El régimen político venezolano que construyó Hugo Chávez contó con el carisma de su fundador como principal capital. Pero como no era suficiente con sus cualidades personales, Chávez se hizo de la institucionalidad para acompañar la consolidación de su proyecto político, quizás anticipando épocas menos favorables a su encanto personal. Una de las principales herramientas “institucionales” del chavismo ha sido, sin duda, el Tribunal Supremo de Justicia.
Chávez no pudo legarle a Maduro su carisma, pero en el capital político que han pretendido que el heredero pueda conservar -en vano-, está la estrategia de judicialización de las decisiones políticas algo a lo que Chávez apelaba con bastante regularidad y que el régimen de Maduro ha dado continuidad, precisamente para mantenerse en el poder. Esto comenzó antes del fallecimiento del propio Chávez, cuando el 10 de Enero de 2013, debiendo decidirse si su ausencia sería de corto o largo plazo [que en este último caso requeriría que el Presidente de la Asamblea Nacional asumiera el cargo y convocara de inmediato a una nueva elección presidencial en 30 días], gracias a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, el entonces Vice-Presidente Maduro no sólo prestó juramento, sino que también fue designado candidato -tal como el presidente Chávez había dispuesto en su testamento televisado del 8 de diciembre de 2012- para la nueva elección presidencial del 14 de abril de 2013, todo esto avalado por el máximo tribunal de la nación.
Posteriormente, en diciembre de 2014, y por tercera vez, en la Sala Constitucional del TSJ se define la designación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, luego de que fuese calificada la omisión legislativa por no contar con los votos suficientes en la Asamblea Nacional para su aprobación. En su trayectoria institucional, la Sala Constitucional ha demostrado una lealtad incuestionable hacia el proyecto político chavista, no solamente con el nombramiento de autoridades de los otros poderes públicos, sino con el respaldo público de sus magistrados en reiteradas oportunidades, evidenciando su parcialidad hacia el gobierno, reforzando la ausencia de división de poderes en el país.
Este escenario institucional es un piso muy precario para sostener a la democracia, donde la ausencia de separación de poderes y el muy difuso estado de derecho se combinan en una plataforma de apoyo para un proyecto hegemónico con el propósito inequívoco de garantizar su permanencia en el poder. El costo de esta estructura se refleja en la ausencia de credibilidad en las instituciones, la pérdida de confianza en el sistema judicial y la creciente convicción de una administración de justicia profundamente corrompida.
El triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 abrió las puertas para una posible recuperación institucional, que con urgencia requieren tanto el poder judicial como el poder electoral, para de esa forma reconstruir el tejido institucional que toda democracia necesita para su fortalecimiento, que además la oposición reconoció como condiciones imprescindibles para la recuperación del país. El régimen político, gobierno y demás instituciones, conscientes de lo que representaba la mayoría absoluta opositora para la continuidad del proyecto revolucionario, se articularon en una estrategia obstruccionista para no solamente arrebatarle la mayoría absoluta por la vía judicial, sino además restarle competencias, minando la legitimidad de la Asamblea Nacional. Con ello, no solamente se restringe la función parlamentaria de la oposición sino que se procura impedir cualquier posibilidad de lograr equilibrio entre los distintos poderes públicos, así como restarle fuerza al voto como mecanismo de resolución de conflictos políticos.
La actuación del TSJ bajo el gobierno de Maduro ha sido de continuidad con respecto al comportamiento institucional observado durante el gobierno de Chávez, la suspensión de los diputados representantes de los pueblos indígenas y la negación de las atribuciones de la Asamblea Nacional, violando a la propia constitución, son evidencia del uso del más alto tribunal de la república como un instrumento de manipulación política. El problema es que la progresiva destrucción de la capacidad institucional, no solo de la AN sino del propio TSJ, le hacen más daño al país de lo que se percibe, pues cada vez queda más claro el carácter autoritario del régimen político venezolano.
En estas condiciones, resulta ineludible pensar que cualquier salida constitucional a la crisis política venezolana requerirá de un sólido respaldo institucional en la figura del TSJ y el CNE, algo en lo que la AN tiene una enorme responsabilidad. Si previamente no hay garantía de actuaciones amparadas en las leyes, ni ejecución de acciones desde instituciones de incuestionable transparencia, será muy difícil la activación de cualquier mecanismo institucional de solución de la crisis política. De manera que la tarea pendiente de la AN es cómo frenar la estrategia de judicialización de las decisiones políticas por parte del gobieno, recuperando el ejercicio pleno de sus funciones, para de esta forma garantizar las condiciones mínimas necesarias para el retorno de la democracia. Tarea nada fácil, pero que frenando la dispersión entre los factores políticos diversos, se podría consolidar una estrategia común.
Maria Puerta-Riera 