Una mirada a la ciencia política actual*

 

RESUMEN

La democracia y su crisis contemporánea, sigue generando intensos debates en las ciencias sociales y más concretamente, en el seno de la Ciencia Política, lo que pudiera interpretarse como un reflejo de su cuestionamiento como disciplina científica.

El presente ensayo, intenta abordar el problema de la búsqueda de respuestas en la Ciencia Política, en los albores de una nueva realidad epistemológica en la que se intenta romper con un modelo de pensamiento agotado.

PALABRAS CLAVE: Ciencia Política, Democracia, crisis epistemológica, crisis paradigmática

En un intento por estudiar los problemas epistemológicos de las Ciencias Sociales, nos encontramos intentando dar con una explicación que nos permita describir hacia dónde se dirige la Ciencia Política en la actualidad.

En tiempos recientes, se ha discutido con mayor intensidad el agotamiento que vive la Ciencia Política, lo que para voces calificadas como la de Giovanni Sartori, es el reflejo de una profunda crisis.

Partiendo de la idea que la Ciencia Política es una disciplina relativamente nueva, si la comparamos con otras mucho más consolidadas, podríamos argumentar su inmadurez para justificar la crisis que vive, sin embargo esa sería a todas luces una explicación simplista, pero que no necesariamente deberíamos descartar.

Por otra parte, la Ciencia Política comprende un vasto campo donde confluyen numerosas disciplinas pertenecientes a las Ciencias Sociales, por lo que su crisis debemos verla sin aislarla del contexto en el cual se inserta, como la ciencia encrucijada que es.

En este sentido, no podemos perder de vista la naturaleza de la relación de la Ciencia Política con la Filosofía, la Sociología, la Antropología, la Historia y la Sicología, pues ellas alimentan a la Ciencia Política a través de sus disciplinas auxiliares como lo son la Filosofía Política, la Sociología Política, la Antropología Política y la Sicología Política.

Esa confluencia de conocimientos, en la que se mezclan objetos de estudio y métodos, necesariamente ejerce una enorme influencia en la conformación de la Ciencia Política y de sus definiciones necesarias.

La Ciencia Política, al separarse de la Filosofía, procuró hacer del estudio del poder, la autoridad y las instituciones políticas, su objeto de estudio, utilizando para ello los métodos que aportan las Ciencias Sociales.

La necesidad de consolidarse como una auténtica disciplina científica, la llevó a distanciarse de la influencia del idealismo filosófico para acercarse a una postura más pragmática, fundamentada en la búsqueda de una explicación a los fenómenos políticos a través de modelos cuantitativos.

En ese tránsito de la Ciencia Política, de una ciencia rica en principios filosóficos, a una disciplina caracterizada por esquemas rígidos de interpretación de los procesos sociopolíticos, se fueron quedando las expectativas de un conocimiento que pudiera no sólo explicar los fenómenos, sino anticiparlos y resolverlos.

Entonces, para terminar de hacer más crítico el panorama, pasamos a una etapa en la historia del pensamiento en la que comenzamos a tropezarnos con ideas tales como: el fin de las certidumbres; la pertinencia de las dimensiones general y particular simultáneamente; la diversidad de macroestructuras y realidades sociales; la transdisciplinariedad… y nos preguntamos, la Ciencia Política ¿cómo queda en ese contexto?

Resulta difícil, pues representa un cambio de paradigma que trasciende el simple hecho de adoptar una nueva corriente interpretativa, se trata de transformar la forma de aproximarse al objeto de estudio y de aplicar el método. Es comenzar a ver el fenómeno político con otros lentes y eso resulta de una enorme complejidad cuando ni siquiera se ha dominado la formulación del conocimiento político, con las herramientas tradicionales.

Sin ánimo de justificar, debemos ver la crisis de la Ciencia Política insertada dentro de una crisis de mayor dimensión, la de la Modernidad, por lo que debemos verla como parte de la caducidad de un modelo de vida que se agota por las nuevas valoraciones de una sociedad en la que sus premisas fundamentales ahora giran en torno al conocimiento, la información y la cultura posmoderna.

El paradigma clásico condujo a la Ciencia Política a observar y clasificar los fenómenos políticos de manera fragmentada y parcializada, en el que de manera consistente se planteaba la ocurrencia de los fenómenos políticos en términos de antagonismos y luchas.

Además, las interpretaciones invariablemente oscilaban, a manera de péndulo, entre las salidas conservadoras o revolucionarias, según quiénes fueran las fuerzas políticas dominantes en el momento.

Esa condición cíclica y repetitiva de la historia política ha estado presente en buena parte de las sociedades modernas, sin embargo, como quiera que se trata del fin de una época, las reacciones que tradicionalmente caracterizaron dicho ciclo se han visto sustituidas por otros comportamientos, es decir, que el péndulo ya no oscila en los mismos tiempos.

¿Qué pasó con la irreverente afirmación que señalaba que el punto final de la evolución ideológica de la humanidad, es la universalización de la Democracia Liberal occidental como la forma última de gobierno humano?

No deja de ser paradójico que un significativo número de países latinoamericanos y europeos tienen gobiernos abiertamente identificados con el modelo socialista, que sin embargo, no renuncian a su naturaleza democrática.

Lo que esto significa es que las realidades políticas ya no obedecen a rígidos patrones formulados bien sea a partir de concepciones estrictamente filosóficas, ni se trata de la lectura rígida desde valoraciones cuantitativas.

En la Ciencia Política, el debate de los últimos tiempos ha girado alrededor de la Democracia, como muestra del agotamiento del que hemos venido haciendo referencia.

Como teoría política, la democracia ha generado intensas y numerosas discusiones acerca de la naturaleza de su modelo. A lo largo de la historia de la humanidad, encontramos a destacados autores que han dedicado sus esfuerzos a profundizar sobre la democracia como modelo político.

Desde la antigüedad hasta nuestros días, la democracia ha sufrido cambios y transformaciones tanto en su interpretación como en su ejercicio, estimulando amplias discusiones en torno al tipo de democracia más idóneo.

La Democracia no fue siempre el gobierno ideal que deriva de su traducción del griego “gobierno del pueblo”. En la antigüedad, tanto Platón como Aristóteles eran contrarios a esta forma de gobierno, por considerarla (Aristóteles) una forma impura de la República.

Con la consolidación del Liberalismo Político, la Democracia enfrentó marcadas diferencias, en virtud de los contrastes entre la filosofía individualista y la voluntad mayoritaria. A pesar de ello, la Democracia Liberal habría de convertirse en una aspiración formal de las sociedades desarrolladas, en una suerte de imbricación de ambas perspectivas filosóficas.

Sin embargo, ¿no parece una discusión estéril dilucidar si es liberal o conservadora; representativa o participativa cuando ni siquiera tenemos claro qué es Democracia?

Definir la Democracia, no solamente ha sido difícil, sino que aún no podemos hablar de una versión que satisfaga a todos, pues además de los matices que esta presenta, los calificativos que se le adjudican, según la variable económica a la que se le asocia, genera aún mayor dispersión para lograr un consenso.

Lo de gobierno del pueblo luce demasiado simplista, pues ya para comienzos del siglo XIX la Democracia trascendía el esquema de las formas de gobierno para plantear una forma de vida: porque de eso se trata la Democracia, de una forma de vida, aunque algunos se hayan empeñado en demostrar lo contrario, reduciéndolo a un mero debate de partidos.

La Democracia es el modelo político que caracteriza a las sociedades capitalistas modernas y sin embargo encontramos que algunos regímenes democráticos atraviesan momentos de serios desequilibrios, lo que para la Ciencia Política ha sido difícil de explicar.

Al igual que resulta contradictorio cómo algunas sociedades, en el más profundo atraso, han sido incapaces de crear condiciones para que la Democracia sea su régimen de vida.

Las crisis contemporáneas de la democracia han conducido a justificar la adopción de posiciones radicales bajo el argumento de la pureza del modelo. En este sentido, se ha generado en algunos espacios de discusión de la Ciencia Política, un debate en relación a los modelos que mejor expresan la esencia democrática.

Como modelo político, la Democracia, ha estado sometida a profundos cuestionamientos, exacerbados en tiempos recientes debido a los problemas de gobernabilidad que experimentan algunos países, especialmente en América Latina, donde se ha cuestionado a la democracia representativa, surgiendo la participativa como alternativa.

Ante este panorama, ¿qué ha aportado la Ciencia Política a este debate? En el caso de América Latina, si observamos la discusión, las corrientes de interpretación siguen manejando el esquema del desarrollismo versus la ruptura.

En este orden de ideas, el debate refleja la realidad de unos países que oscilan entre períodos donde prevalecen las recetas de los organismos multilaterales para que luego, se manifiesten las opciones de ruptura con dicho modelo. Lo que no se ha podido explicar es por qué se dan cambios que no necesariamente representan una transformación o ruptura sino la vuelta a esquemas que habían sido superados.

Y es entonces, cuando tenemos que reconocer que, la Ciencia Política ha sido eficiente en describir la realidad, explicarla a la luz de variadas interpretaciones teóricas, pero… no hemos llegado a convencernos que con la sola descripción y explicación es suficiente para resolver la cuestión política ni para definir la democracia que necesitamos, no es de semántica precisamente el problema, es de perspectiva.

Debemos mirar el problema de lo político con menos restricciones teóricas, menos limitaciones técnicas y con una mayor amplitud interpretativa, que pueda trascender este modelo paradigmático que está agotado y que no ofrece grandes retos al hombre.

Lo crucial en todo caso, está en dejar de ver la democracia como un mero instrumento, en el que se encuentre ausente un compromiso valorativo determinado, pues si no la entendemos como una forma de vida, más que como modelo político, no será suficiente su imposición, y siempre habrá algún resquicio por donde se colarán no solamente las tendencias elitescas, sino mucho más grave aún, las vocaciones autoritarias para mantener el sistema de privilegios. (Guevara, 1997: 52)

La democracia es sin duda para la Ciencia Política, uno de sus más importantes objetos de estudio. Desde la antigüedad hasta nuestros días, los grandes pensadores de la humanidad, filósofos e historiadores, han intentado explicar lo que debemos entender por democracia y cual es el modelo ideal, por lo que no se trata de una discusión cerrada, en virtud de las controversias que genera la búsqueda de ese ideal, manteniendo el debate vivo y por ende, a la Ciencia Política.

Referencias Bibliográficas

Aguila, Rafael del. (1998) Los precursores de la idea de democracia: La democracia ateniense. En: Rafael del Águila y Fernando Vallespín. (Comp.) La democracia en sus textos. (1ª ed.) (pp. 15-31) España: Alianza Editorial.

Araya, Domingo. (2004) Pensamiento Político. Aplicaciones didácticas. (1ª ed.) Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio

Arias, Fidias. (2004) El Proyecto de Investigación. 4ª ed. Caracas: Editorial Episteme.

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Bobbio, Norberto., Matteucci, Nicolas. y Pasquino, Gianfranco. (2002) Diccionario de Política. 13ª ed. México: Siglo XXI Editores S.A. de C.V.

Dahl, Robert. (1998) La democracia. Una guía para los ciudadanos. 1ª ed. España: Taurus

Dahrendorf, Ralph. (2002) Después de la democracia: Entrevistado por Antonio Polito. Barcelona: Editorial Crítica

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Guevara, Pedro. (1997) Estado vs. Democracia. 1ª ed. Caracas: Ediciones de la UCV.

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Vallespín, Fernando. (1998) El discurso de la democracia radical. En: Rafael del Águila y Fernando Vallespín. (Comp.) La democracia en sus textos. (1ª ed.) (pp. 157-173) España: Alianza Editorial.

*Publicado en Una Agenda en transición: Reflexiones desde las Ciencias Sociales. (2008)

LOS ACUERDOS COMO CARACTERÍSTICA DEL SISTEMA POLÍTICO VENEZOLANO: EL PACTO DE PUNTOFIJO*

En un intento por comprender la naturaleza del sistema político que se inicia a la caída de la dictadura perezjimenista, se hace imprescindible interpretar que la coyuntura histórica de 1958 determinó que la consolidación del proyecto democrático sólo se lograría con la unión de los actores fundamentales y sus intereses. Las experiencias pasadas de sectarismo y exclusión servirían de lección a la dirigencia política venezolana, en la intención de lograr la consolidación de un gobierno democrático, siendo el Pacto de Puntofijo el instrumento que permitiría ese propósito.

PALABRAS CLAVES: Democracia, Sistema Político, Pacto, Partidos Políticos

Introducción

La historia es muchas veces la mejor referencia para comprender los sucesos del presente, y de manera significativa cuando se consideran agotados los procesos políticos y se confrontan con nuevas perspectivas.

El plantearse una nueva concepción del Estado y su proceso político, requiere necesariamente la reconsideración de lo que condujo al modelo en crisis, en este sentido, resulta evidentemente útil la reflexión sobre las bases constitutivas del sistema político que permitió en el caso venezolano, la consolidación de la democracia como forma de vida.

Esta reflexión se propone repasar las condiciones en las que se produjo la suscripción del Pacto de Puntofijo, como una variable fundamental del modelo político venezolano que habría de influenciar su desarrollo futuro.

Antecedentes del Sistema Político Venezolano

La lección que la historia dio a los líderes políticos del post-gomecismo, materializada en la cruenta dictadura de Pérez Jiménez, planteó con claridad el terreno en el que habría de construirse el tan anhelado proyecto político democrático en Venezuela.

La necesidad de un sistema político que garantizara la libertad como elemento constitutivo, determinó que nuestro proyecto político tuviera su fundamento en un acuerdo o pacto, de manera que se imposibilitara cualquier intento de personalismo militar.

Luego de la caída de Gómez, se inicia una etapa de transición cuyo objetivo fue el establecimiento de un sistema de gobierno democrático. Al General Eleazar López Contreras le tocó quizás la más delicada responsabilidad, pues siendo figura del antiguo régimen, su misión fue la de sentar las bases que permitirían el posterior ejercicio democrático, teniendo que enfrentar la lógica inestabilidad manifiesta en un país atrasado, víctima de casi tres décadas de tiranía. López Contreras tuvo que enfrentar tanto a las fuerzas gomecistas ansiosas por recuperar el poder, como a los grupos opositores representantes de nuevos movimientos políticos. Fue una etapa donde las distintas tendencias ideológicas buscaron acomodo en el naciente sistema político.

El ascenso en 1941 a la Presidencia de la República del General Isaías Medina Angarita, en plena II Guerra Mundial, influenció el desarrollo de ciertas políticas en materia económica, dado el carácter estratégico del petróleo en el conflicto mundial. Durante este gobierno, no se vivió la tensión política del período de López Contreras, tanto que se produjo la legalización de los partidos políticos Acción Democrática (AD) y Partido Comunista de Venezuela (PCV). Fue precisamente a partir de este momento que AD inició su proceso de penetración en las estructuras del Estado, en palabras de su máximo líder de la resistencia, Rómulo Betancourt: “La dirección de AD se trazó la consigna de: ni un solo distrito, ni un solo municipio, sin su organismo de partido”. Se trataba de una tarea difícil y ambiciosa, “…pues implicaba vertebrar una red organizativa a lo largo y ancho de un país…” (citado en Puerta:163)

Entonces, es Medina Angarita quien permite la organización de agrupaciones políticas y obreras, produciéndose un clima de amplitud y apertura para la consolidación del régimen democrático. Sin embargo esa situación fue propicia para que se gestara el germen de su propia destrucción –la libertad de movilización de fuerzas- lo que le permitió a Acción Democrática, principalmente, la creación de un espacio político. En medio de la coyuntura electoral de 1945, la posición de AD fue decisiva para generar un ambiente de inestabilidad, desembocando en el golpe del 18 de octubre de ese año, encabezado por jóvenes militares con el apoyo de Acción Democrática, en un claro desafío a la candidatura del Dr. Angel Biaggini, propuesta por Medina Angarita.

En todo momento Acción Democrática mantuvo su justificación alrededor de la necesidad de buscar formas verdaderamente democráticas, que a su juicio no ofrecía un gobierno continuista de Medina Angarita. Lo que no deja de ser una ironía, pues se trató de una alianza con sectores de las Fuerzas Armadas no muy proclives a la democracia precisamente, pero que sin duda desde entonces, encarnan en nuestro inconsciente colectivo una suerte de salvador de la patria.

Las Fuerzas Armadas (FF.AA), luego de la muerte de Gómez, experimentan un proceso de modernización basado en la profesionalización de sus componentes, a diferencia de la mayoría de la oficialidad de alto rango que no tenía formación técnica. Esta circunstancia determinó que dentro del componente armado se desarrollaran dos corrientes bien definidas: el sector tradicional gomecista y el sector de jóvenes militares profesionales de carrera. El enfrentamiento fue inevitable en virtud de la posición de la alta oficialidad de defender sus privilegios y por su parte los jóvenes militares anhelaban mejores oportunidades y mayor atención, resultando dicha situación en la conformación de un movimiento: la Unión Militar Patriótica (UMP). El descontento y la necesidad de cambiar el estado crítico (económico y laboral) de la oficialidad intermedia, fueron factores decisivos para lograr un acercamiento -basado en los intereses comunes- de la UMP con AD. Para ambos sectores fue conveniente la alianza, pues los militares se verían libres de ser catalogados como enemigos de la democracia y AD tendría su camino despejado hacia el poder.

La Junta Revolucionaria de Gobierno, constituida por Rómulo Betancourt, en la Presidencia, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios, Luís Beltrán Prieto, en representación de AD; Edmundo Fernández, independiente; Carlos Delgado Chalbaud y Mario Vargas, miembros de las Fuerzas Armadas, se propuso evitar que las fuerzas gomecistas y sus continuadores -López y Medina- conservaran el poder pues para ellos representaban la antítesis del modelo democrático que se aspiraba consolidar, según AD, pero para la oficialidad vinculada a la UMP era la lucha por el control interno del mando institucional militar, asuntos relacionados con la jerarquía propiamente.

Las condiciones en las cuales se desarrolló la acción gubernamental de la Junta Revolucionaria, y las decisiones tomadas para contribuir a la modernización del Estado, son particularmente útiles al momento de interpretar la correlación de fuerzas que caracterizaron a nuestro país en ese período, pues además de ser una referencia histórica, nos permite identificar la naturaleza del modelo político venezolano que se consolidaría.

La Junta Revolucionaria de Gobierno fue muy activa en el sentido de la de reestructuración del aparato burocrático y productivo, pues fue bastante acelerada la elaboración de decretos en materia política y económica, además de otros ámbitos de interés nacional donde el gobierno tuvo participación directa: educación, gremios, entre otros. El mayor peso dentro de la Junta lo tuvo AD, pues “… los militares se ocuparon sólo de aquellos asuntos relativos a la defensa, seguridad interna y objetivos políticos globales” (Stambouli, en Puerta: 37).

Sin embargo, esa circunstancia habría de convertirse con el tiempo en perjuicio para el propio partido Acción Democrática: mientras este se dedicaba a penetrar todos los niveles del aparato burocrático, en un comportamiento claramente sectario al estar ausentes otras organizaciones políticas, las FF.AA. se fueron movilizando en torno a la conformación de un proyecto nacional.

Un rasgo verdaderamente explicativo de la naturaleza de la democracia venezolana fue la conformación de una élite de poder. Desde los inicios de este período (1945), se produce un acercamiento entre la Junta Revolucionaria y representantes de la burguesía económica, materializándose la alianza con la creación del Consejo Nacional de Economía (1946), que no es otra cosa que la incorporación del poder económico al proyecto político en marcha.

En diciembre de 1947 se desarrollan los primeros comicios electorales donde se elegiría de manera directa y secreta al Presidente de la República y los representantes en los cuerpos deliberantes, estando el sufragio permitido a todo venezolano mayor de 18 años, sin distinción de sexo, religión o grado de instrucción, lo que representó un gran avance para el desarrollo democrático del Estado. En este proceso resultó electo el novelista Rómulo Gallegos.

Los resultados electorales sólo produjeron cambios nominales, la Junta Revolucionaria de Gobierno dio paso al ejercicio de la Presidencia de la República y Rómulo Betancourt traspasó el mando a Rómulo Gallegos, pero en la práctica el ejercicio del poder siguió en los mismos términos, agudizándose la situación por las tensiones políticas entre el partido de gobierno y los otros partidos políticos (COPEI, URD y el PCV), así como la abierta confrontación con los militares que rechazaban la interferencia del gobierno, demandando la salida de Betancourt del país, la desactivación de las milicias armadas de AD y la reestructuración del gabinete ministerial.

La actitud férrea de Gallegos de no ceder ante la presión del grupo de militares descontentos, encabezados por Delgado Chalbaud, Ministro de la Defensa y Pérez Jiménez, Jefe del Estado Mayor Conjunto, fue decisiva para que las FF.AA. derrocaran al gobierno el 24 de noviembre de 1948.

A partir de ese momento se inicia uno de los períodos más violentos y dolorosos de la historia moderna venezolana: los errores políticos de los dirigentes permitieron que un grupo de militares organizara un proyecto, ejerciendo el poder de manera autoritaria, lo cual generaría un conflicto cuya lucha se centró en darle a Venezuela otra oportunidad para la democracia que se había perdido, gracias a la ceguera de una dirigencia política que no supo valorar la importancia de preservarla en su momento.

En vista del peligro que para el país significaba el gobierno de Gallegos, la Junta se propuso ejercer un mandato transitorio, que se concentraría en preparar una nueva consulta electoral, en la clara intención de descartar un régimen dictatorial. Sin embargo, los hechos posteriores se encargarían de demostrar que dentro de las Fuerzas Armadas se había conformado un movimiento lo suficientemente organizado como para tener un proyecto definido: conservar el poder.

Las primeras acciones de la Junta estuvieron dirigidas a desarticular todas las estructuras que AD logró habilitar en la nación, iniciando un proceso de desmovilización política de la sociedad, de manera que la Junta tuviera la facilidad de gobernar sin oposición efectiva. El partido AD fue oficialmente disuelto, así como también el Congreso Nacional, Asambleas Legislativas, Concejos Municipales y el Consejo Supremo Electoral. Es ilegalizada la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), igualmente el Partido Comunista de Venezuela (PCV).

Tan solo permanecieron en la escena política la Unión Republicana Democrática (URD) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) hasta 1952, año en que se produce el fraude electoral en la Asamblea Constituyente, pues ante la posibilidad de perder el poder, el gobierno, que acude a los comicios bajo el nombre de Frente Electoral Independiente (FEI), realiza una maniobra en el Consejo Supremo Electoral para alterar los resultados del proceso, deteniendo el conteo de votos que daba como ganador a Jóvito Villalba del partido URD, adjudicándose el triunfo.

Bajo el gobierno de la Junta Militar, a partir de 1953 oficialmente presidida por Marcos Pérez Jiménez, la dinámica oposición-represión identificaría a la escena política nacional. Los partidos COPEI y URD, quienes desconocieron los resultados de la Constituyente, asumen una postura contraria al régimen, uniéndose a los partidos abolidos: AD y PCV en la oposición.

Este fue un período histórico de gran tensión política, caracterizado por las limitadas libertades, la represión y la lucha clandestina. Precisamente este elemento representa un hecho de gran valor, pues a diferencia del error cometido a la caída de Gómez, cuando las organizaciones políticas manejan el liderazgo como un instrumento personalista-partidista, la lucha contra la dictadura los obliga a unir esfuerzos con el propósito de restablecer el régimen democrático, generándose un vínculo que, a pesar del retiro del Pacto de Puntofijo por parte de URD, se había mantenido como principio del juego político de la democracia venezolana.

La lucha clandestina fue intensa, siendo muchos los líderes gremiales y políticos caídos a manos del régimen dictatorial, las persecuciones y expulsiones eran una modalidad de castigo para los opositores. Mientras Pérez Jiménez se dedicaba a eliminar los peligros emergentes para su permanencia en el poder, en el seno de las Fuerzas Armadas se estaba hilvanando una corriente desfavorable para el gobierno, quien ya no representaba a la institución militar.

En el seno de las Fuerzas Armadas hay toda una situación interna -ascensos, privilegios, formación de camarillas, entres otras- que estaban conduciendo a la separación, en lo que constituye una parte importante de los antecedentes de la crisis que habría de vivir el gobierno de Pérez Jiménez.

En 1957, la lucha contra la dictadura materializa la unión de los partidos de la clandestinidad involucrados, bajo la figura de la Junta Patriótica, aprovechando la coyuntura que produce el problema de la sucesión del poder, hecho crítico para el dictador. Por encima de las diferencias ideológicas estaba la necesidad de derrocar el régimen, factor determinante para el consenso entre las fuerzas políticas. En junio se formaliza la creación de la Junta Patriótica, teniendo como principal objetivo impedir la reelección de Pérez Jiménez.

La situación se fue agravando, pues según la propia Constitución, era el momento de convocar a elecciones. En su lugar, Pérez Jiménez para evitar la pérdida del poder decide realizar un plebiscito que lo ratifica en el mandato.

La tensa situación política se hace insostenible para el régimen, pues no solamente la sociedad civil, sino además amplios sectores de la institución armada rechaza la dictadura, principalmente el ejército que había sido desplazado por el aparato represor: la Seguridad Nacional.

Esa actitud de Pérez Jiménez, quien no midió el descontento de los sectores más progresistas de las Fuerzas Armadas, contribuiría a que se gestara un movimiento insurreccional que inició sus desplazamientos técnicos el 1º de enero de 1958 al mando del Cnel. Hugo Trejo, manifestándose la clara división del Ejército, que había sido el apoyo fundamental del régimen. Desde ese instante se suceden una serie de sublevaciones que culminan con la caída del dictador el 23 de enero de 1858, cuando definitivamente las Fuerzas Armadas le dan la espalda al dictador.

El Pacto de Puntofijo como fundamento del Sistema Político Venezolano

Para la comprensión de la naturaleza del sistema político que se inicia a la caída de la dictadura perezjimenista es necesario interpretar que la coyuntura histórica de 1958 determinó que la consolidación del proyecto democrático, interrumpido por una década, sólo se lograría con la unión de esfuerzos y principalmente, de intereses. Lo que en el pasado hizo fracasar al régimen democrático, pareciera haber servido de lección para la dirigencia política venezolana, siendo la causa común: un gobierno democrático, produciéndose un hecho fundamental para la construcción del nuevo modelo político venezolano: el Pacto de Puntofijo.

La voluntad de las organizaciones políticas de mantener un frente unido para la formación de un nuevo modelo político se hace efectiva a través de la firma del Pacto de Puntofijo el 31 de octubre de 1958. En él queda plasmada la esencia de lo que llamamos democracia de partidos, pues allí se fijaron las reglas del sistema de poder, configurando la prerrogativa que habrían de tener en el mismo, los partidos políticos.

Los diez años de dictadura sometieron a los partidos políticos venezolanos a un aprendizaje forzado sobre la necesidad de lograr un mínimo entendimiento si se quería asegurar el mantenimiento del sistema que nuevamente estaba configurándose… (Njaim, Combellas, Josko y Stambouli en Puerta: 45)

El Pacto de Puntofijo es el acuerdo político que suscriben los principales actores sociales del momento, quienes posteriormente asumirían su condición predominante dentro del sistema. Los partidos Acción Democrática, COPEI y URD; FEDECAMARAS; Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica suscribieron el compromiso de apoyar y vigilar el desarrollo de un proyecto nacional que contemplaba el establecimiento de un sistema democrático que garantizaba el ejercicio pleno de libertades políticas y la alternabilidad en el poder. El acuerdo se fundamentó en tres aspectos: la Defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral; la formación de un Gobierno de Unidad Nacional y la suscripción de un Programa Mínimo Común: (López, Gómez y Maingón: 1989)

Conclusiones
Al margen de los aspectos orientados a la consolidación del régimen democrático propiamente, es necesario que veamos al acuerdo como el instrumento que habría de institucionalizar el modelo centrado de partidos en nuestro sistema político. A diferencia del post-gomecismo, caracterizado por la confrontación entre las fuerzas políticas, dada la coyuntura de 1958, los partidos toman conciencia de la necesidad de compartir el espacio político, el poder, creando un vínculo que los fortalecería: un pacto, pues “el poder se sostiene sobre pactos constitutivos, pero no ya entre voluntades individuales… sino entre aquellos grupos que han movilizado recursos suficientes como para ingresar en el sistema” (Portantierro: 47). De esa manera quedó definido el papel predominante que habrían de desempeñar los partidos políticos en el funcionamiento del sistema político: la representación de los intereses de la nación en manos de las estructuras partidistas.

Las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) como actores fundamentales de las últimas décadas, desempeñaron un rol trascendental en el pacto suscrito. Inicialmente las FAN se habían propuesto sustituir el gobierno personalista de Pérez Jiménez por uno verdaderamente de carácter militar-institucional. Debido a ello fue necesario que los otros sectores participantes negociaran con los militares, logrando convencerlos de la pertinencia de consolidar el régimen democrático, comprometiéndolos a actuar en defensa del mismo, generando la institucionalización democrática de las FAN, como organización apolítica y no deliberante.

Las Fuerzas Armadas con su participación en el Pacto de Puntofijo, le confirieron legitimidad a las reglas de juego del sistema político venezolano que se pretendía instalar, reconociendo a sus protagonistas en un acto legitimador, como fundadores de la democracia venezolana, en lo que habría de ser una muestra irrefutable de control político que ejerce la institución dentro del sistema.

Referencias Bibliográficas

LÓPEZ, M.; GÓMEZ, L. y MAINGON, T. (1989) De Punto Fijo al Pacto Social. Caracas: Fondo Editorial Acta Científica Venezolana.

PORTANTIERRO, J. (1981ª) Sociedad Civil, Estado Sistema Político. México: FLACSO.

PUERTA, M. (1995) El Rol de las Fuerzas Armadas en la Crisis Hegemónica Venezolana 1989-1994. Trabajo Especial de Grado (Sin Publicar) Universidad Fermín Toro

* Ponencia presentada en el VI Congreso de Investigación de la UC

LOS ACUERDOS COMO CARCTERÍSTICA DEL SISTEMA POLÍTICO VENEZOLANO: EL PACTO DE PUNTOFIJO*

 

En un intento por comprender la naturaleza del sistema político que se inicia a la caída de la dictadura perezjimenista, se hace imprescindible interpretar que la coyuntura histórica de 1958 determinó que la consolidación del proyecto democrático, sólo se lograría con la unión de los actores fundamentales y sus intereses. Las experiencias pasadas de sectarismo y exclusión servirían de lección a la dirigencia política venezolana, en la intención de lograr la consolidación de un gobierno democrático, siendo el Pacto de Puntofijo, el instrumento que permitiría ese propósito.

PALABRAS CLAVES: Democracia, Sistema Político, Pacto, Partidos Políticos

Introducción

La historia es muchas veces la mejor referencia para comprender los sucesos del presente, y de manera significativa cuando se consideran agotados los procesos políticos y se confrontan con nuevas perspectivas.

El plantearse una nueva concepción del Estado y su proceso político, requiere necesariamente la reconsideración de lo que condujo al modelo en crisis, en este sentido, resulta evidentemente útil la reflexión sobre las bases constitutivas del sistema político que permitió en el caso venezolano, la consolidación de la democracia como forma de vida.

En esta reflexión, se propone repasar las condiciones en las que se produjo la suscripción del Pacto de Puntofijo, como una variable fundamental del modelo político venezolano, que habría de influenciar su desarrollo futuro.

Antecedentes del Sistema Político Venezolano

La lección que la historia dio a los líderes políticos del post-gomecismo, materializada en la cruenta dictadura de Pérez Jiménez, planteó con claridad el terreno en el que habría de construirse el tan anhelado proyecto político democrático en Venezuela.

La necesidad de un sistema político que garantizara la libertad como elemento constitutivo, determinó que nuestro proyecto político tuviera su fundamento en un acuerdo o pacto, de manera que se imposibilitara cualquier intento de personalismo militar.

Luego de la caída de Gómez, se inicia una etapa de transición cuyo objetivo fue el establecimiento de un sistema de gobierno democrático. Al General Eleazar López Contreras le tocó quizás la más delicada responsabilidad, pues siendo figura del antiguo régimen, su misión fue la de sentar las bases que permitirían el posterior ejercicio democrático, teniendo que enfrentar la lógica inestabilidad manifiesta en un país atrasado, víctima de casi tres décadas de tiranía. López Contreras tuvo que enfrentar tanto a las fuerzas gomecistas ansiosas por recuperar el poder, como a los grupos opositores representantes de nuevos movimientos políticos. Fue una etapa donde las distintas tendencias ideológicas buscaron acomodo en el naciente sistema político.

El ascenso en 1941 a la Presidencia de la República del General Isaías Medina Angarita, en plena II Guerra Mundial, influenció el desarrollo de ciertas políticas en materia económica, dado el carácter estratégico del petróleo en el conflicto mundial. Durante este gobierno, no se vivió la tensión política del período de López Contreras, tanto que se produjo la legalización de los partidos políticos Acción Democrática (AD) y Partido Comunista de Venezuela (PCV). Fue precisamente a partir de este momento que AD inició su proceso de penetración en las estructuras del Estado, en palabras de su máximo líder de la resistencia, Rómulo Betancourt: “La dirección de AD se trazó la consigna de: ni un solo distrito, ni un solo municipio, sin su organismo de partido”. Se trataba de una tarea difícil y ambiciosa, “…pues implicaba vertebrar una red organizativa a lo largo y ancho de un país…” (citado en Puerta:163)

Entonces, es Medina Angarita quien permite la organización de agrupaciones políticas y obreras, produciéndose un clima de amplitud y apertura para la consolidación del régimen democrático. Sin embargo esa situación fue propicia para que se gestara el germen de su propia destrucción –la libertad de movilización de fuerzas- lo que le permitió a Acción Democrática principalmente la creación de un espacio político. En medio de la coyuntura electoral de 1945, la posición de AD fue decisiva para generar un ambiente de inestabilidad, desembocando en el golpe del 18 de octubre de ese año, encabezado por jóvenes militares con el apoyo de Acción Democrática, en un claro desafío a la candidatura del Dr. Angel Biaggini, propuesta por Medina Angarita.

En todo momento Acción Democrática mantuvo su justificación alrededor de la necesidad de buscar formas verdaderamente democráticas, que a su juicio no ofrecía un gobierno continuista de Medina Angarita. Lo que no deja de ser una ironía, pues se trató de una alianza con sectores de las Fuerzas Armadas no muy proclives a la democracia precisamente, pero que sin duda desde entonces, encarnan en nuestro inconsciente colectivo una suerte de salvador de la patria.

Las Fuerzas Armadas (FF.AA), luego de la muerte de Gómez, experimentan un proceso de modernización basado en la profesionalización de sus componentes, a diferencia de la mayoría de la oficialidad de alto rango que no tenía formación técnica. Esta circunstancia determinó que dentro del componente armado se desarrollaran dos corrientes bien definidas: el sector tradicional gomecista y el sector de jóvenes militares profesionales de carrera. El enfrentamiento fue inevitable en virtud de la posición de la alta oficialidad de defender sus privilegios y por su parte los jóvenes militares anhelaban mejores oportunidades y mayor atención, resultando dicha situación en la conformación de un movimiento: la Unión Militar Patriótica (UMP). El descontento y la necesidad de cambiar el estado crítico (económico y laboral) de la oficialidad intermedia, fueron factores decisivos para lograr un acercamiento -basado en los intereses comunes- de la UMP con AD. Para ambos sectores fue conveniente la alianza, pues los militares se verían libres de ser catalogados como enemigos de la democracia y AD tendría su camino despejado hacia el poder.

La Junta Revolucionaria de Gobierno, constituida por Rómulo Betancourt, en la Presidencia, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios, Luís Beltrán Prieto, en representación de AD; Edmundo Fernández, independiente; Carlos Delgado Chalbaud y Mario Vargas, miembros de las Fuerzas Armadas, se propuso evitar que las fuerzas gomecistas y sus continuadores -López y Medina- conservaran el poder pues para ellos representaban la antítesis del modelo democrático que se aspiraba consolidar, según AD, pero para la oficialidad vinculada a la UMP era la lucha por el control interno del mando institucional militar, asuntos relacionados con la jerarquía propiamente.

Las condiciones en las cuales se desarrolló la acción gubernamental de la Junta Revolucionaria, y las decisiones tomadas para contribuir a la modernización del Estado, son particularmente útiles al momento de interpretar la correlación de fuerzas que caracterizaron a nuestro país en ese período, pues además de ser una referencia histórica, nos permite identificar la naturaleza del modelo político venezolano que se consolidaría.

La Junta Revolucionaria de Gobierno fue muy activa en el sentido de la de reestructuración del aparato burocrático y productivo, pues fue bastante acelerada la elaboración de decretos en materia política y económica, además de otros ámbitos de interés nacional donde el gobierno tuvo participación directa: educación, gremios, entre otros. El mayor peso dentro de la Junta lo tuvo AD, pues “… los militares se ocuparon sólo de aquellos asuntos relativos a la defensa, seguridad interna y objetivos políticos globales, <> (Stambouli, en Puerta: 37)

Sin embargo, esa circunstancia habría de convertirse con el tiempo, en perjuicio para el propio partido Acción Democrática: mientras este se dedicaba a penetrar todos los niveles del aparato burocrático, en un comportamiento claramente sectario al estar ausentes otras organizaciones políticas, las FF.AA. se fueron movilizando en torno a la conformación de un proyecto nacional.

Un rasgo verdaderamente explicativo de la naturaleza de la democracia venezolana fue la conformación de una élite de poder. Desde los inicios de este período (1945), se produce un acercamiento entre la Junta Revolucionaria y representantes de la burguesía económica, materializándose la alianza con la creación del Consejo Nacional de Economía (1946), que no es otra cosa que la incorporación del poder económico al proyecto político en marcha.

En diciembre de 1947 se desarrollan los primeros comicios electorales donde se elegiría de manera directa y secreta al Presidente de la República y los representantes en los cuerpos deliberantes, estando el sufragio permitido a todo venezolano mayor de 18 años, sin distinción de sexo, religión o grado de instrucción, lo que representó un gran avance para el desarrollo democrático del Estado. En este proceso resultó electo el novelista Rómulo Gallegos.

Los resultados electorales sólo produjeron cambios nominales, la Junta Revolucionaria de Gobierno dio paso al ejercicio de la Presidencia de la República y Rómulo Betancourt traspasó el mando a Rómulo Gallegos, pero en la práctica el ejercicio del poder siguió en los mismos términos, agudizándose la situación por las tensiones políticas entre el partido de gobierno y los otros partidos políticos (COPEI, URD y el PCV), así como la abierta confrontación con los militares que rechazaban la interferencia del gobierno, demandando la salida de Betancourt del país, la desactivación de las milicias armadas de AD y la reestructuración del gabinete ministerial.

La actitud férrea de Gallegos de no ceder ante la presión del grupo de militares descontentos, encabezados por Delgado Chalbaud, Ministro de la Defensa y Pérez Jiménez, Jefe del Estado Mayor Conjunto, fue decisiva para que las FF.AA. derrocaran al gobierno el 24 de noviembre de 1948.

A partir de ese momento se inicia uno de los períodos más violentos y dolorosos de la historia moderna venezolana: los errores políticos de los dirigentes permitieron que un grupo de militares organizara un proyecto, ejerciendo el poder de manera autoritaria, lo cual generaría un conflicto cuya lucha se centró en darle a Venezuela otra oportunidad para la democracia que se había perdido, gracias a la ceguera de una dirigencia política que no supo valorar la importancia de preservarla en su momento.

En vista del peligro que para el país significaba el gobierno de Gallegos, la Junta se propuso ejercer un mandato transitorio, que se concentraría en preparar una nueva consulta electoral, en la clara intención de descartar un régimen dictatorial. Sin embargo los hechos posteriores se encargarían de demostrar que dentro de las Fuerzas Armadas se había conformado un movimiento lo suficientemente organizado, como para tener un proyecto definido: conservar el poder.

Las primeras acciones de la Junta estuvieron dirigidas a desarticular todas las estructuras que AD logró habilitar en la nación, iniciando un proceso de desmovilización política de la sociedad, de manera que la Junta tuviera la facilidad de gobernar sin oposición efectiva. El partido AD fue oficialmente disuelto, así como también el Congreso Nacional, Asambleas Legislativas, Concejos Municipales y el Consejo Supremo Electoral. Es ilegalizada la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), igualmente el Partido Comunista de Venezuela (PCV).

Tan solo permanecieron en la escena política la Unión Republicana Democrática (URD) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) hasta 1952, año en que se produce el fraude electoral en la Asamblea Constituyente, pues ante la posibilidad de perder el poder, el gobierno, que acude a los comicios bajo el nombre de Frente Electoral Independiente (FEI), realiza una maniobra en el Consejo Supremo Electoral para alterar los resultados del proceso, deteniendo el conteo de votos que daba como ganador a Jóvito Villalba del partido URD, adjudicándose el triunfo.

Bajo el gobierno de la Junta Militar, a partir de 1953 oficialmente presidida por Marcos Pérez Jiménez, la dinámica oposición-represión identificaría a la escena política nacional. Los partidos COPEI y URD, quienes desconocieron los resultados de la Constituyente, asumen una postura contraria al régimen, uniéndose a los partidos abolidos: AD y PCV en la oposición.

Este fue un período histórico de gran tensión política, caracterizado por las limitadas libertades, la represión y la lucha clandestina. Precisamente este elemento representa un hecho de gran valor, pues a diferencia del error cometido a la caída de Gómez, cuando las organizaciones políticas manejan el liderazgo como un instrumento personalista-partidista, la lucha contra la dictadura los obliga a unir esfuerzos con el propósito de restablecer el régimen democrático, generándose un vínculo que, a pesar del retiro del Pacto de Puntofijo por parte de URD, se había mantenido como principio del juego político de la democracia venezolana.

La lucha clandestina fue intensa, siendo muchos los líderes gremiales y políticos caídos a manos del régimen dictatorial, las persecuciones y expulsiones eran una modalidad de castigo para los opositores. Mientras Pérez Jiménez se dedicaba a eliminar los peligros emergentes para su permanencia en el poder, en el seno de las Fuerzas Armadas se estaba hilvanando una corriente desfavorable para el gobierno, quien ya no representaba a la institución militar.

En el seno de las Fuerzas Armadas hay toda una situación interna -ascensos, privilegios, formación de camarillas, entres otras- que estaban conduciendo a la separación, en lo que constituye una parte importante de los antecedentes de la crisis que habría de vivir el gobierno de Pérez Jiménez.

En 1957, la lucha contra la dictadura materializa la unión de los partidos de la clandestinidad involucrados, bajo la figura de la Junta Patriótica, aprovechando la coyuntura que produce el problema de la sucesión del poder, hecho crítico para el dictador. Por encima de las diferencias ideológicas estaba la necesidad de derrocar el régimen, factor determinante para el consenso entre las fuerzas políticas. En junio se formaliza la creación de la Junta Patriótica, teniendo como principal objetivo impedir la reelección de Pérez Jiménez.

La situación se fue agravando, pues según la propia Constitución, era el momento de convocar a elecciones. En su lugar, Pérez Jiménez para evitar la pérdida del poder decide realizar un plebiscito que lo ratifica en el mandato.

La tensa situación política se hace insostenible para el régimen, pues no solamente la sociedad civil, sino además amplios sectores de la institución armada rechaza la dictadura, principalmente el ejército que había sido desplazado por el aparato represor: la Seguridad Nacional.

Esa actitud de Pérez Jiménez, quien no midió el descontento de los sectores más progresistas de las Fuerzas Armadas, contribuiría a que se gestara un movimiento insurreccional que inició sus desplazamientos técnicos el 1º de enero de 1958 al mando del Cnel. Hugo Trejo, manifestándose la clara división del Ejército, que había sido el apoyo fundamental del régimen. Desde ese instante se suceden una serie de sublevaciones que culminan con la caída del dictador el 23 de enero de 1858, cuando definitivamente las Fuerzas Armadas le dan la espalda al dictador.

El Pacto de Puntofijo como fundamento del Sistema Político Venezolano

Para la comprensión de la naturaleza del sistema político que se inicia a la caída de la dictadura perezjimenista es necesario interpretar que la coyuntura histórica de 1958 determinó que la consolidación del proyecto democrático, interrumpido por una década, sólo se lograría con la unión de esfuerzos y principalmente, de intereses. Lo que en el pasado hizo fracasar al régimen democrático, pareciera haber servido de lección para la dirigencia política venezolana, siendo la causa común: un gobierno democrático, produciéndose un hecho fundamental para la construcción del nuevo modelo político venezolano: el Pacto de Puntofijo.

La voluntad de las organizaciones políticas de mantener un frente unido para la formación de un nuevo modelo político se hace efectiva a través de la firma del Pacto de Puntofijo el 31 de octubre de 1958. En él queda plasmada la esencia de lo que llamamos democracia de partidos, pues allí se fijaron las reglas del sistema de poder, configurando la prerrogativa que habrían de tener en el mismo, los partidos políticos.

Los diez años de dictadura sometieron a los partidos políticos venezolanos a un aprendizaje forzado sobre la necesidad de lograr un mínimo entendimiento si se quería asegurar el mantenimiento del sistema que nuevamente estaba configurándose… (Njaim, Combellas, Josko y Stambouli en Puerta: 45)

El Pacto de Puntofijo es el acuerdo político que suscriben los principales actores sociales del momento, quienes posteriormente asumirían su condición predominante dentro del sistema. Los partidos Acción Democrática, COPEI y URD; FEDECAMARAS; Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica suscribieron el compromiso de apoyar y vigilar el desarrollo de un proyecto nacional que contemplaba el establecimiento de un sistema democrático que garantizaba el ejercicio pleno de libertades políticas y la alternabilidad en el poder. El acuerdo se fundamentó en tres aspectos: la Defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral; la formación de un Gobierno de Unidad Nacional y la suscripción de un Programa Mínimo Común: (López, Gómez y Maingón: 1989)

Conclusiones
Al margen de los aspectos orientados a la consolidación del régimen democrático propiamente, es necesario que veamos al acuerdo como el instrumento que habría de institucionalizar el modelo centrado de partidos en nuestro sistema político. A diferencia del post-gomecismo, caracterizado por la confrontación entre las fuerzas políticas, dada la coyuntura de 1958, los partidos toman conciencia de la necesidad de compartir el espacio político, el poder, creando un vínculo que los fortalecería: un pacto, pues “el poder se sostiene sobre pactos constitutivos, pero no ya entre voluntades individuales… sino entre aquellos grupos que han movilizado recursos suficientes como para ingresar en el sistema” (Portantierro: 47). De esa manera quedó definido el papel predominante que habrían de desempeñar los partidos políticos en el funcionamiento del sistema político: la representación de los intereses de la nación en manos de las estructuras partidistas.

Las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) como actores fundamentales de las últimas décadas, desempeñaron un rol trascendental en el pacto suscrito. Inicialmente las FAN se habían propuesto sustituir el gobierno personalista de Pérez Jiménez por uno verdaderamente de carácter militar-institucional. Debido a ello fue necesario que los otros sectores participantes negociaran con los militares, logrando convencerlos de la pertinencia de consolidar el régimen democrático, comprometiéndolos a actuar en defensa del mismo, generando la institucionalización democrática de las FAN, como organización apolítica y no deliberante.

Las Fuerzas Armadas con su participación en el Pacto de Puntofijo, le confirieron legitimidad a las reglas de juego del sistema político venezolano que se pretendía instalar, reconociendo a sus protagonistas en un acto legitimador, como fundadores de la democracia venezolana, en lo que habría de ser una muestra irrefutable de control político que ejerce la institución dentro del sistema.

Referencias Bibliográficas

LÓPEZ, M.; GÓMEZ, L. y MAINGON, T. (1989) De Punto Fijo al Pacto Social. Caracas: Fondo Editorial Acta Científica Venezolana.

PORTANTIERRO, J. (1981ª) Sociedad Civil, Estado Sistema Político. México: FLACSO.

PUERTA, M. (1995) El Rol de las Fuerzas Armadas en la Crisis Hegemónica Venezolana 1989-1994. Trabajo Especial de Grado (Sin Publicar) Universidad Fermín Toro

* Ponencia presentada en el VI Congreso de Investigación de la UC

Aproximación al estudio de la crisis de la democracia y de la representación en Venezuela*

 

La democracia y su crisis contemporánea, ha suscitado intensos debates en las ciencias sociales y más concretamente, en el seno de la Ciencia Política. La debilidad institucional, la ausencia de liderazgos y el deterioro de los partidos políticos han sido considerados, expresiones claras del debilitamiento de la democracia en Venezuela, relacionándose con la progresiva pérdida de gobernabilidad que se manifiesta.

El presente ensayo, aspira brindar una perspectiva crítica del sistema político venezolano, apoyándose en la metodología de investigación histórico-documental, en un trabajo de carácter descriptivo.

Esta aproximación toma en consideración los elementos fundamentales del sistema político venezolano, las características del Estado en lo político, económico y social y las expresiones de la crisis del modelo político, con el propósito de generar reflexiones en torno a la búsqueda de propuestas que permitan reconstruir la expresión democrática en la sociedad venezolana.

PALABRAS CLAVE: Democracia, crisis de representatividad

* Publicado en Revista Mañongo N°26 año 2006

Una visión politológica de JOHN RAWLS Y LA TEORÍA DE LA JUSTICIA*

 

La idea de justicia es un tema central en la ética política. Es la base fundamental de los órdenes políticos. La justicia ha sido un tema que al igual que la libertad ha permitido desarrollar innumerables propuestas teóricas acompañadas por supuesto, de intensas y productivas polémicas.

El presente ensayo es una aproximación desde la Ciencia Política al planteamiento de Rawls en cuanto que la justicia representa el valor de reconocer a cada individuo derechos que son inalienables y que por lo tanto, no pueden estar sujetos a transacción alguna, caracterizando así su supremacía.

Es indudable que Rawls ha estimulado un debate abierto en relación a la filosofía política, así como también ha facilitado un proceso de definición conceptual de la democracia liberal. Pero en el marco de esta concepción, ¿como podemos desde la Ciencia Política interpretar a la Teoría de la Justicia?

En este sentido, tenemos que el principio de justicia encuentra su realización material en un Estado concebido como constitucional y democrático, pues desde allí opera como garante de los valores y normas que permiten la convivencia armónica de los individuos en sociedad.

Sin embargo, esta definición resulta insuficiente al relacionarlo con la realidad de una sociedad en la que los antagonismos están presentes constantemente, de allí que ¿podemos hablar de la posición original en la ciencia política?

* Publicado en Revista Memoria Política N° 10 año 2006