El Estado fallido no es un concepto que deba manejarse a la ligera, en él se encuentran reunidos un conjunto de características muy especificas, tales como: incapacidad para mantenerse dentro de la comunidad internacional, lucha civil, quiebre del gobierno y privación económica[1]. En Venezuela, a pesar de que la situación es desesperada, el régimen político chavista todavía tiene margen de maniobra gracias al control institucional, pues sobre todo después del 6D, ha sido esa circunstancia la que le ha permitido al gobierno de Maduro neutralizar a la mayoría parlamentaria de la oposición, frenando por la vía del Tribunal Supremo de Justicia los efectos de sus decisiones legislativas.
La crisis venezolana ocurre en medio del declive de la izquierda latinoamericana en el poder, que por una parte responde al agotamiento de un modelo político, y que aún cuando mantiene amplios respaldos en la región, no deja de sufrir las consecuencias de las crisis políticas en Venezuela, Argentina y Brasil; pero por otra parte, los países en crisis solo tienen a sus respectivos gobiernos como responsables del pésimo manejo de sus economías, a pesar de las conspiraciones domésticas e internacionales a las que apelan invariablemente. El resurgimiento de la izquierda latinoamericana tuvo su apoyo en una retórica de reivindicación social, contando con apoyo significativo en la población, así como también creando grandes expectativas de justicia material. En Venezuela, a pesar de los elevados ingresos extraordinarios, el gasto fue incontrolable –tanto como imposible de auditar- porque además la corrupción se apoderó de la gestión pública, al extremo que ha sido la propia Contraloría General de la República quien ha señalado en sus informes anuales, la naturaleza “inauditable” de algunas instancias del poder popular[2]. Ese capital político de la izquierda fue mermando en la medida en que la corrupción y la aspiración a eternizarse en el poder se hicieron proporcionales. El apoyo regional que ha acompañado a los gobiernos de izquierda no es garantía a mediano plazo de mayores esfuerzos, solo se trata de mantenerse dentro del discurso mientras puedan.
La vitrina de América Latina
Dijo en una oportunidad Arturo Uslar Pietri[3] que en Venezuela “no se ha vivido en democracia sino en un régimen de libertades”. Si entendemos como democracia al régimen político en el que los ciudadanos pueden hacer a los gobernantes responsables por sus acciones en el ámbito de lo público, mediante la competencia y cooperación de sus representantes electos[4], es cuestionable no el concepto sino nuestra propia concepción sobre la democracia, en la que esa noción de accountability está lejos de ser parte de los requerimientos para el ejercicio de la función pública, mucho menos el rol de vigilante por parte del ciudadano.
Pero además, el asunto se complica cuando al incorporar las variables de participación efectiva, igualdad del voto, decisión mayoritaria, control de agenda, y acceso a información, lo que Dahl llamaba poliarquía, nos encontramos con que en Venezuela el chavismo creó una nueva estratificación social en la que patriota se opone a contrarrevolucionario o traidor a la patria; el ejercicio del voto está condicionado por la identificación con la parcialidad política en el poder (caso Diputados de Amazonas es el ejemplo más reciente); las decisiones políticas están en manos de quienes alcanzan la mayoría, pero no necesariamente eso sea suficiente para ejercer la autoridad (alcaldes y gobernadores opositores, Asamblea Nacional); los ciudadanos deben incidir en la definición de los asuntos públicos sobre los cuales debatir, que en el caso venezolano, corresponden a los intereses del proyecto político y no a los de la sociedad; y finalmente, el acceso a la información debe darse en condiciones similares para todos, siendo este uno de los rasgos más débiles de la democracia venezolana en los actuales momentos, no solo por la ausencia de medios libres (como lo señala Freedom House en sus reportes sobre la libertad de prensa), sino fundamentalmente, por la opacidad informativa en los escasos medios no oficialistas que todavía circulan.
Pueblo contra pueblo
Si algo da cuenta del deterioro del país, del acelerado resquebrajamiento de las condiciones de vida en Venezuela, son los alarmantes índices de delincuencia. La ausencia de institucionalidad y por ende, la impunidad, sin duda son factores determinantes en el incremento de los delitos contra la propiedad privada y la negación del derecho a la vida. Era previsible que a mayor impunidad, mayores niveles de violencia, expresados en los ajusticiamientos, ajustes de cuentas y linchamientos que copan los titulares en medios digitales y redes sociales. El enfrentamiento político está cediendo espacio a las escaramuzas por bolsas de comida, ¿faltará mucho para las peleas por los desperdicios?
La muy temida guerra civil se libra de forma sostenida, en medio de un estallido de liberación prolongada, entre el desasosiego de las colas, el racionamiento de agua y electricidad, el caos del transporte público insuficiente –y deficiente-, la vida diaria se ha convertido en un calvario en el que no hay excepciones para nadie, es la democratización de la escasez, y contrario a la opinión de muchos, nada de ello es fruto de la improvisación o la casualidad, se trata de la consolidación de un proyecto que persigue la dependencia aún, si se puede, mayor a la de la renta petrolera, es la administración de la miseria.
Los motores de la revolución no arrancan
El gobierno de Nicolás Maduro continúa mostrando una tendencia al descenso, con 26,8% de apoyo a su gestión, frente a 92,5% de evaluación negativa de la situación del país, de acuerdo al más reciente estudio de Datanálisis reseñado por Reuters[5]. En la misma encuesta se señala un 68,9% favorable a la renuncia o revocatoria del mandato de Maduro, mientras que 57,3% afirma que votará a favor de revocarlo si se convoca el referendo este año. Estos números no resisten mayores dudas, el gobierno de Maduro se deteriora pero no a la velocidad del derrumbe del país, y aunque suene paradójico, eso lo mantiene a salvo. Las razones pueden parecer muy simples, pero eso demuestra que no todo es azar cuando se trata de las consecuencias de la políticas ejecutadas por el gobierno.
El caos no es un accidente en la revolución bolivariana de Chávez, es un escenario provocado, necesario para afianzar el control social y garantizar el poder. Lo que hasta ahora ha hecho Maduro, ha sido profundizar en las políticas de Hugo Chávez que han conducido al país a la actual parálisis. La anomia, no como ausencia de normas, sino como inefectividad de las mismas, es parte del proyecto. Nada más recordemos cuando Chávez insistía en la necesidad de prescindir de todos los símbolos de la burguesía, incluidas sus instituciones y leyes. La creación del poder popular y todas sus instancias no pretenden la promoción de la participación, sino la consolidación de la anomia, el caos, para que las decisiones del poder central no tengan un muro de contención. Los motores de la revolución no arrancan, pero eso es lo que mantiene al país en vilo y le permite al régimen avanzar en su proyecto totalitario. Mientras, unos buscan salvar a la revolución y otros buscan salvarse a sí mismos. Habrá que ver quiénes triunfan.
La democratización de la miseria
La revolución prometió desaparecer a la clase política que la precedió, también la igualdad en la distribución de la renta. Cuando se terminaron los ingresos extraordinarios, cuando los excedentes desaparecieron a manos de unos cuantos revolucionarios patria o muerte, se terminaron los dólares baratos de CADIVI y las Misiones, patriotas y contrarrevolucionarios despertaron a la realidad, la miseria era el destino de esa promesa de justicia social. Nadie podrá quejarse, somos todos iguales, a todos nos toca padecer la falta de alimentos, medicinas, electricidad, agua. A todos nos toca experimentar la violencia, porque ni siquiera el oficialismo está a salvo.
El declive económico que experimenta Venezuela es producto de políticas erradas, que para los efectos del proyecto político de Hugo Chávez, eran absolutamente necesarias, de allí que Maduro no contempla cambios en el curso de la política económica del país, pues implicaría no solo abjurar del legado político de Chávez, sino además alterar el curso del la revolución.
Una democracia que no fue
Si bien Venezuela todavía no es un Estado fallido, su democracia lo es. No quedan muchos rasgos con los que intentar justificar la existencia de una forma de vida que alguna vez fue ejemplo en la región. El chavismo, con ayuda interna y externa, terminó sepultando lo que alguna vez fuera la aspiración de cambio social más grande. Ahora pareciera que lo que queda es la silenciosa resistencia de un país que se niega a rendirse, pero al que le están minando su dignidad en una sucesión de eventos desafortunados. Si algo aparece como signo de esperanza, de rescate de ese espíritu democrático, es que mientras los mecanismos para expulsar del poder al chavismo sean institucionales, constitucionales y legítimos, el país está dispuesto a ser parte de ello. No debería despreciarse por muy cuesta arriba que parezca, cuando un pueblo está dispuesto a expresar su voluntad, esa es a fin de cuentas, la mayor declaración de espíritu democrático que se pueda esperar de una sociedad civilizada.
El camino de re-democratización que la sociedad venezolana está dispuesta a emprender se encuentra expresado en su apoyo a la revocatoria del mandato de Maduro, pero más allá de su ocurrencia o resultado, está la disposición a removerlo por la vía constitucional –no por un golpe de palacio o militar- lo que debería servir de advertencia a aquellos siempre dispuestos a tomar vías alternas. La sociedad le dice a la clase política cuáles son sus condiciones, y una acción temeraria no está dentro de sus opciones, por lo que el liderazgo político debe entender de una vez por todas, que la sociedad está dispuesta a apoyar a los que, con madurez y criterio, ofrezcan salidas razonables, por lo que deben comenzar por mostrar estrategias unitarias y cesar en los conflictos personalistas. Falta mucho para elegir a un presidente, lo crucial en este momento es desactivar la bomba de tiempo que representa la crisis. El rescate de la democracia venezolana depende de cómo se logre recuperar el funcionamiento de las instituciones, el proceso para lograr la salida de Maduro es parte de ello.
[1] … a disturbing new phenomenon is emerging: the failed nation-state, utterly incapable of sustaining itself as a member of the international community. Civil strife, government breakdown, and economic privation are creating more and more modem debellatios, the term used in describing the destroyed German state after World War II (Gerald B. Helman, Steven R. Ratner, 2010).
[2] En el caso de los consejos comunales auditados, la CGR hace saber que las inconsistencias, las debilidades administrativas y la falta de soportes constituyen graves irregularidades, lo que no permite una auditoría exhaustiva a los entes seleccionados.
[3] http://elpais.com/diario/1999/07/20/opinion/932421603_850215.html
[4] Modern political democracy is a system of governance in which rulers are held accountable for their actions in the public realm by citizens, acting indirectly through the competition and cooperation of their elected representatives (Schmitter y Karl, 1991).
[5] http://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-idUSKCN0XV2JD
Maria Puerta-Riera 