La crisis política venezolana vive otra etapa de intensificación de la protesta, en medio de continuas demandas de una salida electoral, las decisiones judiciales han puesto en entredicho nuevamente la separación de poderes en el país, haciendo posible la unión en clamor popular de dirigentes políticos y sociedad civil, conduciendo a la inevitable profundización de la grave situación política del país.
En Venezuela se inicia en el año 2013 la etapa de supervivencia del chavismo no carismático, luego del fallecimiento de su fundador Hugo Chávez. En ausencia de capital político propio, el Presidente Nicolás Maduro, quien habiendo ganado las elecciones por un estrecho margen (menos de 2%), fue construyendo su base política con el capital heredado y el respaldo del mismo modelo institucional del que se sirvió el Presidente Chávez: la judicialización de la política.
Desde el mismo momento en que Maduro asume la Presidencia de forma interina dada la ausencia por motivo de enfermedad de Chávez, comienza una nueva etapa de desconocimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en su artículo 233 sobre las previsiones en los casos de ausencia absoluta del Presidente Electo, con decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que han sido instrumentales en el soporte de un período abiertamente contrario a las disposiciones constitucionales.
Luego del resultado electoral refrendando su ejercicio de la primera magistratura, Maduro inicia la etapa de mayor colusión entre los poderes Ejecutivo y Judicial, reflejada en las decisiones en materia política y económica emitidas por el máximo tribunal de la República, profundizándose luego del triunfo electoral de la Oposición en las elecciones parlamentarias de 2015, con el precipitado nombramiento en condiciones irregulares de trece Magistrados del máximo tribunal de justicia del país[1], en lo que ha sido considerado como una grave violación constitucional.
La apariencia de democracia era respaldada por una incesante actividad electoral, y la vigencia de la separación de poderes radicaba en la presunción de actuación independiente de los representantes de los poderes públicos, objeto de frecuentes cuestionamientos por su vinculación partidista públicamente demostrada en algunos casos[2]. Las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del TSJ en materia electoral han hecho poco por disipar la desconfianza hacia unos poderes comprometidos con el proyecto chavista, en detrimento de los derechos políticos de sus ciudadanos. La ausencia de separación de poderes se agrava con cada decisión del TSJ, desconociendo la CRBV para favorecer los intereses del gobierno.
El enfrentamiento entre la parcialidad institucional y la presión del Poder Legislativo al insistir en la obligación del gobierno de someterse a la Constitución, ha estado acompañado de episodios periódicos de violencia y represión por parte de los organismos de seguridad del Estado y fuerzas militares. El gobierno argumenta que las incursiones opositoras responden a un plan de desestabilización originado en el exterior, con la colaboración de la Oposición, poniendo en evidencia la necesidad de procurar un espacio de acercamiento entre los actores políticos del país con la finalidad de encontrar una salida pacífica a la grave situación política del país.
En medio del recrudecimiento de la protesta, con el consiguiente incremento en el balance de presos políticos, la Oposición debe además combatir sus propios demonios, debatiéndose entre la lucha por el liderazgo y la concreción de una agenda política unitaria. Las idas y venidas de la Oposición han generado más ruido de lo necesario, con frecuencia desviando los esfuerzos y agotando los recursos que se necesitan en otros frentes de la lucha política. En este ambiente, y respondiendo a la convocatoria de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), con la mediación de los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos, y la colaboración de la Santa Sede, la Oposición acepta sentarse en la mesa con representantes del gobierno, respondiendo a la presión recibida, en una decisión que significó para la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) un alto costo político, al interpretarse en la opinión pública como un intento de enfriamiento de la dinámica política opositora.
El reto de la Oposición es mantener el momentum, que no decaiga la confianza en la lucha organizada y seguir presionando por el respeto a la Constitución y las leyes. La dirigencia política tiene el compromiso de conducir el proceso de participación, pero además el de sincerar su discurso frente a una sociedad hastiada de casi dos décadas de régimen político que cree que la salida del gobierno es suficiente para recuperar un país con su institucionalidad completamente erosionada. En estas circunstancias, los cálculos políticos deben ceder espacio a una aproximación más pragmática de la situación, que puede ser muy difícil de asimilar en una sociedad que es presa de la desesperación. Los procesos políticos como el que vive Venezuela suelen ser de largo aliento, requiriendo no solamente de la voluntad y compromiso de su clase política, sino además, del acompañamiento de una sociedad que entiende la complejidad de un proyecto político que no se concentra exclusivamente en el Ejecutivo, sino que ha monopolizado todos los poderes, con la excepción del Legislativo, por lo que la lucha para restaurar la institucionalidad democrática puede seguir sufriendo reveses, sin que ello perturbe la voluntad de los venezolanos en su determinación de recuperar el país.
[1] http://www.eluniversal.com/noticias/politica/aprobo-designacion-nuevos-magistrados-tsj_84807
[2] http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39458582
Maria Puerta-Riera 