Aproximación al estudio de la crisis de la democracia y de la representación en Venezuela*

 

La democracia y su crisis contemporánea, ha suscitado intensos debates en las ciencias sociales y más concretamente, en el seno de la Ciencia Política. La debilidad institucional, la ausencia de liderazgos y el deterioro de los partidos políticos han sido considerados, expresiones claras del debilitamiento de la democracia en Venezuela, relacionándose con la progresiva pérdida de gobernabilidad que se manifiesta.

El presente ensayo, aspira brindar una perspectiva crítica del sistema político venezolano, apoyándose en la metodología de investigación histórico-documental, en un trabajo de carácter descriptivo.

Esta aproximación toma en consideración los elementos fundamentales del sistema político venezolano, las características del Estado en lo político, económico y social y las expresiones de la crisis del modelo político, con el propósito de generar reflexiones en torno a la búsqueda de propuestas que permitan reconstruir la expresión democrática en la sociedad venezolana.

PALABRAS CLAVE: Democracia, crisis de representatividad

* Publicado en Revista Mañongo N°26 año 2006

Una visión politológica de JOHN RAWLS Y LA TEORÍA DE LA JUSTICIA*

 

La idea de justicia es un tema central en la ética política. Es la base fundamental de los órdenes políticos. La justicia ha sido un tema que al igual que la libertad ha permitido desarrollar innumerables propuestas teóricas acompañadas por supuesto, de intensas y productivas polémicas.

El presente ensayo es una aproximación desde la Ciencia Política al planteamiento de Rawls en cuanto que la justicia representa el valor de reconocer a cada individuo derechos que son inalienables y que por lo tanto, no pueden estar sujetos a transacción alguna, caracterizando así su supremacía.

Es indudable que Rawls ha estimulado un debate abierto en relación a la filosofía política, así como también ha facilitado un proceso de definición conceptual de la democracia liberal. Pero en el marco de esta concepción, ¿como podemos desde la Ciencia Política interpretar a la Teoría de la Justicia?

En este sentido, tenemos que el principio de justicia encuentra su realización material en un Estado concebido como constitucional y democrático, pues desde allí opera como garante de los valores y normas que permiten la convivencia armónica de los individuos en sociedad.

Sin embargo, esta definición resulta insuficiente al relacionarlo con la realidad de una sociedad en la que los antagonismos están presentes constantemente, de allí que ¿podemos hablar de la posición original en la ciencia política?

* Publicado en Revista Memoria Política N° 10 año 2006

LA INFLUENCIA DEL PRETORIANISMO EN LA INSTITUCIONALIDAD MILITAR EN VENEZUELA*

La Institución Militar en Venezuela, sin duda alguna, ha sido un actor político fundamental, no sólo a los efectos de la consolidación del sistema político, sino también de su sostenimiento. Esta circunstancia nos remite necesariamente a buscar las razones de tal comportamiento en los principios del Pretorianismo, definido por Samuel Huntington (1972, p. 177) como “la intervención de los militares en política.” La presente investigación se propone revisar los planteamientos teóricos que sustentan el modelo pretoriano, destacando los hitos históricos donde se aprecia su influencia, para de esta forma justificar el argumento sobre su incidencia en la institucionalidad militar de Venezuela. Esta investigación corresponde a un estudio de carácter descriptivo, histórico-documental, fundamentado en los planteamientos de autores como Samuel Huntington y Domingo Irwin. Sus conclusiones pudieran aportar elementos para la comprensión de la dinámica política contemporánea de Venezuela.

Palabras clave: Institucionalidad Militar, Sistema Político Venezolano, Poder Político.

* Ponencia presentada en el IX Simposio Nacional de Ciencia Política

EL DEBATE ENTRE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y LA PARTICIPATIVA: ELEMENTOS TEÓRICO-CONCEPTUALES*

La democracia, como modelo político, ha estado sometida a profundos cuestionamientos, exacerbados en tiempos recientes debido a la crisis de gobernabilidad que experimentan algunos países, especialmente en América Latina.La debilidad institucional, la ausencia de liderazgos, el deterioro de los partidos políticos como canales de participación, parecieran dirigir la responsabilidad de ello a la democracia representativa, postulando la democracia participativa como el orden político más adecuado.

De ahí que veamos necesaria la revisión de los planteamientos teórico-conceptuales que recogen la idea de la democracia, sus variaciones y tendencias, para identificar las bases del debate que sobre su viabilidad se produce, planteando algunas perspectivas de análisis que permitan, lejos de profundizar en los antagonismos y posiciones irreconciliables, establecer algunos espacios de consenso que conduzcan a reafirmar el modelo demócrata como la forma de vida política más idónea para las sociedades contemporáneas.

La Democracia no fue siempre el gobierno ideal que deriva de su traducción del griego “gobierno del pueblo”. En la antigüedad, tanto Platón como Aristóteles eran contrarios a esta forma de gobierno, considerándola el último, como una forma impura de República.

En la práctica, la democracia ateniense no llegó a reflejar lo que para el hombre moderno representa este concepto, pues la sociedad de la época hacía distinciones en cuanto a quienes podían detentar la ciudadanía y por ende, derechos políticos.

Sin embargo, para algunos autores críticos de la visión liberal, la democracia bajo su forma directa o participativa, constituye el modelo político ideal, en contraposición a la democracia representativa. La democracia directa parte de dos condiciones mínimas: la toma de decisiones por la Asamblea y la institución del referéndum.

Apoyándose en teóricos como Rousseau, el planteamiento fundamental de la democracia directa comprende como elementos constitutivos: el ejercicio de la soberanía popular; la búsqueda del bien común; la participación directa en los asuntos públicos; la defensa de la igualdad; la garantía de la libertad; el sometimiento a la voluntad general y la suscripción del contrato social.

En ese conjunto de principios se encuentran aspectos que, como se verá en las críticas a la democracia participativa, parecieran restarle fortaleza al argumento.

En primer lugar, esa libertad está enmarcada en una dimensión pública o colectiva. En segundo lugar, la voluntad general implica el sometimiento total a ella, y en cuanto al contrato social, este representa la cesión de unos derechos individuales en aras de la preservación del bien común y la voluntad general, por lo que importantes concesiones se hacen en nombre de la libertad y de la igualdad, pero que no necesariamente se traducen en una mayor consideración hacia el ciudadano.

Para Bobbio (2001) una definición mínima de la democracia comprende la potestad de unos cuantos individuos, reconocida por los miembros de su comunidad, para tomar decisiones que afectan a todo el colectivo, sobre la base de unas reglas que deben contener los procedimientos mediante los cuales se deben realizar las acciones.

En otra interpretación, la democracia puede ser vista como un instrumento de legitimación del sistema de dominación mediante la aprobación institucionalizada y continuamente renovada del pueblo. (Shell, K. pp. 125-130)

Lo importante en la democracia es la capacidad de los individuos, en el ejercicio de su ciudadanía, para intervenir en los asuntos en los que se requiere de decisiones colectivas. En este sentido, estamos hablando de la democracia participativa, que para algunos autores difiere de la concepción de democracia directa propiamente.

Cuando hablamos de la participación, estamos haciendo referencia a la condición de ejercicio ciudadano de los derechos políticos, pero igualmente al despliegue de las capacidades para no solamente influir en las decisiones políticas sino también ejercer responsabilidades en concretas.

La democracia directa nos plantea la acción política sin intermediaciones, lo que en la democracia representativa está en manos de las organizaciones responsables de la agregación de intereses. La democracia participativa no excluye la existencia y actuación de las organizaciones políticas, pero en una democracia directa, tal y como nos lo plantea la concepción mas radical de la misma, ¿qué papel tienen los partidos políticos?

Para muchos autores esta es una forma de democracia difícil de alcanzar por razones demográficas e institucionales (organizativas), entre otras, además de razonamientos que tienen que ver más con las capacidades de los individuos para tomar decisiones, dado su condicionamiento cultural.

En la democracia liberal, que se expresa bajo la forma representatitva, esa intervención se logra a través de unos arreglos institucionales, tales como: Principio de Soberanía Popular; Concepto de Pueblo; Igualdad Política; Instituciones Democráticas, Protección de Derechos Fundamentales; División de Poderes e Igualdad Social, que a decir de Montesquieu, constituyen un sistema que establece límites a la acción del Estado, garantizando la protección de los derechos individuales.

Citado por Bobbio (1996, p. 229) Montesquieu señala que “el pueblo que goza del poder supremo debe hacer por sí solo todo lo que pueda efectuar bien y confiar a sus ministros únicamente lo que no pueda realizar por sí mismo”.

Sin embargo, hablar de la democracia en nuestros tiempos, nos lleva a la necesidad de reconocer que la democracia antigua no puede confundirse con lo que hoy conocemos como democracia moderna.El debate entre ambas visiones surge de la incapacidad de la democracia representativa de acortar la brecha entre decisiones políticas y necesidades colectivas satisfechas.Para los defensores de la democracia directa, esta es la única fórmula política que garantiza la participación de cada ciudadano en las decisiones sobre los asuntos públicos, sin que medie instancia reguladora.

Sin embargo, esta no es razón suficiente para descartar la representación como modelo político, pues ¿como explicar entonces el grado de intervención política que algunas sociedades han alcanzado, a través de la descentralización, mediante el ejercicio político en los diferentes niveles locales y regionales?

Quizás la contradicción esté en el fundamento liberal de la democracia, en su nexo con el modelo económico capitalista. Lo que por supuesto genera antagonismos en aquellos que no coinciden con los presupuestos teóricos del liberalismo.

También es probable que la crítica hacia la democracia representativa esté fundamentada en el hecho de que la representación política no está sujeta a la revocatoria de mandato por una parte y por la otra carece de responsabilidad directa ante sus electores.

Pero algunas sociedades, como la nuestra, han logrado modernizar sus sistemas políticos a tal punto que han incorporado la figura de los referenda revocatorios, para cargos de elección popular, en los casos de Ejecutivo y Legislativo, lo que significa que la democracia se acerca cada vez más a niveles de participación política adecuados a la aspiración de participación, sin descartar la figura representativa, pues son cargos electos para ejercer la representación de los intereses de los ciudadanos en distintas instancias.

De igual forma, cuando vemos las reformas políticas que han alcanzado países que en el pasado tuvieron regímenes dictatoriales, como España, vemos que este argumento no es suficiente por sí mismo para desechar el modelo representativo.

Con la consolidación del Liberalismo Político, la democracia fue objeto de profundos cuestionamientos, en virtud de los contrastes entre la filosofía individualista y la voluntad mayoritaria. A pesar de ello, la democracia liberal habría de convertirse en una aspiración formal de las sociedades desarrolladas, producto de la evolución de las expectativas sociales y de las respuestas generadas, al extremo de provocar posiciones como la de Francis Fukuyama, quien en 1989 desató una intensa polémica al afirmar que estábamos cerca del fin de la historia, dado que nos encontrábamos en “el punto final de la evolución ideológica de la humanidad, la universalización de la democracia liberal occidental como la forma final de gobierno humano.” (The National Interest, Nº 16 p.3-18).En la obra que resume la esencia de la democracia estadounidense Goverment by the people (Burns, Peltason y Cronin, Prentice-Hall, 1984), señalaban que “la democracia requiere de cierto tipo de fe y de cierto tipo de escepticismo, pues es la fe democrática quien reconoce que la voluntad de la gente es la única fuente legítima de cualquier gobierno.” En otro pasaje, recuerdan que no es conveniente demasiado poder en un grupo, y citan a Thomas Jefferson quien decía que “todo gobierno degenera cuando es confiado solamente a los gobernantes, pues la gente misma es segura depositaria del gobierno.”Ahora bien, Sartori, citado por García Guitián (1998, p. 123) señala que “el sistema representativo es una procuración dada a un cierto número de hombres por la masa del pueblo que quiere que sus intereses sean defendidos, y que sin embargo no tiene siempre el tiempo ni la posibilidad de defenderlos por sí mismo.”

Es aquí donde llegamos al fenómeno que ocupa buena parte de la reflexión intelectual de nuestro tiempo: la crisis de gobernabilidad, que como la ve el mismo Bobbio, no es más que la sobrecarga del sistema político incapaz de dar respuestas.

¿Tiene sentido hablar de democracia directa o participativa para rescatar la gobernabilidad? Bobbio afirma que el problema está en que hemos desarrollado la democracia política, olvidándonos de la democracia social y que hasta tanto no democraticemos a la sociedad, el problema no estará en la mayor o menor participación. Es la comprensión y el ejercicio social de la democracia.

El camino requiere de una sociedad abierta al disenso, pluralista, con una amplia base de distribución del poder, que inevitablemente nos conducirá a una sociedad civil democrática capaz de ampliar la democracia política, que para Bobbio hace innecesario el apelar a la democracia directa.

Finalmente, lo crucial está en dejar de ver la democracia como un mero instrumento, en el que se encuentre ausente un compromiso valorativo determinado (Guevara, p. 52), pues si no la entendemos como una forma de vida, más que como modelo político, no será suficiente su imposición, y siempre habrá algún resquicio por donde se colarán no solamente las tendencias elitescas, sino mucho más grave aún, las vocaciones autoritarias para mantener el sistema de privilegios.

BIBLIOGRAFÍA

BOBBIO, Norberto (1989a) Liberalismo y Democracia. Fondo de Cultura Económica. México. 1ª edición._______________ (1989b) Estado, Gobierno y Sociedad. Por una teoría general de la política. Fondo de Cultura Económica. México. 1ª edición._______________ (2001) El futuro de la democracia. Fondo de Cultura Económica. México. 3ª edición.

BURNS, PELTASON y CRONIN (1984) Goverment by the people. Prentice- Hall. EE.UU. 12ª edición.

FERNÁNDEZ S., José (1996) Norberto Bobbio: el filósofo y la política (Antología). Fondo de Cultura Económica. México. 1ª edición.

GARCÍA GUITIÁN, Elena (1998) en: La democracia en sus textos, Rafael del Águila y Fernando Vallespín. Alianza Editorial. España. 1ª edición.

GUEVARA, Pedro (1997) Estado vs. Democracia. Ediciones de la U.C.V. Caracas. 1ª edición.

MACPHERSON, C.B. (1982) La democracia liberal y su época. Alianza Editorial. España. 1ª edición.

*Ponencia presentada en la LV Convención Anual de AsoVAC 2004

El Rol de las Fuerzas Armadas en la Crisis Hegemónica Venezolana. [1]

Antecedentes del Sistema Político Venezolano

La lección que la historia dio a los líderes políticos del post-gomecismo, materializada en la cruenta dictadura de Pérez Jiménez, planteó con claridad el terreno en el que habría de construirse el tan anhelado proyecto político democrático en Venezuela.

La necesidad de un sistema político que garantizara la libertad como elemento constitutivo, determinó que nuestro proyecto político tuviera su fundamento en un acuerdo o pacto, de manera que se imposibilitara cualquier intento de personalismo militar.

Luego de la caída de Gómez, se inicia una etapa de transición cuyo objetivo fue el establecimiento de un sistema de gobierno democrático. Al General Eleazar López Contreras le tocó quizás la más delicada responsabilidad, pues siendo figura del antiguo régimen, su misión fue la de sentar las bases que permitirían el posterior ejercicio democrático, teniendo que enfrentar la lógica inestabilidad manifiesta en un país atrasado, víctima de casi tres décadas de tiranía. López Contreras tuvo que enfrentar tanto a las fuerzas gomecistas ansiosas por recuperar el poder, como a los grupos opositores representantes de nuevos movimientos políticos. Fue una etapa donde las distintas tendencias ideológicas buscaron acomodo en el naciente sistema de poder.

El ascenso en 1941 a la Presidencia de la República del General Isaías Medina Angarita, en plena II Guerra Mundial, influenció el desarrollo de ciertas políticas en materia económica, dado el carácter estratégico del petróleo en el conflicto. Durante este gobierno, no se vivió la tensión política del período de López Contreras, tanto que se produjo la legalización de los partidos políticos Acción Democrática (AD) y Partido Comunista de Venezuela (PCV). Fue precisamente a partir de este momento que AD inició su proceso de penetración en las estructuras del Estado, en palabras de su máximo líder de la resistencia, Rómulo Betancourt: “La dirección de AD se trazó la consigna de: ni un solo distrito, ni un solo municipio, sin su organismo de partido”. Se trataba de una tarea difícil y ambiciosa, “…pues implicaba vertebrar una red organizativa a lo largo y ancho de un país…” (Betancourt, citado en Puerta Riera, 1995, p. 163)

Medina Angarita permite la organización de agrupaciones políticas y obreras, produciéndose un clima de amplitud y apertura para la consolidación del régimen democrático. Sin embargo esa situación fue propicia para que se gestara el germen de su propia destrucción –la libertad de movilización de fuerzas- lo que le permitió a Acción Democrática principalmente la creación de un espacio político. En medio de la coyuntura electoral de 1945, la posición de AD fue decisiva para generar un ambiente de inestabilidad, desembocando en el golpe del 18 de octubre de ese año, encabezado por jóvenes militares con el apoyo de Acción Democrática, en un claro desafío a la candidatura del Dr. Angel Biaggini, propuesta por Medina Angarita.

En todo momento Acción Democrática mantuvo su justificación alrededor de la necesidad de buscar formas verdaderamente democráticas, que a su juicio no ofrecía un gobierno continuista de Medina Angarita. Lo que no deja de ser una ironía, pues se trató de una alianza con sectores de las Fuerzas Armadas no muy proclives a la democracia precisamente, pero que sin duda desde entonces, encarnan en nuestro inconsciente colectivo una suerte de salvador de la patria.

Las Fuerzas Armadas (FF.AA), luego de la muerte de Gómez, experimentan un proceso de modernización basado en la profesionalización de sus componentes, a diferencia de la mayoría de la oficialidad de alto rango que no tenía formación técnica. Esta circunstancia determinó que dentro del componente armado se desarrollaran dos corrientes bien perfiladas: el sector tradicional gomecista y el sector de jóvenes militares profesionales de carrera. El enfrentamiento fue inevitable en virtud de la posición de la alta oficialidad de defender sus privilegios y por su parte los jóvenes militares anhelaban mejores oportunidades y mayor atención, resultando dicha situación en la conformación de un movimiento: la Unión Militar Patriótica (UMP). El descontento y la necesidad de cambiar el estado crítico (económico y laboral) de la oficialidad intermedia, fueron factores decisivos para lograr un acercamiento -basado en los intereses comunes- de la UMP con AD. Para ambos sectores fue conveniente la alianza, pues los militares se verían libres de ser catalogados como enemigos de la democracia y AD tendría su camino despejado hacia el poder.

La Junta Revolucionaria de Gobierno, constituida por Rómulo Betancourt, en la Presidencia, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios, Luís Beltrán Prieto, en representación de AD; Edmundo Fernández, independiente; Carlos Delgado Chalbaud y Mario Vargas, miembros de las Fuerzas Armadas, se propuso evitar que las fuerzas gomecistas y sus continuadores -López y Medina- conservaran el poder pues para ellos representaban la antítesis del modelo democrático que se aspiraba consolidar, según AD, pero para la oficialidad vinculada a la UMP era la lucha por el control interno del mando institucional militar, asuntos relacionados con la jerarquía propiamente.

Las condiciones en las cuales se desarrolló la acción gubernamental de la Junta Revolucionaria, y las decisiones tomadas para contribuir a la modernización del Estado, son particularmente útiles al momento de interpretar la correlación de fuerzas que caracterizaron a nuestro país en ese período, pues además de ser una referencia histórica, nos permite identificar la naturaleza del modelo político venezolano que se consolidaría.

La Junta Revolucionaria de Gobierno fue muy activa en el sentido de la de reestructuración del aparato burocrático y productivo, pues fue bastante acelerada la elaboración de decretos en materia política y económica, además de otros ámbitos de interés nacional donde el gobierno tuvo participación directa: educación, gremios, entre otros. El mayor peso dentro de la Junta lo tuvo AD, pues “… los militares se ocuparon sólo de aquellos asuntos relativos a la defensa, seguridad interna y objetivos políticos globales, <> (Stambouli, citado en Puerta Riera, 1995, p. 37)

Sin embargo, esa circunstancia habría de convertirse con el tiempo, en perjuicio para el propio partido Acción Democrática: mientras este se dedicaba a penetrar todos los niveles del aparato burocrático, en un comportamiento claramente sectario al estar ausentes otras organizaciones políticas, las FF.AA. se fueron movilizando en torno a la conformación de un proyecto nacional.

Un rasgo verdaderamente explicativo de la naturaleza de la democracia venezolana fue la conformación de una élite de poder. Desde los inicios de este período (1945), se produce un acercamiento entre la Junta Revolucionaria y representantes de la burguesía económica, materializándose la alianza con la creación del Consejo Nacional de Economía (1946), que no es otra cosa que la incorporación del poder económico al proyecto político en marcha.

En diciembre de 1947 se desarrollan los primeros comicios electorales donde se elegiría de manera directa y secreta al Presidente de la República y los representantes en los cuerpos deliberantes, estando el sufragio permitido a todo venezolano mayor de 18 años, sin distinción de sexo, religión o grado de instrucción, lo que representó un gran avance para el desarrollo democrático del Estado. En este proceso resultó electo el novelista Rómulo Gallegos.
Los resultados electorales sólo produjeron cambios nominales, la Junta Revolucionaria de Gobierno dio paso al ejercicio de la Presidencia de la República y Rómulo Betancourt traspasó el mando a Rómulo Gallegos, pero en la práctica el ejercicio del poder siguió en los mismos términos, agudizándose la situación por las tensiones políticas entre el partido de gobierno y los otros partidos políticos (COPEI, URD y el PCV), así como la abierta confrontación con los militares que rechazaban la interferencia del gobierno, demandando la salida de Betancourt del país, la desactivación de las milicias armadas de AD y la reestructuración del gabinete ministerial.

La actitud férrea de Gallegos de no ceder ante la presión del grupo de militares descontentos, encabezados por Delgado Chalbaud, Ministro de la Defensa y Pérez Jiménez, Jefe del Estado Mayor Conjunto, fue decisiva para que las FF.AA. derrocaran al gobierno el 24 de noviembre de 1948.

A partir de ese momento se inicia uno de los períodos más violentos y dolorosos de la historia moderna venezolana: los errores políticos de los dirigentes permitieron que un grupo de militares organizara un proyecto, ejerciendo el poder de manera autoritaria, lo cual generaría un conflicto cuya lucha se centró en darle a Venezuela otra oportunidad para la democracia que se había perdido, gracias a la ceguera de una dirigencia política que no supo valorar la importancia de preservarla en su momento.

La Junta Militar de Gobierno, formada por los Teniente Coroneles Carlos Delgado Chalbaud, su Presidente, Marcos Pérez Jiménez y Luís Llovera Páez, esgrimió como causal del pronunciamiento los siguientes argumentos:

1. La amenaza por parte de grupos extremistas existentes en el país, de perturbar el orden establecido con la convocatoria de una huelga general.
2. La subordinación del Presidente Rómulo Gallegos al partido Acción Democrática, en el sentido de obedecer pautas para el ejercicio de su mandato, además de la cuantiosa presencia del partido en el Gabinete ejecutivo, implantándose el sectarismo político como una norma de conducta política, que llenó de vicios al gobierno, pues beneficiaba el poder concentrado, tan solo a una minoría.
3. La intención de Acción Democrática de interferir en el orden interno de las Fuerzas Armadas, con el propósito de dominarlas (Stambouli, citado por Puerta, 1996)

En vista del peligro que para el país significaba el gobierno de Gallegos, la Junta se propuso ejercer un mandato transitorio, que se concentraría en preparar una nueva consulta electoral, en la clara intención de descartar un régimen dictatorial. Sin embargo los hechos posteriores se encargarían de demostrar que dentro de las Fuerzas Armadas se había conformado un movimiento lo suficientemente organizado, como para tener un proyecto definido: conservar el poder.

Las primeras acciones de la Junta estuvieron dirigidas a desarticular todas las estructuras de Acción Democrática logró habilitar en la nación, iniciando un proceso de desmovilización política de la sociedad, de manera que la Junta tuviera la facilidad de gobernar sin oposición efectiva. El partido AD fue oficialmente disuelto, así como también el Congreso Nacional, Asambleas Legislativas, Concejos Municipales y el Consejo Supremo Electoral. Es ilegalizada la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), igualmente el Partido Comunista de Venezuela (PCV).

Tan solo permanecieron en la escena política la Unión Republicana Democrática (URD) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) hasta 1952, año en que se produce el fraude electoral en la Asamblea Constituyente, pues ante la posibilidad de perder el poder, el gobierno, que acude a los comicios bajo el nombre de Frente Electoral Independiente (FEI), realiza una maniobra en el Consejo Supremo Electoral para alterar los resultados del proceso, deteniendo el conteo de votos que daba como ganador a Jóvito Villalba del partido URD, adjudicándose el triunfo.

Bajo el gobierno de la Junta Militar, a partir de 1953 oficialmente presidida por Marcos Pérez Jiménez, la dinámica oposición-represión identificaría a la escena política nacional. Los partidos COPEI y URD, quienes desconocieron los resultados de la Constituyente, asumen una postura contraria al régimen, uniéndose a los partidos abolidos: AD y PCV en la oposición.

Este fue un período histórico de gran tensión política, caracterizado por las limitadas libertades, la represión y la lucha clandestina. Precisamente este elemento representa un hecho de gran valor, pues a diferencia del error cometido a la caída de Gómez, cuando las organizaciones políticas manejan el liderazgo como un instrumento personalista-partidista, la lucha contra la dictadura los obliga a unir esfuerzos con el propósito de restablecer el régimen democrático, generándose un vínculo que, a pesar del retiro del Pacto de Puntofijo por parte de URD, se había mantenido como principio del juego político de la democracia venezolana.

La lucha clandestina fue intensa, siendo muchos los líderes gremiales y políticos caídos a manos del régimen dictatorial, las persecuciones y expulsiones eran una modalidad de castigo para los opositores. Mientras Pérez Jiménez se dedicaba a eliminar los peligros emergentes para su permanencia en el poder, en el seno de las Fuerzas Armadas se estaba hilvanando una corriente desfavorable para el gobierno, quien ya no representaba a la institución militar.

En el seno de las Fuerzas Armadas hay toda una situación interna -ascensos, privilegios, formación de camarillas, entres otras- que estaban conduciendo a la separación, en lo que constituye una parte importante de los antecedentes de la crisis que habría de vivir el gobierno de Pérez Jiménez.

En 1957, la lucha contra la dictadura materializa la unión de los partidos de la clandestinidad involucrados, bajo la figura de la Junta Patriótica, aprovechando la coyuntura que produce el problema de la sucesión del poder, hecho crítico para el dictador. Por encima de las diferencias ideológicas estaba la necesidad de derrocar el régimen, factor determinante para el consenso entre las fuerzas políticas. En junio se formaliza la creación de la Junta Patriótica, teniendo como principal objetivo impedir la reelección de Pérez Jiménez.

La situación se fue agravando, pues según la propia Constitución, era el momento de convocar a elecciones. En su lugar, Pérez Jiménez para evitar la pérdida del poder decide realizar un plebiscito que lo ratifica en el mandato.

La tensa situación política se hace insostenible para el régimen, pues no solamente la sociedad civil, sino además amplios sectores de la institución armada rechaza la dictadura, principalmente el ejército que había sido desplazado por el aparato represor: la Seguridad Nacional.

Esa actitud de Pérez Jiménez, quien no midió el descontento de los sectores más progresistas de las Fuerzas Armadas, contribuiría a que se gestara un movimiento insurreccional que inició sus desplazamientos técnicos el 1º de enero de 1958 al mando del Cnel. Hugo Trejo, manifestándose la clara división del Ejército, que había sido el apoyo fundamental del régimen. Desde ese instante se suceden una serie de sublevaciones que culminan con la caída del dictador el 23 de enero de 1858, cuando definitivamente las Fuerzas Armadas le dan la espalda al dictador.

Fundamentos del Sistema Político Venezolano
Para la comprensión de la naturaleza del sistema político que se inicia a la caída de la dictadura perezjimenista es necesario interpretar que la coyuntura histórica de 1958 determinó que la consolidación del proyecto democrático, interrumpido por una década, sólo se lograría con la unión de esfuerzos y principalmente, de intereses. Lo que en el pasado hizo fracasar al régimen democrático, pareciera haber servido de lección para la dirigencia política venezolana, siendo la causa común: un gobierno democrático, produciéndose un hecho fundamental para la construcción del nuevo modelo político venezolano: el Pacto de Puntofijo.

La voluntad de las organizaciones políticas de mantener un frente unido para la formación de un nuevo modelo político se hace efectiva a través de la firma del Pacto de Puntofijo el 31 de octubre de 1958. En él queda plasmada la esencia de lo que llamamos democracia de partidos, pues allí se fijaron las reglas del sistema de poder, configurando la prerrogativa que habrían de tener en el mismo, los partidos políticos.

Los diez años de dictadura sometieron a los partidos políticos venezolanos a un aprendizaje forzado sobre la necesidad de lograr un mínimo entendimiento si se quería asegurar el mantenimiento del sistema que nuevamente estaba configurándose… (Njaim, Combellas, Josko y Stambouli citado por Puerta Riera, p. 45)

El Pacto de Puntofijo es el acuerdo político que suscriben los principales actores sociales del momento, quienes posteriormente asumirían su condición predominante dentro del sistema. Los partidos Acción Democrática, COPEI y URD; FEDECAMARAS; Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica suscribieron el compromiso de apoyar y vigilar el desarrollo de un proyecto nacional que contemplaba el establecimiento de un sistema democrático que garantizaba el ejercicio pleno de libertades políticas y la alternabilidad en el poder. El acuerdo se fundamentó en tres aspectos[2]:

1. Defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral… Todas las organizaciones políticas están obligadas a actuar en defensa de las autoridades constitucionales en caso de intentarse o producirse un golpe de Estado, aún cuando durante el transcurso de los cinco años (1959-64) las circunstancias de la autonomía que se reservan dichas organizaciones hayan podido colocar a cualquiera de ellos en la oposición legal y democrática al gobierno…

2. Gobierno de Unidad Nacional… el gobierno de Unidad Nacional es el camino para canalizar las energías partidistas y evitar una oposición sistemática que debilitaría el movimiento democrático…
3. Programa Mínimo Común ningún partido unitario incluirá en su programa particular puntos contrarios a los comunes del programa mínimo, y en todo caso, la discusión pública de los puntos no comunes se mantendrá dentro de los límites de la tolerancia y del mutuo respeto…

Al margen de los aspectos orientados a consolidar el régimen democrático propiamente, es necesario que veamos al acuerdo como el instrumento que habría de institucionalizar uno de las más serias debilidades de nuestro sistema político: el partidismo. A diferencia de los años posteriores a Gómez, donde el antagonismo de las fuerzas políticas fue lo que privó, dada la coyuntura del 58 los partidos toman conciencia de la necesidad de compartir el escenario, repartiéndose el poder y creando un vínculo que fortalecería su poder político: un pacto, pues “el poder se sostiene sobre pactos constitutivos, pero no ya entre voluntades individuales… sino entre aquellos grupos que han movilizado recursos suficientes como para ingresar en el sistema” (Portantierro citado en Puerta R., p. 47). De esa manera quedó definido el papel predominante que habrían de desempeñar los partidos políticos en el funcionamiento del sistema político: la representación de los intereses de la nación estaba en manos de las estructuras partidistas.

Las Fuerzas Armadas Nacionales (FF.AA.NN.), como actores fundamentales de las últimas décadas, desempeñaron un rol trascendental en el pacto suscrito. Inicialmente las FAN se habían propuesto sustituir el gobierno personalista de Pérez Jiménez por uno verdaderamente de carácter militar-institucional. Debido a ello fue necesario que los otros sectores participantes negociaran con los militares, logrando convencerlos de la pertinencia de consolidar el régimen democrático, comprometiéndolos a actuar en defensa del mismo, generando la institucionalización democrática de las FAN, como organización apolítica no deliberante.

Las Fuerzas Armadas con su participación en el Pacto de Puntofijo, le confirieron legitimidad a las reglas de juego del sistema político venezolano que se pretendía instalar, reconociendo a sus protagonistas en un acto legitimador, como fundadores de la democracia venezolana, en lo que habría de ser una muestra irrefutable de control político que ejerce la institución.

[1] Ponencia presentada en la XLV Convención Anual de AsoVAC 1995

[2] López, Gómez y Maingón, p. 71 citado en Puerta R., 1995)