CULTURA MILITAR Y CULTURA DEMOCRÁTICA: ELEMENTOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA CULTURA POLÍTICA EN VENEZUELA

CULTURA MILITAR Y CULTURA DEMOCRÁTICA: ELEMENTOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA CULTURA POLÍTICA EN VENEZUELA

El Sistema Político Venezolano actual, fue construido sobre las bases de un acuerdo político logrado por los principales actores políticos de ese momento histórico (1958) que firmaron el Pacto de Puntofijo, donde se establecieron las reglas que habrían de controlar el juego democrático, definiendo así el objetivo fundamental del mismo: la consolidación del régimen democrático. Los partidos políticos Acción Democrática (AD), Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) y Unión Republicana Democrática (URD); el principal organismo económico nacional, Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (FEDECAMARAS), la Central Obrera, Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV); Fuerzas Armadas e Iglesia Católica se comprometieron a actuar solidariamente para preservar la naciente democracia, con lo cual se concretó un importante vínculo entre partidos, grupos económicos y Estado. Las Fuerzas Armadas sirvieron de garantía para la continuidad democrática y la Iglesia Católica representó el apoyo moral al naciente régimen.

Este conjunto de correlaciones de fuerzas políticas, económicas y sociales definieron el sistema hegemónico que predominaría en nuestro país. Los partidos políticos se convirtieron en los actores públicos de mayor peso y los grupos económicos tradicionales se mantuvieron en una excelente posición para la preservación de sus privilegios de clase.

Inicialmente, el pacto funcionó a través de un consenso activo. Sin embargo, a medida que los distintos actores sociales se fueron posicionando dentro del bloque establecido, quedó clara la vulnerabilidad de las clases subalternas ante los grupos dominantes, pues evidentemente habían sido desplazadas; prueba de la desactivación de las fuerzas subalternas es la exclusión del Partido Comunista de Venezolano (PCV) del acuerdo y el desplazamiento de la Junta Patriótica.

La relación entre Estado, partidos políticos y grupos económicos no sólo favorecía a los últimos, sino que lesionaba significativamente los intereses de las clases subalternas. Las demandas de la sociedad debían ser canalizadas a través de las estructuras partidistas, pues estas organizaciones políticas habían penetrado todas las instancias del Estado (aparato burocrático).

La hegemonía de la clase dominante sobre las clases subalternas que en un principio fue lograda a través del consenso, se mantuvo por la represión y la coerción del aparato burocrático degenerando en un consentimiento pasivo, -ubicándose éste en el momento en que URD se retira del Pacto de Puntofijo- que vendría a caracterizar nuestro bloque histórico.

Dentro del proceso de desarrollo del bloque histórico en el seno del sistema político, se fueron generando una serie de vicios y fallas que posteriormente conformarían el escenario para la aparición de la crisis hegemónica que se manifiesta hacia finales de la década de los 80 y principios de los 90, “… es en el funcionamiento del sistema político –en tanto en él se colocan los compromisos constitutivos- donde se halla la clave del funcionamiento y de la crisis del Estado… (Portantierro, 1981: 25).

La corrupción, ausencia de liderazgo, crisis de valores y pérdida de legitimidad de las instituciones representan las manifestaciones visibles de la crisis hegemónica, que no es otra cosa que el agotamiento de la estructura de las correlaciones de fuerzas políticas, económicas, sociales y militares.

La crisis hegemónica viene dada por la conjunción de las variables mencionadas que implican una crisis política, pues se refieren al desplazamiento de los actores que intervienen en el mantenimiento de un orden global; las relaciones internas entre todos los componentes del sistema político sufren un proceso de reubicación en el bloque histórico.

Una vez que las instituciones fundamentales del sistema político comienzan a ser cuestionadas, el sistema hegemónico se resiente, pues la acción hegemónica se fundamenta en la capacidad directiva que tiene la clase dominante para mantener el orden establecido en función de sus intereses.

El sistema político en la figura de sus instituciones permitió que se instituyera la cultura de la corrupción, pues el clientelismo político y el consumismo delinearon las pautas para satisfacer necesidades, por ello se hizo de la corrupción una forma de vida. La omnipotencia del poder, la indiferencia de los dirigentes políticos hacia las necesidades de las clases subalternas, establecieron la ausencia de líderes de la escena política. La sustitución de nuestros valores tradicionales por aquellos producto de un intenso proceso de alienación, explica la actitud pasiva de la sociedad ante la incapacidad del sistema de resolver sus problemas.

Finalmente, dada la pérdida de legitimidad de nuestras instituciones fundamentales expresadas a través de su poca credibilidad y representatividad: legisladores, jueces, políticos, etc. fueron rechazados por las clases subalternas al ser vistos como responsables del deterioro moral del país, pues no han sido capaces de cumplir con el rol para el cual fueron elegidos.

Siendo el 27 de febrero la primera manifestación de la fisura del bloque histórico, comenzó a hacer crisis la hegemonía que había caracterizado al país por más de 30 años. La población fijó ante la clase dominante una posición de rechazo al sistema y por consiguiente, de repudio al pacto institucional: aquí se caracteriza la crisis hegemónica, cuando se desconoce el pacto constitutivo del sistema hegemónico.

La evolución de la crisis hegemónica siguió su curso, pues la clase dominante solo usó el recurso de la represión para tratar de mantener el relativo orden.

La clase dirigente y los grupos económicos fueron sordos ante el clamor popular de un cambio en las relaciones de poder. A pesar de la permanente amenaza de una nueva protesta social, el poder político ignoró la situación, hasta que otro actor social apareció en el escenario político, agudizando el problema.

El 4 de febrero de 1992 se produjo el primero de dos intentos de golpes de Estado que sucedieron ese año. Un sector de la oficialidad de las F.F.A.A. de baja y media graduación se rebeló por cuanto el poder político estaba atentando contra la institucionalidad, siendo incapaz de cumplir con la función de representar y defender los intereses de las clases subalternas.

Ese mismo año, el 27 de noviembre un grupo de oficiales de alta graduación conspiró argumentando básicamente las mismas razones del primer grupo, aunque con diferente inspiración ideológica. Con esta segunda intentona golpista quedó definido el resquebrajamiento del bloque histórico construido sobre las bases del Pacto de Puntofijo y se agudizó la crisis hegemónica. El sistema iniciado bajo el compromiso de obedecer una determinada línea de acción política, fue cuestionado por uno de sus miembros fundamentales.

Influencia del Pretorianismo en el Sistema Político Venezolano

La Institución Militar en Venezuela, sin duda alguna, ha sido un actor político fundamental, no sólo a los efectos de la consolidación del sistema político, sino también de su sostenimiento, independientemente de su capacidad para mantener el control político exclusivo.

Esta circunstancia nos remite necesariamente a buscar las razones de tal comportamiento en los principios del Pretorianismo, definido por Samuel Huntington (1972: 177) como “la intervención de los militares en política.”

En este sentido, Huntington señala que es necesario distinguir las causas, de las consecuencias de la intervención. Para este autor existe una estrecha relación, que a veces ni siquiera se distingue, entre la intervención política y el faccionalismo militar, lo que pone de relieve el hecho causal: las mismas son siempre políticas y no militares. El intervencionismo no refleja las características sociales u organizacionales, sino la estructura política e institucional de la sociedad, con lo que queda clara la elevada politización de las instituciones sociales.

En otra definición, Mayer citado por Irwin (2002: 324) destaca que una sociedad pretoriana es aquella en la cual los militares juegan de manera ampliamente desproporcionada un rol político, esto debido al bajo nivel de institucionalidad desarrollado.

Por su parte López (en: Bobbio, Matteucci y Pasquino: 970) señala que la explicación del Militarismo se fundamenta en el aspecto situacional, en el que la inestabilidad política y la insuficiencia hegemónica conducen a la participación de los militares en la vida política.

En este sentido, resulta imprescindible diferenciar el Militarismo del Pretorianismo. En su acepción más amplia, el Militarismo hace referencia a una situación política en la cual el sector militar de una sociedad dada por una suerte de metástasis invade ésta, llegando a dominar todos los aspectos fundamentales de la vida social.[1]

Mientras que para Mundell citado por Irwin (2001: 250) señala que se da el Pretorianismo cuando: …el sector militar de una sociedad dada ejerce influencia política abusiva recurriendo a la fuerza o la amenaza de su uso. Es una abusiva conducta militar para con la sociedad en general y particularmente la gerencia política de una sociedad dada.

El Pretorianismo, como modelo de ejercicio político, puede presentarse según Huntington de tres formas: (1972: 180)

Pretorianismo Oligárquico: se caracteriza por la existencia de camarillas personales y de familia.
Sociedad Pretoriana Radical: Grupos institucionales y de Ocupaciones.
Pretorianismo de Masas: Clases y movimientos sociales que dominan la escena.

Por su parte, Perlmutter citado por Irwin (p. 252) elabora una tipología del Pretorianismo en la que este puede presentarse antes del nacimiento de la institución militar formal: Histórico o se trata de una modalidad más propia de sociedades con institución militar consolidada: Moderno. El Pretorianismo Moderno puede ser latente o potencial, es decir que puede ser estimulado, o ser actuante o manifiesto, es decir más activo, como en el caso de los intentos de golpe. El Pretorianismo Actuante puede ser Gobernante o Arbitro. El modelo Gobernante puede darse por la vía Actuante, a través de golpes militares o Potencial, mediante el tutelaje militar al que se somete la sociedad. Finalmente el Árbitro, ocurre en aquellas sociedades donde la institución militar es quien dirime los conflictos de los civiles.

El Pretorianismo encuentra terreno fértil en América Latina, debido a la inexistencia o debilidad de las instituciones políticas y sociales. La ruptura colonial dejó como herencia instituciones muy frágiles que no pudieron soportar por una parte la desarticulación y por la otra el vacío, lo que fue ocupado por la violencia y los regímenes militares.

La inestabilidad política hace su juego en la medida que las fuerzas sociales no logran construir un entramado institucional sólido, con lo que la insuficiencia hegemónica, vista como la incapacidad de sector social alguno para imponer su proyecto a la sociedad en forma perdurable a partir de modalidades consensuales de dominación (Bobbio y otros, p. 972), genera las condiciones suficientes para justificar la incursión militar en la escena política.

En América Latina, el militar es visto como la tabla de salvación, el gendarme necesario o el salvador de la patria. Es una concepción de tanto arraigo, que han sido numerosas las dictaduras militares que se han instaurado en el hemisferio, con el propósito de garantizar la paz social y la estabilidad política como justificación.

En el Pretorianismo, el Ejército intercambia autonomía funcional por influencia política, como ocurre con otros actores políticos: los estudiantes que conjuntamente con los intelectuales y los militares, conforman las fuerzas activas del modelo pretoriano.

Los militares, en el Sistema Pretoriano Radical, solamente actuarán cuando la polarización entre las fuerzas sociales sea extrema. Sin embargo si llegan a identificarse con el régimen existente o muestran lealtad, las fuerzas contrarias no pondrán en peligro al gobierno.

El vínculo del poder civil con la institución a través del Alto Mando Militar, que ejerce inevitablemente una influencia incuestionable sobre las decisiones civiles, define al sistema político venezolano, caracterizándose por una institución que dado el monopolio legítimo de la violencia física que ejerce, en ocasiones no esconde su aspiración a lograr el control político, que justifica en el poder y la dominación que despliega a través del uso de la coerción.

Es la ausencia de control civil, definido como la subordinación del sector militar a las autoridades civiles legalmente constituidas (Olivieri y Guardia, p. 8) lo que ha permitido que la Institución Militar mantenga una relación de dominación sobre el poder civil, dado el monopolio de la violencia física que ejerce.

Nuestra tradición, desde la propia independencia, ha sido la del militar en el poder o muy cerca de él. La Fuerza Armada ha sido un actor político relevante en el ámbito de las representaciones sociales, con una influencia desmedida en la política nacional (Olivieri y Guardia, p. 6).

La razón la podemos encontrar en la realidad de un modelo de tutelaje militar que inevitablemente nos está conduciendo hacia el desarrollo de formas pretorianas de ejercicio del poder (Olivieri y Guardia). Vemos como para el civil la paradoja del militar se resume en la potestad del uso de las armas, de lo cual tiene su monopolio, que es lo que finalmente le va a permitir ejercer ese control político.

El sostenimiento del modelo democrático ha descansado históricamente en el apoyo de la Fuerza Armada, a través del Alto Mando, quien no solo controla a la institución, sino que además, tiene la potestad no otorgada pero ejercida, para desconocer y reconocer el poder político civil de la nación, en lo que pareciera ser una clara evidencia del control político.

Sin embargo, en algunos episodios históricos hemos observado como la Fuerza Armada no logran en su totalidad el control político interno y externo: en los dos intentos golpistas del 4 de Febrero y del 27 de Noviembre de 1992, los cuadros medios de la FAN en el primero y la alta oficialidad en el segundo, no logran una intervención definitiva del poder civil, por lo que se puede encontrar un cierto paralelismo con los sucesos de Abril de 2002, cuando el Alto Mando en una serie de decisiones contradictorias, definitivamente se desarticula como una estructura de poder -es decir, como actor político- lo que permite finalmente poner en duda su capacidad para mantener el control político exclusivo dentro del sistema político.

CONCLUSIONES

La cultura política en Venezuela resulta ser el encuentro de la herencia de quienes nos conquistaron conjuntamente con las particularidades que se fueron incorporando a partir del mestizaje social. En esta reflexión, hemos intentado describir las características de la democracia venezolana, para procurar dibujar lo que ha sido el fundamento de nuestra cultura política

A pesar de que nuestra Democracia fue consagrada constitucionalmente como representativa, este modelo no ha podido ser desarrollado por completo. Precisamente nuestra crisis de legitimidad es producto en gran medida de la escasa representatividad de nuestros dirigentes políticos; ello se debe fundamentalmente a la ausencia de credibilidad en su liderazgo.

La clase política venezolana descuidó su responsabilidad de orientar y guiar a sus electores y en lugar de ello se dedicó a fortalecer su posición hegemónica, defendiendo intereses particulares. La imagen del dirigente político se fue desvirtuando de tal manera que el venezolano no tuvo un líder en quien creer, a quien seguir.

Bajo estas condiciones, las relaciones de poder no permitían articular las demandas de sectores subalternos, para hacer efectiva su participación en la llamada Democracia Consensual, que el venezolano podía ejercer comicios electorales; la forma más usual era a través de la vinculación con uno de los partidos políticos del estatus (el clientelismo político). A medida que fueron perdiendo representatividad, el gobierno y las instituciones, aumentaron su ilegitimidad y en consecuencia contribuyeron a la desvalorización del régimen democrático.

Así se fue desarrollando un modelo hegemónico que terminó destruyendo la esperanza en una verdadera Democracia, pues el venezolano común, el sistema político venezolano no representaba sus intereses, no había posibilidad de participar en el proceso de toma de decisiones que le afectaban, no había líderes: un régimen que no refleja los valores del colectivo no tiene credibilidad.

Son muchos los factores que indican una crisis de hegemonía, pero en el objeto de esta reflexión, la pérdida de legitimidad es la manifestación más importante, por cuanto es el que mayor efecto genera en la institucionalidad democrática venezolana.

De la crisis militar podemos obtener referentes valiosos para poder comprender el agotamiento del modelo hegemónico venezolano. El 4F reveló el resquebrajamiento de la unidad interna de la Fuerza Armada, el 27N reflejó el descontento de algunos sectores militares con la corrupción moral que se apoderó de la cúpula militar.

Además, hay un hecho clave para fortalecer la idea del peso que tiene en la crisis hegemónica la pérdida de legitimidad: los valores y principios que salieron a defender y rescatar a los insurrectos, no son los mismos que le escuchamos a nuestros dirigentes políticos. Ahora bien, en las clases populares, a pesar de que no hubo un apoyo masivo a los alzamientos, la similitud de ideas y necesidades, es innegable. Las banderas de los movimientos insurreccionales fueron las mismas de los sectores subalternos: el rescate del país a través de una reconstrucción moral.

Esa articulación, probablemente lo que refleja es que la Fuerza Armada es un garante de la institucionalidad, pero también se puede comportar como actor político, por cuanto no está impedido de reconocer las debilidades institucionales y que por una tradición histórica de carácter hemisférico, ha tenido que actuar decididamente para preservar el equilibrio político en numerosas oportunidades.

En síntesis, nuestra cultura política está profundamente articulada con la cultura democrática, pero en ella también se encuentra un espacio significativo para los valores de la cultura militar de la cual no podemos distanciarnos porque ha formado parte de nuestro imaginario colectivo desde nuestros inicios como república. Quizás lo cabe esperar es que la cultura democrática logre imponerse por encima de tentaciones que pretendan ignorar lo que en esencia ha caracterizado a la cultura política venezolana: su fe inquebrantable en la libertad.

BIBLIOGRAFÍA

Bobbio, N., Matteucci, N. y Pasquino, G. (2002) Diccionario de Política. 13ª ed. México: Siglo XXI Editores S. A. de C. V.

Huntington, S. (1972) El orden político en las sociedades en cambio Buenos Aires: Paidós

Irwin G., D. (2002) Comentarios sobre las Relaciones Civiles y Militares en Venezuela, Siglos XIX al XXI. Edición: No Publicada. Caracas.

Olivieri, G. e I. Guardia (2003) El fogonazo venezolano: la crisis de abril de 2002. Una explicación de la violencia política en Venezuela. [Tesis en línea] Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela. Consultada el 13 de marzo de 2005 en: http://www.ndu.edu/chds/redes2003/Academic-Papers/6-Military- Sociology/3-Military-Civilian-Relations-LATM/4%20 Guardia-final.doc

Portantierro, J. (1981) Sociedad Civil, Estado Sistema Político. México: FLACSO.

[1]Irwin, D., p. 249