Para la comprensión de la naturaleza del sistema político que se inicia a la caída de la dictadura perezjimenista es necesario interpretar que la coyuntura histórica de 1958 determinó que la consolidación del proyecto democrático, interrumpido por una década, sólo se lograría con la unión de esfuerzos y principalmente, de intereses. Lo que en el pasado hizo fracasar al régimen democrático, pareciera haber servido de lección para la dirigencia política venezolana, siendo la causa común: un gobierno democrático, produciéndose un hecho fundamental para la construcción del nuevo modelo político venezolano: el Pacto de Puntofijo.[1]
La voluntad de las organizaciones políticas de mantener un frente unido para la formación de un nuevo modelo político se hace efectiva a través de la firma del Pacto de Puntofijo el 31 de octubre de 1958. En él queda plasmada la esencia de lo que llamamos democracia de partidos, pues allí se fijaron las reglas del sistema de poder, configurando la prerrogativa que habrían de tener en el mismo los partidos políticos. Los diez años de dictadura sometieron a los partidos políticos venezolanos a un aprendizaje forzado sobre la necesidad de lograr un mínimo entendimiento si se quería asegurar el mantenimiento del sistema que nuevamente estaba configurándose (Njaim, Combellas, Josko y Stambouli 1975:13).
El Pacto de Puntofijo es el acuerdo político que suscriben los principales actores sociales del momento, quienes posteriormente asumirían su condición predominante dentro del sistema. Los partidos políticos Acción Democrática (AD), Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) y Unión Republicana Democrática (URD); el principal organismo económico nacional, Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (FEDECAMARAS), la Central Obrera, Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV); Fuerzas Armadas e Iglesia Católica se comprometieron a actuar solidariamente para preservar la naciente democracia, con lo cual se concretó el vínculo que existiría entre partidos, grupos económicos y Estado. Las Fuerzas Armadas sirviendo de garantía para la continuidad democrática y la Iglesia Católica representando el apoyo moral al naciente régimen, suscribiendo todos el compromiso de apoyar y vigilar el desarrollo de un proyecto nacional que contemplaba el establecimiento de un sistema democrático que garantizaba el ejercicio pleno de libertades políticas y la alternabilidad en el poder. El acuerdo se fundamentó en tres aspectos:
- Defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral… Todas las organizaciones políticas están obligadas a actuar en defensa de las autoridades constitucionales en caso de intentarse o producirse un golpe de Estado, aun cuando durante el transcurso de los cinco años (1959-64) las circunstancias de la autonomía que se reservan dichas organizaciones hayan podido colocar a cualquiera de ellos en la oposición legal y democrática al gobierno…
- Gobierno de Unidad Nacional… el gobierno de Unidad Nacional es el camino para canalizar las energías partidistas y evitar una oposición sistemática que debilitaría el movimiento democrático…
- Programa Mínimo Común ningún partido unitario incluirá en su programa particular puntos contrarios a los comunes del programa mínimo, y en todo caso, la discusión pública de los puntos no comunes se mantendrá dentro de los límites de la tolerancia y del mutuo respeto (López, Gómez y Maingón, 1989:71).
Al margen de los aspectos orientados a consolidar el régimen democrático propiamente, es necesario ver al acuerdo como el instrumento que habría de institucionalizar una de las más serias debilidades del sistema político venezolano: el partidismo. A diferencia de los años posteriores a Gómez, donde el antagonismo de las fuerzas políticas fue lo que privó, dada la coyuntura del 58 los partidos toman conciencia de la necesidad de compartir el escenario, repartiéndose el poder y creando un vínculo que fortalecería su poder político: un pacto, pues “el poder se sostiene sobre pactos constitutivos, pero no ya entre voluntades individuales… sino entre aquellos grupos que han movilizado recursos suficientes como para ingresar en el sistema” (Portantierro, 1981: 17). De esa manera quedó definido el papel predominante que habrían de desempeñar los partidos políticos en el funcionamiento del sistema político: la representación de los intereses de la nación estaba en manos de las estructuras partidistas.
Como la agrupación que representa al empresariado nacional, FEDECAMARAS participa en el acuerdo. Durante la dictadura hubo alianza hasta que el régimen comenzó a perjudicar sus intereses. A partir de ello se puede interpretar la dinámica de las relaciones entre los diferentes sectores que habrían de conformar el modelo en el futuro, con unos partidos políticos representando intereses de clase. La importancia del sector económico es decisiva en la definición de la vida política de la nación, previo a la caída de Pérez Jiménez, se produjo el Pacto de Nueva York, en diciembre de 1957. Ese acuerdo protagonizado por Rómulo Betancourt (AD), Rafael Caldera (COPEI), Jóvito Villalba (URD), Gustavo Machado (PCV) y el empresario Eugenio Mendoza es bastante significativo porque representa el acercamiento y la propuesta de la clase política a la clase económica de un nuevo proyecto político. El vínculo de la dirigencia política y los grupos económicos responde a la necesidad de darle continuidad a un proceso de consolidación institucional, en el que la clase política conserva el poder y la clase económica sus beneficios.
La CTV participa en el pacto, representando a las clases sociales excluidas del poder y simbolizando el consenso de los factores de poder con el resto de la sociedad. El apoyo de la central obrera era indispensable, para servir como vehículo de difusión de los propósitos del proyecto político democratizador en las clases populares. Sin embargo, su autonomía era cuestionable, pues presentaba considerables efectos de la mediatización política, principalmente por el partido AD, por lo que representaba una pieza importante el control partidista para mantener la estabilidad institucional en las relaciones obrero-patronales.
Las Fuerzas Armadas Nacionales (FF.AA.NN.) como actores fundamentales de las últimas décadas, desempeñaron un rol trascendental en el pacto suscrito. Inicialmente las FAN se habían propuesto sustituir el gobierno personalista de Pérez Jiménez por uno verdaderamente de carácter militar-institucional. Debido a ello fue necesario que los otros sectores participantes negociaran con los militares, logrando convencerlos de la pertinencia de consolidar el régimen democrático, comprometiéndolos a actuar en defensa del mismo, generando la institucionalización democrática de las FAN, como organización apolítica no deliberante. Las Fuerzas Armadas con su participación en el Pacto de Puntofijo, le confirieron legitimidad a las reglas de juego del sistema político venezolano que se pretendía instalar, reconociendo a sus protagonistas en un acto legitimador, como fundadores de la democracia venezolana, en lo que habría de ser una muestra del control político que ejerce la institución.
La Iglesia Católica, con la mayor feligresía en el país, desempeña una importante misión en esta coyuntura, dando su apoyo al proceso democrático. Las tensas relaciones de la Iglesia Católica con el poder político, en épocas pasadas, se transformaron en un vínculo basado en el respeto mutuo y en la aceptación del lugar que habían de ocupar cada uno en el sistema institucional. Los partidos políticos obtuvieron el consentimiento para realizar su proyecto democrático y la iglesia recibió la autonomía institucional.
El acuerdo formalizó la naturaleza consensual de élites del sistema; los actores fundamentales, los partidos políticos y grupos económicos constituirían la fracción constitutiva de la élite política, que conduciría a la sociedad política representada por el aparato burocrático (instituciones políticas) y a la sociedad civil. El sistema institucional venezolano fundamenta su legitimidad, inicialmente en el consenso de objetivos (metas grupales) de forma que se pueda hablar del encuentro de fuerzas políticas, económicas e ideológicas. El proceso de institucionalización se propone legitimar las metas comunes: un régimen democrático, sin embargo, en los inicios del proceso de consolidación institucional, la inestabilidad política y la desmovilización social facilitan el fortalecimiento del modelo consensual de élites, del cual quedó excluido el PCV, así como el aislamiento de la Junta Patriótica, quedando claro que el modelo democrático venezolano tiene una clara orientación hacia la consagración de un régimen pluripartidista, en principio.
El acuerdo estaba concebido de manera transitoria, pero la necesidad de conservar el control del poder, hizo del mismo un instrumento para la perpetuación del modelo consensual, determinando la debilidad estructural del sistema político venezolano, por la tendencia hacia el control partidista del Estado. El predominio de la clase política venezolana quedó establecido con la repartición del poder en función de los intereses de quienes conformaron la élite política. En los primeros años de la década de los 60 se produce el reacomodo de las diversas fuerzas sociales existentes, legitimando al régimen, pues “la legitimidad de un sistema político se sustenta además, en las coaliciones exitosas que establecen entre sí las clases o fracciones de clase que ejercen la hegemonía” (Larrazábal-Barrios, 1991: 23). Considerando que el proyecto político venezolano había tomado las banderas de la modernización de la sociedad, bajo la figura de un modelo democrático, representativo y pluralista, en su lugar, éste se tradujo en estatismo, centralismo, presidencialismo, partidismo y populismo, rasgos que han caracterizado al Estado venezolano en las últimas décadas. (Granier-Gil, 1987: 30).
El Estatismo se ha manifestado en el intervencionismo en las actividades de desarrollo económico y social, contribuyendo con el crecimiento desproporcionado del aparato burocrático, objeto de dominio de los partidos políticos, lo que explica su ineficiencia y elevados niveles de corrupción. Esta condición influyó negativamente en los niveles de participación política, pues la política populista de repartición de la renta petrolera, permitió crear una cultura de dependencia de la distribución del gasto público improductivo, que lejos de fomentar una actitud de creación de riqueza, sometió a la población a un modelo perverso de pasividad y sumisión ante el Estado.
En cuanto al centralismo, este se refleja en la concentración del poder en el Ejecutivo, que tanto en la Constitución de 1961, como en la nueva Constitución de 1999, le reconoce al Presidente de la República importantes atribuciones y competencias en los ámbitos político, financiero y administrativo, a pesar de tratarse de un Estado Federal en su forma de organización, permitiéndole tener decisión en las áreas políticas y económicas fundamentales, dado que es Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y responsable de la Administración y la Hacienda Pública, para lo cual cuenta con un aparato burocrático controlado por los partidos políticos como garantes de los intereses de la clase política.
En otro aspecto, el presidencialismo representado en el peso que tiene dentro del sistema político, el poder ejecutivo por encima de las otras ramas del poder público, fortalecido en la Constitución de 1999, aun cuando se argumente la búsqueda de un sistema presidencial flexible. En estas condiciones, el ejecutivo participa de todas las decisiones importantes no solo en materia política, sino también económica, social, cultural e institucional.
Por otra parte, el partidismo visto como la influencia decisiva de las organizaciones políticas sobre las instituciones, ha sido el rasgo más distintivo del sistema político venezolano, en donde los partidos políticos han sido aparatos de mediatización de la participación política, abarcando todas las formas de organización social conocidas: gremios, instituciones, administración pública, además de otras más recientes. Los partidos en lugar de articular las demandas de la población, las condicionan de manera que tanto la expresión de las demandas como el mismo conflicto social, son canalizados a través de la organización política. La penetración partidista se manifiesta tanto en el aparato burocrático como en el resto de la institucionalidad política.
Mientras que el populismo es la enfermedad por excelencia de los países latinoamericanos, cuya idea central radica en el desarrollo de políticas proteccionistas y paternalistas en las que se fomente una cultura de dependencia absoluta del Estado como benefactor y sus reparticiones periódicas, lo que no permite la creación de riqueza de manera autónoma, impidiendo el desarrollo de la sociedad, de manera intencional, para mantenerla atada al proyecto de la clase política venezolana.
[1] El nombre del pacto se debe a la residencia del Dr. Rafael Caldera, donde se firmó el acuerdo, llamada Puntofijo. (Molina, 2004: 9).
*Capítulo del libro: Instituciones y Estado en Venezuela. Crónicas de la crisis de la institucional venezolana. Editorial Académica Española. Saarbrücken. Año 2011. ISBN 978-3-8454-9447-0
Maria Puerta-Riera 