Monthly Archives: April 2017

El inagotable debate opositor

En 2002 la Oposición se ganó -sin haberlo procurado- la fama de “golpista”. Eso contribuyó a consolidar el chavismo, victimizándolos. La Oposición ha tenido que trabajar muy duro, interna y externamente, para recuperar su imagen de actor político respetable, no solamente por la vinculación de algunos de sus miembros en este lamentable episodio, sino además, por las diferencias naturales entre organizaciones políticas de diferente inspiración ideológica. A pesar del fortalecimiento del chavismo a lo largo de los años, la Oposición ha logrado recuperar espacios en las elecciones parlamentarias de 2010 y 2015. En ese amplio espectro que es la Oposición persiste una lucha entre los factores que apuestan por salidas democráticas, y otros que favorecen soluciones expeditas -no contempladas por la Constitución- alimentando un ambiente de conflicto incesante. En cada oportunidad que la Oposición muestra un frente unido, dispuesto a asumir una agenda unitaria, se desatan la amenazas de los sectores que desacreditan el valor que tiene la promoción de salidas constitucionales a la crisis. Ahora la discusión es que la MUD debe rechazar las elecciones regionales para no “enfriar la calle”, un debate absurdo porque no tiene sentido renunciar a unas elecciones que contribuirían a aumentar la presencia de la Oposición en el mapa político, además que se trata de un mandato constitucional, resultando en una contradicción combinar la lucha por la democracia con la renuncia al ejercicio de derechos políticos. Este es precisamente el comportamiento por el que la Oposición no es confiable, que genera dudas sobre su vocación democrática. La Constitución establece los lapsos de las elecciones regionales y presidenciales, las primeras debieron haberse efectuado en 2016, la elección presidencial debe efectuarse en 2018, no antes, tal como lo señala el art. 233 de la CRBV, Maduro está completando el período constitucional 2013-2019. Cuando sectores de la sociedad advierten que no se puede ir a elecciones regionales sin antes cambiar el sistema, solo hay dos formas de lograrlo: 1) negociando con el chavismo la resstructuración del CNE, CMR y el TSJ, o 2) dando un golpe. Considerando que para estos mismos sectores cualquier negociación es sinónimo de “traición”, está claro que su preferencia es la opción 2, por tanto, para los sectores democráticos eso está absolutamente descartado. Lo que está planteado entonces en la Oposición no son meras diferencias estratégicas, sino la confrontación ideológica de dos formas de concebir la polítca. Esta discusión no debe sino fortalecer las convicciones democráticas tanto de opositores como de los mismos chavistas, para que en consecuencia se reflejen en su conducta política frente a la crisis terminal del sistema político venezolano.

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A propósito de la represión en el estado Lara #Venezuela

La represión desatada en el estado Lara ha sido bestial, los registros apuntan al ensañamiento. La mayoría de las víctimas en esta nueva etapa de protestas son de ese estado del interior. El dato no es poca cosa si consideramos que uno de los aspirantes a encabezar la “transición” es su gobernador, quien hoy denunciaba al SEBIN y a los grupos paramilitares del gobierno (colectivos) como responsables de la violencia. Esa reacción del mandatario regional no hace sino reforzar la percepción que uno tiene sobre la escalada de violencia en Barquisimeto, Cabudare y hasta Carora. No se trata solamente de los asesinatos a manos de fuerzas paramilitares, los heridos y daños materiales. La violencia ha llegado por la vía judicial con la presentación de periodistas en tribunales. Esa advertencia que hace el gobernador dice mucho, porque efectivamente el ensañamiento busca profundizar el daño y mostrar que el primer mandatario regional no tiene poder para proteger a la población de la violencia auspiciada por el régimen. El mensaje no va dirigido a Lara, quienes conocen de sobra a su gobernador, sino al resto del país, desmontando el argumento que soporta su idoneidad para una posible transición, como hombre conocedor del chavismo y del mundo militar. El mensaje del régimen es que no importa de quién se trate, que la única garantía es que no habrá paz si el chavismo sale del poder, porque son ellos quienes controlan la violencia. Y para ello cuentan con los Militares.

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Venezuela en su nueva encrucijada

La crisis política venezolana vive otra etapa de intensificación de la protesta, en medio de continuas demandas de una salida electoral, las decisiones judiciales han puesto en entredicho nuevamente la separación de poderes en el país, haciendo posible la unión en clamor popular de dirigentes políticos y sociedad civil, conduciendo a la inevitable profundización de la grave situación política del país.

En Venezuela se inicia en el año 2013 la etapa de supervivencia del chavismo no carismático, luego del fallecimiento de su fundador Hugo Chávez. En ausencia de capital político propio, el Presidente Nicolás Maduro, quien habiendo ganado las elecciones por un estrecho margen (menos de 2%), fue construyendo su base política con el capital heredado y el respaldo del mismo modelo institucional del que se sirvió el Presidente Chávez: la judicialización de la política.

Desde el mismo momento en que Maduro asume la Presidencia de forma interina dada la ausencia por motivo de enfermedad de Chávez, comienza una nueva etapa de desconocimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en su artículo 233 sobre las previsiones en los casos de ausencia absoluta del Presidente Electo, con decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que han sido instrumentales en el soporte de un período abiertamente contrario a las disposiciones constitucionales.

Luego del resultado electoral refrendando su ejercicio de la primera magistratura, Maduro inicia la etapa de mayor colusión entre los poderes Ejecutivo y Judicial, reflejada en las decisiones en materia política y económica emitidas por el máximo tribunal de la República, profundizándose luego del triunfo electoral de la Oposición en las elecciones parlamentarias de 2015, con el precipitado nombramiento en condiciones irregulares de trece Magistrados del máximo tribunal de justicia del país[1], en lo que ha sido considerado como una grave violación constitucional.

 La apariencia de democracia era respaldada por una incesante actividad electoral, y la vigencia de la separación de poderes radicaba en la presunción de actuación independiente de los representantes de los poderes públicos, objeto de frecuentes cuestionamientos por su vinculación partidista públicamente demostrada en algunos casos[2]. Las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del TSJ en materia electoral han hecho poco por disipar la desconfianza hacia unos poderes comprometidos con el proyecto chavista, en detrimento de los derechos políticos de sus ciudadanos. La ausencia de separación de poderes se agrava con cada decisión del TSJ, desconociendo la CRBV para favorecer los intereses del gobierno.

El enfrentamiento entre la parcialidad institucional y la presión del Poder Legislativo al insistir en la obligación del gobierno de someterse a la Constitución, ha estado acompañado de episodios periódicos de violencia y represión por parte de los organismos de seguridad del Estado y fuerzas militares. El gobierno argumenta que las incursiones opositoras responden a un plan de desestabilización originado en el exterior, con la colaboración de la Oposición, poniendo en evidencia la necesidad de procurar un espacio de acercamiento entre los actores políticos del país con la finalidad de encontrar una salida pacífica a la grave situación política del país.

En medio del recrudecimiento de la protesta, con el consiguiente incremento en el balance de presos políticos, la Oposición debe además combatir sus propios demonios, debatiéndose entre la lucha por el liderazgo y la concreción de una agenda política unitaria. Las idas y venidas de la Oposición han generado más ruido de lo necesario, con frecuencia desviando los esfuerzos y agotando los recursos que se necesitan en otros frentes de la lucha política. En este ambiente, y respondiendo a la convocatoria de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), con la mediación de los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos, y la colaboración de la Santa Sede, la  Oposición acepta sentarse en la mesa con representantes del gobierno, respondiendo a la presión recibida, en una decisión que significó para la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) un alto costo político, al interpretarse en la opinión pública como un intento de enfriamiento de la dinámica política opositora.

El reto de la Oposición es mantener el momentum, que no decaiga la confianza en la lucha organizada y seguir presionando por el respeto a la Constitución y las leyes. La dirigencia política tiene el compromiso de conducir el proceso de participación, pero además el de sincerar su discurso frente a una sociedad hastiada de casi dos décadas de régimen político que cree que la salida del gobierno es suficiente para recuperar un país con su institucionalidad completamente erosionada. En estas circunstancias, los cálculos políticos deben ceder espacio a una aproximación más pragmática de la situación, que puede ser muy difícil de asimilar en una sociedad que es presa de la desesperación. Los procesos políticos como el que vive Venezuela suelen ser de largo aliento, requiriendo no solamente de la voluntad y compromiso de su clase política, sino además, del acompañamiento de una sociedad que entiende la complejidad de un proyecto político que no se concentra exclusivamente en el Ejecutivo, sino que ha monopolizado todos los poderes, con la excepción del Legislativo, por lo que la lucha para restaurar la institucionalidad democrática puede seguir sufriendo reveses, sin que ello perturbe la voluntad de los venezolanos en su determinación de recuperar el país.

[1] http://www.eluniversal.com/noticias/politica/aprobo-designacion-nuevos-magistrados-tsj_84807

[2] http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39458582

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VENEZUELA: A crisis within the crisis

The Venezuelan political crisis has rapidly evolved into a constitutional disaster, even as the Supreme Court seemed to be in damage control mode a day after its decision to dissolve the National Assembly unleashed a wave of local and international rejection. The very attempt to correct the subversion of the constitution itself was enough proof that the government had lost the capacity of pretending to follow the rule of law; a circumstance that many believe to have been preceded by a string of rulings with which the highest court has targeted the parliament with the intention to diminish its role, strengthening the Executive in the purpose to consolidate the revolution.

In the midst of a renewed intent from the OAS to address the Venezuelan situation, the government rejected Secretary General Almagro’s resumption of talks in the regional forum, with a previous meeting with the Foreign Relations Minister Rodriguez as an advance of what would be a belligerent encounter the next day with the new alternate Permanent Representative Moncada, who engaged in a heated confrontation, resulting in the suspension of the session without a vote. This was the background for the Supreme Court’s decision that would throw the regime’s carefully constructed argument of an undisputable democracy under the bus.

The immediate domestic and global backlash follows months of caveats from politicians, members of parliament and NGO’s over the increasing blockage of the legislative branch through the judicialization of politics, with the Supreme Court as the Executive’s instrument in the assurance of power. Since the opposition won the majority of seats in the unicameral parliament in a landslide election, the government was not shy of their intention to make it difficult for them to exercise the majority. The first, and pivotal argument for the government to obstruct the opposition’s majority, is the accusation of electoral fraud made against three indigenous members of parliament from the state of Amazonas. The decision by the parliament to approve their incorporation, and have the legislators take an Oath, prompted a quick response from the administration through the Supreme Court decision considering the legislative body to be in contempt until the three representatives were disembodied.

That was just the beginning of a string of rulings the Supreme Court had been issuing, undermining the opposition in its capacity to legislate. As the conflict worsened, the government had less hurdles to make agreements regarding the economy, principally the oil business, that otherwise would require the National Assembly to approve. The situation escalated as the deadline for a $2.8 bn bonds payment[1] due in April approached, and the National Assembly reminded Mr. Maduro that it would not approve any agreement to compromise oil business assets, and without their authorization, any deal would be regarded as void.

There is a widespread perception that the urgency for cash to cover the payments accelerated the court’s ruling, considering that the talks in the OAS had restarted, to strip the members of parliament from their immunity, following by the unstated dissolution of the National Assembly, the timing was the most unfortunate one, and perhaps the very reason for such a backlash. Immediately after the two sentences[2] were published, shockwaves in rejection to the rulings flooded social media -the main source of information in a country that lacks of free press- as well as international media outlets that openly criticized the move, branding it as a coup and characterizing the government as increasingly authoritarian.

Even as this attempt to wipe out the Opposition was not totally unexpected, the government precipitated the situation without apparently considering the impact it would have internally, and only two days after the sentences were made public, the country’s Attorney General voiced rejection to the highest court’s rulings, considering them to be a rupture of the constitutional order. The statement was followed by disbelief, distrust and astonishment with the confirmation of fractures within the political regime. The President had been silent, as were the rest of the branches of government, but on Saturday, the announcement for a meeting of the National Security Council pretended to ease the apparent entanglement, as the administration put it, it was just an impasse between two branches.

This setback did not change the fact that close to 50 rulings[3] disavowing the parliament’s authority are still in place –and were not even mentioned- as well as the ruling regarding the Executive’s power to negotiate without the National Assembly’s intervention. Therefore, the government’s image has been severely damaged, but not its ability to make agreements, which was the whole point of the Supreme Court’s ruling this past week.

Even if the government pretends to backtrack from this episode, the balance is negative, not only because they had to amend the sentences, but also because in doing so, they are again violating the law, showing the absence of independence of the Judicial branch. It was not a good week for the government, during almost two decades their effort was to build a flawless political model, and it took Mr. Maduro less than five years to throw away an enormous political capital, that in the absence of high oil revenue and charisma, has left chavismo with very little options to survive other than blatant authoritarianism.

The Opposition is in an excellent situation, where the government cannot keep defending itself as a victim while exercising an increasing anti-democratic behavior. Their actions need to be focused in underscoring the authoritarian nature of the administration. The steps to restore the constitutional order must consider all the rulings that contradict the independence of the National Assembly, until the Supreme Court does not comply with the Constitution, the conditions that characterize a breach in its ruling are in force and must be corrected immediately.

[1] https://www.ft.com/content/2104a310-16f5-11e7-a53d-df09f373be87?desktop=true&segmentId=d8d3e364-5197-20eb-17cf-2437841d178a#myft:notification:instant-email:content:headline:html

[2] http://www.el-nacional.com/noticias/politica/tsj-suprimio-decisiones-que-atentan-contra-asamblea-nacional_88457

[3] http://prodavinci.com/blogs/sobre-el-inconstitucional-exhorto-del-consejo-de-defensa-nacional-al-tsj-por-jose-ignacio-hernandez/

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