, que se concentraría en preparar una nueva consulta electoral, en la clara intención de descartar un régimen dictatorial. Sin embargo, los hechos posteriores se encargarían de demostrar que dentro de las Fuerzas Armadas se había conformado un movimiento lo suficientemente organizado como para tener un proyecto definido: conservar el poder.

Las primeras acciones de la Junta estuvieron dirigidas a desarticular todas las estructuras que AD logró habilitar en la nación, iniciando un proceso de desmovilización política de la sociedad, de manera que la Junta tuviera la facilidad de gobernar sin oposición efectiva. El partido AD fue oficialmente disuelto, así como también el Congreso Nacional, Asambleas Legislativas, Concejos Municipales y el Consejo Supremo Electoral. Es ilegalizada la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), igualmente el Partido Comunista de Venezuela (PCV).

Tan solo permanecieron en la escena política la Unión Republicana Democrática (URD) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) hasta 1952, año en que se produce el fraude electoral en la Asamblea Constituyente, pues ante la posibilidad de perder el poder, el gobierno, que acude a los comicios bajo el nombre de Frente Electoral Independiente (FEI), realiza una maniobra en el Consejo Supremo Electoral para alterar los resultados del proceso, deteniendo el conteo de votos que daba como ganador a Jóvito Villalba del partido URD, adjudicándose el triunfo.

Bajo el gobierno de la Junta Militar, a partir de 1953 oficialmente presidida por Marcos Pérez Jiménez, la dinámica oposición-represión identificaría a la escena política nacional. Los partidos COPEI y URD, quienes desconocieron los resultados de la Constituyente, asumen una postura contraria al régimen, uniéndose a los partidos abolidos: AD y PCV en la oposición.

Este fue un período histórico de gran tensión política, caracterizado por las limitadas libertades, la represión y la lucha clandestina. Precisamente este elemento representa un hecho de gran valor, pues a diferencia del error cometido a la caída de Gómez, cuando las organizaciones políticas manejan el liderazgo como un instrumento personalista-partidista, la lucha contra la dictadura los obliga a unir esfuerzos con el propósito de restablecer el régimen democrático, generándose un vínculo que, a pesar del retiro del Pacto de Puntofijo por parte de URD, se había mantenido como principio del juego político de la democracia venezolana.

La lucha clandestina fue intensa, siendo muchos los líderes gremiales y políticos caídos a manos del régimen dictatorial, las persecuciones y expulsiones eran una modalidad de castigo para los opositores. Mientras Pérez Jiménez se dedicaba a eliminar los peligros emergentes para su permanencia en el poder, en el seno de las Fuerzas Armadas se estaba hilvanando una corriente desfavorable para el gobierno, quien ya no representaba a la institución militar.

En el seno de las Fuerzas Armadas hay toda una situación interna -ascensos, privilegios, formación de camarillas, entres otras- que estaban conduciendo a la separación, en lo que constituye una parte importante de los antecedentes de la crisis que habría de vivir el gobierno de Pérez Jiménez.

En 1957, la lucha contra la dictadura materializa la unión de los partidos de la clandestinidad involucrados, bajo la figura de la Junta Patriótica, aprovechando la coyuntura que produce el problema de la sucesión del poder, hecho crítico para el dictador. Por encima de las diferencias ideológicas estaba la necesidad de derrocar el régimen, factor determinante para el consenso entre las fuerzas políticas. En junio se formaliza la creación de la Junta Patriótica, teniendo como principal objetivo impedir la reelección de Pérez Jiménez.

La situación se fue agravando, pues según la propia Constitución, era el momento de convocar a elecciones. En su lugar, Pérez Jiménez para evitar la pérdida del poder decide realizar un plebiscito que lo ratifica en el mandato.

La tensa situación política se hace insostenible para el régimen, pues no solamente la sociedad civil, sino además amplios sectores de la institución armada rechaza la dictadura, principalmente el ejército que había sido desplazado por el aparato represor: la Seguridad Nacional.

Esa actitud de Pérez Jiménez, quien no midió el descontento de los sectores más progresistas de las Fuerzas Armadas, contribuiría a que se gestara un movimiento insurreccional que inició sus desplazamientos técnicos el 1º de enero de 1958 al mando del Cnel. Hugo Trejo, manifestándose la clara división del Ejército, que había sido el apoyo fundamental del régimen. Desde ese instante se suceden una serie de sublevaciones que culminan con la caída del dictador el 23 de enero de 1858, cuando definitivamente las Fuerzas Armadas le dan la espalda al dictador.

El Pacto de Puntofijo como fundamento del Sistema Político Venezolano

Para la comprensión de la naturaleza del sistema político que se inicia a la caída de la dictadura perezjimenista es necesario interpretar que la coyuntura histórica de 1958 determinó que la consolidación del proyecto democrático, interrumpido por una década, sólo se lograría con la unión de esfuerzos y principalmente, de intereses. Lo que en el pasado hizo fracasar al régimen democrático, pareciera haber servido de lección para la dirigencia política venezolana, siendo la causa común: un gobierno democrático, produciéndose un hecho fundamental para la construcción del nuevo modelo político venezolano: el Pacto de Puntofijo.

La voluntad de las organizaciones políticas de mantener un frente unido para la formación de un nuevo modelo político se hace efectiva a través de la firma del Pacto de Puntofijo el 31 de octubre de 1958. En él queda plasmada la esencia de lo que llamamos democracia de partidos, pues allí se fijaron las reglas del sistema de poder, configurando la prerrogativa que habrían de tener en el mismo, los partidos políticos.

Los diez años de dictadura sometieron a los partidos políticos venezolanos a un aprendizaje forzado sobre la necesidad de lograr un mínimo entendimiento si se quería asegurar el mantenimiento del sistema que nuevamente estaba configurándose… (Njaim, Combellas, Josko y Stambouli en Puerta: 45)

El Pacto de Puntofijo es el acuerdo político que suscriben los principales actores sociales del momento, quienes posteriormente asumirían su condición predominante dentro del sistema. Los partidos Acción Democrática, COPEI y URD; FEDECAMARAS; Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica suscribieron el compromiso de apoyar y vigilar el desarrollo de un proyecto nacional que contemplaba el establecimiento de un sistema democrático que garantizaba el ejercicio pleno de libertades políticas y la alternabilidad en el poder. El acuerdo se fundamentó en tres aspectos: la Defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral; la formación de un Gobierno de Unidad Nacional y la suscripción de un Programa Mínimo Común: (López, Gómez y Maingón: 1989)

Conclusiones
Al margen de los aspectos orientados a la consolidación del régimen democrático propiamente, es necesario que veamos al acuerdo como el instrumento que habría de institucionalizar el modelo centrado de partidos en nuestro sistema político. A diferencia del post-gomecismo, caracterizado por la confrontación entre las fuerzas políticas, dada la coyuntura de 1958, los partidos toman conciencia de la necesidad de compartir el espacio político, el poder, creando un vínculo que los fortalecería: un pacto, pues “el poder se sostiene sobre pactos constitutivos, pero no ya entre voluntades individuales… sino entre aquellos grupos que han movilizado recursos suficientes como para ingresar en el sistema” (Portantierro: 47). De esa manera quedó definido el papel predominante que habrían de desempeñar los partidos políticos en el funcionamiento del sistema político: la representación de los intereses de la nación en manos de las estructuras partidistas.

Las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) como actores fundamentales de las últimas décadas, desempeñaron un rol trascendental en el pacto suscrito. Inicialmente las FAN se habían propuesto sustituir el gobierno personalista de Pérez Jiménez por uno verdaderamente de carácter militar-institucional. Debido a ello fue necesario que los otros sectores participantes negociaran con los militares, logrando convencerlos de la pertinencia de consolidar el régimen democrático, comprometiéndolos a actuar en defensa del mismo, generando la institucionalización democrática de las FAN, como organización apolítica y no deliberante.

Las Fuerzas Armadas con su participación en el Pacto de Puntofijo, le confirieron legitimidad a las reglas de juego del sistema político venezolano que se pretendía instalar, reconociendo a sus protagonistas en un acto legitimador, como fundadores de la democracia venezolana, en lo que habría de ser una muestra irrefutable de control político que ejerce la institución dentro del sistema.

Referencias Bibliográficas

LÓPEZ, M.; GÓMEZ, L. y MAINGON, T. (1989) De Punto Fijo al Pacto Social. Caracas: Fondo Editorial Acta Científica Venezolana.

PORTANTIERRO, J. (1981ª) Sociedad Civil, Estado Sistema Político. México: FLACSO.

PUERTA, M. (1995) El Rol de las Fuerzas Armadas en la Crisis Hegemónica Venezolana 1989-1994. Trabajo Especial de Grado (Sin Publicar) Universidad Fermín Toro

* Ponencia presentada en el VI Congreso de Investigación de la UC

LOS ACUERDOS COMO CARCTERÍSTICA DEL SISTEMA POLÍTICO VENEZOLANO: EL PACTO DE PUNTOFIJO*

 

En un intento por comprender la naturaleza del sistema político que se inicia a la caída de la dictadura perezjimenista, se hace imprescindible interpretar que la coyuntura histórica de 1958 determinó que la consolidación del proyecto democrático, sólo se lograría con la unión de los actores fundamentales y sus intereses. Las experiencias pasadas de sectarismo y exclusión servirían de lección a la dirigencia política venezolana, en la intención de lograr la consolidación de un gobierno democrático, siendo el Pacto de Puntofijo, el instrumento que permitiría ese propósito.

PALABRAS CLAVES: Democracia, Sistema Político, Pacto, Partidos Políticos

Introducción

La historia es muchas veces la mejor referencia para comprender los sucesos del presente, y de manera significativa cuando se consideran agotados los procesos políticos y se confrontan con nuevas perspectivas.

El plantearse una nueva concepción del Estado y su proceso político, requiere necesariamente la reconsideración de lo que condujo al modelo en crisis, en este sentido, resulta evidentemente útil la reflexión sobre las bases constitutivas del sistema político que permitió en el caso venezolano, la consolidación de la democracia como forma de vida.

En esta reflexión, se propone repasar las condiciones en las que se produjo la suscripción del Pacto de Puntofijo, como una variable fundamental del modelo político venezolano, que habría de influenciar su desarrollo futuro.

Antecedentes del Sistema Político Venezolano

La lección que la historia dio a los líderes políticos del post-gomecismo, materializada en la cruenta dictadura de Pérez Jiménez, planteó con claridad el terreno en el que habría de construirse el tan anhelado proyecto político democrático en Venezuela.

La necesidad de un sistema político que garantizara la libertad como elemento constitutivo, determinó que nuestro proyecto político tuviera su fundamento en un acuerdo o pacto, de manera que se imposibilitara cualquier intento de personalismo militar.

Luego de la caída de Gómez, se inicia una etapa de transición cuyo objetivo fue el establecimiento de un sistema de gobierno democrático. Al General Eleazar López Contreras le tocó quizás la más delicada responsabilidad, pues siendo figura del antiguo régimen, su misión fue la de sentar las bases que permitirían el posterior ejercicio democrático, teniendo que enfrentar la lógica inestabilidad manifiesta en un país atrasado, víctima de casi tres décadas de tiranía. López Contreras tuvo que enfrentar tanto a las fuerzas gomecistas ansiosas por recuperar el poder, como a los grupos opositores representantes de nuevos movimientos políticos. Fue una etapa donde las distintas tendencias ideológicas buscaron acomodo en el naciente sistema político.

El ascenso en 1941 a la Presidencia de la República del General Isaías Medina Angarita, en plena II Guerra Mundial, influenció el desarrollo de ciertas políticas en materia económica, dado el carácter estratégico del petróleo en el conflicto mundial. Durante este gobierno, no se vivió la tensión política del período de López Contreras, tanto que se produjo la legalización de los partidos políticos Acción Democrática (AD) y Partido Comunista de Venezuela (PCV). Fue precisamente a partir de este momento que AD inició su proceso de penetración en las estructuras del Estado, en palabras de su máximo líder de la resistencia, Rómulo Betancourt: “La dirección de AD se trazó la consigna de: ni un solo distrito, ni un solo municipio, sin su organismo de partido”. Se trataba de una tarea difícil y ambiciosa, “…pues implicaba vertebrar una red organizativa a lo largo y ancho de un país…” (citado en Puerta:163)

Entonces, es Medina Angarita quien permite la organización de agrupaciones políticas y obreras, produciéndose un clima de amplitud y apertura para la consolidación del régimen democrático. Sin embargo esa situación fue propicia para que se gestara el germen de su propia destrucción –la libertad de movilización de fuerzas- lo que le permitió a Acción Democrática principalmente la creación de un espacio político. En medio de la coyuntura electoral de 1945, la posición de AD fue decisiva para generar un ambiente de inestabilidad, desembocando en el golpe del 18 de octubre de ese año, encabezado por jóvenes militares con el apoyo de Acción Democrática, en un claro desafío a la candidatura del Dr. Angel Biaggini, propuesta por Medina Angarita.

En todo momento Acción Democrática mantuvo su justificación alrededor de la necesidad de buscar formas verdaderamente democráticas, que a su juicio no ofrecía un gobierno continuista de Medina Angarita. Lo que no deja de ser una ironía, pues se trató de una alianza con sectores de las Fuerzas Armadas no muy proclives a la democracia precisamente, pero que sin duda desde entonces, encarnan en nuestro inconsciente colectivo una suerte de salvador de la patria.

Las Fuerzas Armadas (FF.AA), luego de la muerte de Gómez, experimentan un proceso de modernización basado en la profesionalización de sus componentes, a diferencia de la mayoría de la oficialidad de alto rango que no tenía formación técnica. Esta circunstancia determinó que dentro del componente armado se desarrollaran dos corrientes bien definidas: el sector tradicional gomecista y el sector de jóvenes militares profesionales de carrera. El enfrentamiento fue inevitable en virtud de la posición de la alta oficialidad de defender sus privilegios y por su parte los jóvenes militares anhelaban mejores oportunidades y mayor atención, resultando dicha situación en la conformación de un movimiento: la Unión Militar Patriótica (UMP). El descontento y la necesidad de cambiar el estado crítico (económico y laboral) de la oficialidad intermedia, fueron factores decisivos para lograr un acercamiento -basado en los intereses comunes- de la UMP con AD. Para ambos sectores fue conveniente la alianza, pues los militares se verían libres de ser catalogados como enemigos de la democracia y AD tendría su camino despejado hacia el poder.

La Junta Revolucionaria de Gobierno, constituida por Rómulo Betancourt, en la Presidencia, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios, Luís Beltrán Prieto, en representación de AD; Edmundo Fernández, independiente; Carlos Delgado Chalbaud y Mario Vargas, miembros de las Fuerzas Armadas, se propuso evitar que las fuerzas gomecistas y sus continuadores -López y Medina- conservaran el poder pues para ellos representaban la antítesis del modelo democrático que se aspiraba consolidar, según AD, pero para la oficialidad vinculada a la UMP era la lucha por el control interno del mando institucional militar, asuntos relacionados con la jerarquía propiamente.

Las condiciones en las cuales se desarrolló la acción gubernamental de la Junta Revolucionaria, y las decisiones tomadas para contribuir a la modernización del Estado, son particularmente útiles al momento de interpretar la correlación de fuerzas que caracterizaron a nuestro país en ese período, pues además de ser una referencia histórica, nos permite identificar la naturaleza del modelo político venezolano que se consolidaría.

La Junta Revolucionaria de Gobierno fue muy activa en el sentido de la de reestructuración del aparato burocrático y productivo, pues fue bastante acelerada la elaboración de decretos en materia política y económica, además de otros ámbitos de interés nacional donde el gobierno tuvo participación directa: educación, gremios, entre otros. El mayor peso dentro de la Junta lo tuvo AD, pues “… los militares se ocuparon sólo de aquellos asuntos relativos a la defensa, seguridad interna y objetivos políticos globales, <> (Stambouli, en Puerta: 37)

Sin embargo, esa circunstancia habría de convertirse con el tiempo, en perjuicio para el propio partido Acción Democrática: mientras este se dedicaba a penetrar todos los niveles del aparato burocrático, en un comportamiento claramente sectario al estar ausentes otras organizaciones políticas, las FF.AA. se fueron movilizando en torno a la conformación de un proyecto nacional.

Un rasgo verdaderamente explicativo de la naturaleza de la democracia venezolana fue la conformación de una élite de poder. Desde los inicios de este período (1945), se produce un acercamiento entre la Junta Revolucionaria y representantes de la burguesía económica, materializándose la alianza con la creación del Consejo Nacional de Economía (1946), que no es otra cosa que la incorporación del poder económico al proyecto político en marcha.

En diciembre de 1947 se desarrollan los primeros comicios electorales donde se elegiría de manera directa y secreta al Presidente de la República y los representantes en los cuerpos deliberantes, estando el sufragio permitido a todo venezolano mayor de 18 años, sin distinción de sexo, religión o grado de instrucción, lo que representó un gran avance para el desarrollo democrático del Estado. En este proceso resultó electo el novelista Rómulo Gallegos.

Los resultados electorales sólo produjeron cambios nominales, la Junta Revolucionaria de Gobierno dio paso al ejercicio de la Presidencia de la República y Rómulo Betancourt traspasó el mando a Rómulo Gallegos, pero en la práctica el ejercicio del poder siguió en los mismos términos, agudizándose la situación por las tensiones políticas entre el partido de gobierno y los otros partidos políticos (COPEI, URD y el PCV), así como la abierta confrontación con los militares que rechazaban la interferencia del gobierno, demandando la salida de Betancourt del país, la desactivación de las milicias armadas de AD y la reestructuración del gabinete ministerial.

La actitud férrea de Gallegos de no ceder ante la presión del grupo de militares descontentos, encabezados por Delgado Chalbaud, Ministro de la Defensa y Pérez Jiménez, Jefe del Estado Mayor Conjunto, fue decisiva para que las FF.AA. derrocaran al gobierno el 24 de noviembre de 1948.

A partir de ese momento se inicia uno de los períodos más violentos y dolorosos de la historia moderna venezolana: los errores políticos de los dirigentes permitieron que un grupo de militares organizara un proyecto, ejerciendo el poder de manera autoritaria, lo cual generaría un conflicto cuya lucha se centró en darle a Venezuela otra oportunidad para la democracia que se había perdido, gracias a la ceguera de una dirigencia política que no supo valorar la importancia de preservarla en su momento.

En vista del peligro que para el país significaba el gobierno de Gallegos, la Junta se propuso ejercer un mandato transitorio, que se concentraría en preparar una nueva consulta electoral, en la clara intención de descartar un régimen dictatorial. Sin embargo los hechos posteriores se encargarían de demostrar que dentro de las Fuerzas Armadas se había conformado un movimiento lo suficientemente organizado, como para tener un proyecto definido: conservar el poder.

Las primeras acciones de la Junta estuvieron dirigidas a desarticular todas las estructuras que AD logró habilitar en la nación, iniciando un proceso de desmovilización política de la sociedad, de manera que la Junta tuviera la facilidad de gobernar sin oposición efectiva. El partido AD fue oficialmente disuelto, así como también el Congreso Nacional, Asambleas Legislativas, Concejos Municipales y el Consejo Supremo Electoral. Es ilegalizada la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), igualmente el Partido Comunista de Venezuela (PCV).

Tan solo permanecieron en la escena política la Unión Republicana Democrática (URD) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) hasta 1952, año en que se produce el fraude electoral en la Asamblea Constituyente, pues ante la posibilidad de perder el poder, el gobierno, que acude a los comicios bajo el nombre de Frente Electoral Independiente (FEI), realiza una maniobra en el Consejo Supremo Electoral para alterar los resultados del proceso, deteniendo el conteo de votos que daba como ganador a Jóvito Villalba del partido URD, adjudicándose el triunfo.

Bajo el gobierno de la Junta Militar, a partir de 1953 oficialmente presidida por Marcos Pérez Jiménez, la dinámica oposición-represión identificaría a la escena política nacional. Los partidos COPEI y URD, quienes desconocieron los resultados de la Constituyente, asumen una postura contraria al régimen, uniéndose a los partidos abolidos: AD y PCV en la oposición.

Este fue un período histórico de gran tensión política, caracterizado por las limitadas libertades, la represión y la lucha clandestina. Precisamente este elemento representa un hecho de gran valor, pues a diferencia del error cometido a la caída de Gómez, cuando las organizaciones políticas manejan el liderazgo como un instrumento personalista-partidista, la lucha contra la dictadura los obliga a unir esfuerzos con el propósito de restablecer el régimen democrático, generándose un vínculo que, a pesar del retiro del Pacto de Puntofijo por parte de URD, se había mantenido como principio del juego político de la democracia venezolana.

La lucha clandestina fue intensa, siendo muchos los líderes gremiales y políticos caídos a manos del régimen dictatorial, las persecuciones y expulsiones eran una modalidad de castigo para los opositores. Mientras Pérez Jiménez se dedicaba a eliminar los peligros emergentes para su permanencia en el poder, en el seno de las Fuerzas Armadas se estaba hilvanando una corriente desfavorable para el gobierno, quien ya no representaba a la institución militar.

En el seno de las Fuerzas Armadas hay toda una situación interna -ascensos, privilegios, formación de camarillas, entres otras- que estaban conduciendo a la separación, en lo que constituye una parte importante de los antecedentes de la crisis que habría de vivir el gobierno de Pérez Jiménez.

En 1957, la lucha contra la dictadura materializa la unión de los partidos de la clandestinidad involucrados, bajo la figura de la Junta Patriótica, aprovechando la coyuntura que produce el problema de la sucesión del poder, hecho crítico para el dictador. Por encima de las diferencias ideológicas estaba la necesidad de derrocar el régimen, factor determinante para el consenso entre las fuerzas políticas. En junio se formaliza la creación de la Junta Patriótica, teniendo como principal objetivo impedir la reelección de Pérez Jiménez.

La situación se fue agravando, pues según la propia Constitución, era el momento de convocar a elecciones. En su lugar, Pérez Jiménez para evitar la pérdida del poder decide realizar un plebiscito que lo ratifica en el mandato.

La tensa situación política se hace insostenible para el régimen, pues no solamente la sociedad civil, sino además amplios sectores de la institución armada rechaza la dictadura, principalmente el ejército que había sido desplazado por el aparato represor: la Seguridad Nacional.

Esa actitud de Pérez Jiménez, quien no midió el descontento de los sectores más progresistas de las Fuerzas Armadas, contribuiría a que se gestara un movimiento insurreccional que inició sus desplazamientos técnicos el 1º de enero de 1958 al mando del Cnel. Hugo Trejo, manifestándose la clara división del Ejército, que había sido el apoyo fundamental del régimen. Desde ese instante se suceden una serie de sublevaciones que culminan con la caída del dictador el 23 de enero de 1858, cuando definitivamente las Fuerzas Armadas le dan la espalda al dictador.

El Pacto de Puntofijo como fundamento del Sistema Político Venezolano

Para la comprensión de la naturaleza del sistema político que se inicia a la caída de la dictadura perezjimenista es necesario interpretar que la coyuntura histórica de 1958 determinó que la consolidación del proyecto democrático, interrumpido por una década, sólo se lograría con la unión de esfuerzos y principalmente, de intereses. Lo que en el pasado hizo fracasar al régimen democrático, pareciera haber servido de lección para la dirigencia política venezolana, siendo la causa común: un gobierno democrático, produciéndose un hecho fundamental para la construcción del nuevo modelo político venezolano: el Pacto de Puntofijo.

La voluntad de las organizaciones políticas de mantener un frente unido para la formación de un nuevo modelo político se hace efectiva a través de la firma del Pacto de Puntofijo el 31 de octubre de 1958. En él queda plasmada la esencia de lo que llamamos democracia de partidos, pues allí se fijaron las reglas del sistema de poder, configurando la prerrogativa que habrían de tener en el mismo, los partidos políticos.

Los diez años de dictadura sometieron a los partidos políticos venezolanos a un aprendizaje forzado sobre la necesidad de lograr un mínimo entendimiento si se quería asegurar el mantenimiento del sistema que nuevamente estaba configurándose… (Njaim, Combellas, Josko y Stambouli en Puerta: 45)

El Pacto de Puntofijo es el acuerdo político que suscriben los principales actores sociales del momento, quienes posteriormente asumirían su condición predominante dentro del sistema. Los partidos Acción Democrática, COPEI y URD; FEDECAMARAS; Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica suscribieron el compromiso de apoyar y vigilar el desarrollo de un proyecto nacional que contemplaba el establecimiento de un sistema democrático que garantizaba el ejercicio pleno de libertades políticas y la alternabilidad en el poder. El acuerdo se fundamentó en tres aspectos: la Defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral; la formación de un Gobierno de Unidad Nacional y la suscripción de un Programa Mínimo Común: (López, Gómez y Maingón: 1989)

Conclusiones
Al margen de los aspectos orientados a la consolidación del régimen democrático propiamente, es necesario que veamos al acuerdo como el instrumento que habría de institucionalizar el modelo centrado de partidos en nuestro sistema político. A diferencia del post-gomecismo, caracterizado por la confrontación entre las fuerzas políticas, dada la coyuntura de 1958, los partidos toman conciencia de la necesidad de compartir el espacio político, el poder, creando un vínculo que los fortalecería: un pacto, pues “el poder se sostiene sobre pactos constitutivos, pero no ya entre voluntades individuales… sino entre aquellos grupos que han movilizado recursos suficientes como para ingresar en el sistema” (Portantierro: 47). De esa manera quedó definido el papel predominante que habrían de desempeñar los partidos políticos en el funcionamiento del sistema político: la representación de los intereses de la nación en manos de las estructuras partidistas.

Las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) como actores fundamentales de las últimas décadas, desempeñaron un rol trascendental en el pacto suscrito. Inicialmente las FAN se habían propuesto sustituir el gobierno personalista de Pérez Jiménez por uno verdaderamente de carácter militar-institucional. Debido a ello fue necesario que los otros sectores participantes negociaran con los militares, logrando convencerlos de la pertinencia de consolidar el régimen democrático, comprometiéndolos a actuar en defensa del mismo, generando la institucionalización democrática de las FAN, como organización apolítica y no deliberante.

Las Fuerzas Armadas con su participación en el Pacto de Puntofijo, le confirieron legitimidad a las reglas de juego del sistema político venezolano que se pretendía instalar, reconociendo a sus protagonistas en un acto legitimador, como fundadores de la democracia venezolana, en lo que habría de ser una muestra irrefutable de control político que ejerce la institución dentro del sistema.

Referencias Bibliográficas

LÓPEZ, M.; GÓMEZ, L. y MAINGON, T. (1989) De Punto Fijo al Pacto Social. Caracas: Fondo Editorial Acta Científica Venezolana.

PORTANTIERRO, J. (1981ª) Sociedad Civil, Estado Sistema Político. México: FLACSO.

PUERTA, M. (1995) El Rol de las Fuerzas Armadas en la Crisis Hegemónica Venezolana 1989-1994. Trabajo Especial de Grado (Sin Publicar) Universidad Fermín Toro

* Ponencia presentada en el VI Congreso de Investigación de la UC