Cuando Hugo Chávez apareció en la escena política venezolana, no fueron pocos los que saltaron de la emoción: intelectuales, profesionales y por supuesto el pueblo. Existió una sensación de admiración tremenda, por que al fin hubo quien señaló directamente y sin temor alguno a quiénes eran considerados como culpables de la crisis de nuestra democracia.
Uno de los ángulos más interesantes de la justificación de la intentona golpista del 4F de 1992 fue precisamente la intromisión de los partidos políticos en la institucionalidad militar. Para las Fuerzas Armadas era aberrante depender de las cúpulas partidistas al momento de los ascensos.
La penetración de los partidos políticos en la institución militar, fue entre muchos otros motivos relacionados con la gobernabilidad, un factor decisivo para que los militares se decidieran a atentar contra un gobierno legalmente constituido, producto de un proceso electoral absolutamente lícito, que posteriormente al ser cuestionado en su legitimidad, fueron activados mecanismos institucionales y constitucionales, para resolver la inestabilidad en que degeneró dicho régimen.
La ausencia de gobernabilidad la venimos padeciendo desde hace mucho tiempo. La consolidación de la democracia venezolana se produjo como consecuencia de un pacto entre las fuerzas políticas y sociales luego de la caída de Pérez Jiménez: el Pacto de Puntofijo. Debido a las amargas experiencias de la dictadura, la clase política venezolana entendió que sólo unidos bajo unas reglas de juego claras, era posible echar a andar la democracia en nuestro país.
Sin embargo, la posterior ruptura del pacto, nos llevó a la conformación de un modelo político donde el bipartidismo nos condujo por un embudo a un sistema de conciliación de élites, bajo cuya estructura, el clientelismo político y el populismo pasaron a ser las características predominantes del sistema político venezolano.
La institucionalidad se resintió, inevitablemente. Los partidos acordaban los cargos más importantes, el Fiscal General de la República (aun cuando era una regla no escrita que el Fiscal General no fuese un representante del partido de gobierno), el Contralor General de la República, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, según cuotas, llegando a lo más insólito: ¡se debatían las fichas correspondientes a las corrientes internas de cada partido¡
Esto nos llevó a un quiebre de la institucionalidad, que se manifestó en la poca confiabilidad en la democracia como régimen de gobierno.
El deterioro fue aumentando porque la sociedad no encontró los canales de participación -secuestrados por los partidos políticos- que le permitieran manifestar su posición, resignándose a un papel intermitente en cada elección nacional, regional y local.
Los esfuerzos de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), por ofrecer la visión de un país moderno al que podíamos aspirar, fueron quizá la oportunidad más clara de apostar a un cambio, sin embargo faltó la voluntad política de ejecutarlos.
El comienzo del fin lo marcó la ruptura del bipartidismo con la reelección de Rafael Caldera. El paso siguiente con toda lógica, fue el triunfo de Hugo Chávez, pues en ello se resume el desprecio del país por una clase política corrompida por el poder.
La llegada de Chávez a la primera magistratura nacional generó amplios temores y expectativas. Para muchos fue un castigo, para otros la esperanza de un cambio. Hoy estamos ante un enorme fraude, pues para uno y otro sector, el balance debería ser el de una transformación política a la que llaman proceso, que consiste en la destrucción de un sistema político para sustituirlo por un modelo por el que se debaten algunos en calificarlo de revolucionario, autoritario, facista o castro-comunista.
Aquellos que creen en el llamado proceso lo interpretan como la posibilidad de darle al pueblo el poder de decisión. Los que lo critican señalan su compromiso con la implantación de un régimen totalitario.
Si atendemos a la realidad de los hechos, Hugo Chávez comenzó por repudiar la Constitución de 1961. Con una tenacidad incuestionable, nos condujo a una serie de procesos de consulta que parecían interminables: el Referéndum Consultivo del 25-04-99, el Referéndum Aprobatorio del 15-12-99, las Elecciones Presidenciales de 2000, las Elecciones Municipales y el Referéndum Sindical.
Hasta ese momento estaba operando el desmontaje de una estructura de poder que hacía inviable la implantación de su proyecto político. Su promesa era que una vez culminada la fase política, comenzaría inmediatamente la económica.
Sin embargo, en el transcurrir de la etapa política, el presidente fue arremetiendo contra algunos sectores con tal contundencia que, los medios de comunicación social, otrora factores importantes en su proyección victoriosa, pasaron a ser enemigos del proceso.
Por supuesto, que en el camino se fueron quedando los partidos políticos, dejando a la sociedad a merced del proyecto revolucionario. Los resultados electorales daban cuenta de una tremenda incapacidad de respuesta por parte de los sectores contrarios al proceso, no en balde opinaban algunos analistas que Chávez necesitaba con urgencia de una verdadera oposición.
Una vez alcanzado el soporte institucional y constitucional, todos esperábamos la activación de la propuesta económica. Sin embargo, los planes de desarrollo parecían inexistentes frente a la enorme atención que recibía el Plan Bolívar 2000, que era el centro de las políticas públicas desplegadas por el gobierno. No tardaron en aparecer denuncias de malos manejos de los recursos destinados a dicho plan. Con ello quedó al descubierto la poca voluntad del gobierno de hacer buena su palabra de luchar contra la corrupción.
Las debilidades del gobierno para conducir el Estado eran evidentes: el desempleo fue en aumento, la ausencia de incentivos para la inversión privada, la inexistencia de políticas públicas coherentes, la inseguridad personal y jurídica, fueron configurando un panorama sombrío para un verdadero cambio.
Los antagonismos se fueron acentuando con la promulgación de un conjunto de leyes en el marco de la Ley Habilitante, que en algunos casos se llegaron a interpretar como violatorias del derecho a la propiedad privada.
La falta de instituciones independientes comenzó a ser más que una presunción. El poder legislativo operando como una aplanadora; el poder judicial respondiendo a los intereses del ejecutivo, el poder ciudadano con representantes del presidente y el poder electoral como apéndice del gobierno.
La fragilidad institucional fue profundizando la brecha entre quienes defienden el proceso y quienes lo adversan, sin embargo no fue sino hasta 2001 que se comenzó a formar un frente opositor: el decreto 1011 sobre la Supervisión Educativa marcó el inicio de movilizaciones de la sociedad civil contra acciones concretas del gobierno.
Hacia finales del año la voluntad de luchar contra lo que se consideraba como acciones inconstitucionales del gobierno se manifestó con el primer paro cívico nacional del 10 de diciembre, luego vendrían otras movilizaciones, como la del 23 de enero de 2002, emblemática por ser la primera gran demostración del músculo social opositor.
En el marco del segundo paro cívico nacional convocado por la oposición, sucedieron los hechos de abril que todavía hoy conmocionan al país. En este escenario los acontecimientos se desarrollan con tal velocidad que se despide a unos altos ejecutivos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), líderes del paro petrolero, se comete una terrible matanza de manifestantes el 11 de abril, el ejército desconoce la autoridad del Presidente Chávez, se nombra un Presidente Interino, Pedro Carmona Estanga, se produce una ruptura del hilo constitucional al disolverse los poderes y se devuelve a la Presidencia a Hugo Chávez.
Estos hechos llevaron al gobierno y a la opinión pública internacional a catalogar a la oposición como golpista. Los países latinoamericanos condenaron los hechos, EE.UU. y España reconocieron al gobierno interino velada o abiertamente, por lo que fueron señalados como cómplices.
La oposición se vio sola y a la deriva, pues remontar esa cuesta iba a ser muy difícil. Sin embargo, el gobierno ha sido errático para aprovechar el viento a su favor, pues aun cuando la opinión pública internacional se niegue a aceptarlo, este gobierno tiene un dossier de violaciones a los derechos humanos, a la constitución y las leyes, que tarde o temprano, tendrán que ser reconocidas: medios de comunicación y periodistas con medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), asesinato de los manifestantes del 11A, ajusticiamientos por parte de cuerpos de seguridad del Estado, asesinatos de la Plaza Altamira, agresiones a manifestantes por parte de efectivos militares.
Es difícil para otros países comprender cómo un presidente electo de forma legítima puede desarrollar su mandato de manera ilegítima. La respuesta puede estar en la naturaleza de su proyecto político.
En 1992 Hugo Chávez decía que la tragedia de Venezuela era la terrible manipulación de los partidos políticos de las instituciones. Nuestra realidad hoy día es mucho más grave, pues ya no son los partidos políticos los que tienen el monopolio del poder en nuestro país, sino que éste se concentra en las manos de un solo hombre: el Presidente de la República.
Gracias a una muy hábil técnica matemática, la Asamblea Nacional (AN) quedó en manos del gobierno, de tal forma que quien legisla es el Ejecutivo. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tiene una mayoría claramente identificada con el gobierno, para quien sentencia. El Poder Ciudadano tiene en el Fiscal General de la República al primer Vicepresidente Ejecutivo de la República; el Contralor General de la República, no encuentra delito alguno, si se trata de funcionarios del gobierno y el Defensor del Ciudadano, quien vergonzosamente es calificado de “defensor del puesto”.
¿Dónde quedaron las críticas al modelo político venezolano que mediatizaba la voluntad de la sociedad? El vehículo de participación política de este proceso pareciera ser los llamados Círculos Bolivarianos, que para algunos sectores, son el brazo armado de la revolución.
¿Cómo interpretar la subordinación de todas las esferas de la vida pública nacional a los intereses del proyecto político del presidente? Recordemos los intentos por intervenir la Universidad Central de Venezuela (UCV), la arremetida contra el sector de la Cultura Venezolana, los intentos por romper con el modelo organizacional de PDVSA y el más grave de todos, la conversión de la Fuerza Armada Nacional (F.A.N.) en un ejército al servicio del proyecto político del presidente.
¿Cuál es la diferencia con el modelo puntofijista? ¿Qué beneficios le ha traído a la nación estos cuatro años de gobierno revolucionario? ¿Qué cambios se han operado para mejorar las condiciones de vida de todos los venezolanos?
Si hay algo positivo de toda esta crisis es que los venezolanos han reconocido que no son otros lo que deben participar para decidir el rumbo del país, la abstención quedará en el recuerdo; que no se trata de esperar por el mesías porque en cada venezolano hay un líder en potencia, todos los días se demuestra que este es un pueblo valiente y luchador, ¿por qué esperar por un salvador?
La lucha por recuperar espacios de coexistencia pacífica seguirá hasta demostrar que sólo mediante el consenso, el reconocimiento del otro y el respeto hacia el disenso, sean la base de la convivencia nacional.
El futuro político de Venezuela está signado por la participación activa de la sociedad, en todos sus niveles y expresiones; va a ser muy difícil devolver a la gente a sus casas, pues de ahora en adelante, la sociedad política deberá aceptar que la sociedad civil va a compartir espacio y responsabilidades que antes le eran negados. Los errores y aciertos del futuro no serán exclusividad de la clase política. Ahora Venezuela se dirige hacia la construcción de una nueva nación, el parto está cercano, ¡a prepararse para ese alumbramiento con fe y esperanza¡
María Isabel Puerta Riera
26-12-02
Maria Puerta-Riera 