El Gobierno, en lugar de [pre]ocuparse por resolver la grave situación económica y social, no ha encontrado otra acción política más coherente que, vía el Ministerio de la Defensa, reforzar los medios para el reforzamiento de su política represiva.
Es posible que para quienes tienen el poder, sea invisible el efecto o la incidencia que tiene sobre su propia calidad de vida, el deterioro en general de las condiciones de vida de toda la población.
En este momento hay dificultades para conseguir alimentos básicos, medicinas, repuestos para vehículos y maquinaria industrial, insumos para el sector comercio y de servicio. Pero a pesar de la escasez (insuficiencia) y del desabastecimiento (falta de productos), todavía hay posibilidades de conseguir algunos productos pero no sin dificultades: debe estar dispuesto a pagar más o a hacer largas colas por horas para comprar productos de forma racionada.
Leyendo a algunos expertos en la materia, calculan que será en abril cuando vamos a comenzar a sentir los efectos de la caída en el precio del barril de petróleo. Por otra parte, el gremio empresarial advirtió que el país cuenta con inventario para[1] 45 días de productos básicos. Si a esto le sumamos las expropiaciones[2], que continúa siendo la estrategia política preferida por el Gobierno de Maduro, el panorama no puede ser más sombrío.
Estas son las reacciones de un Gobierno que habiendo heredado un enorme capital político, comienza a resquebrajarse en su base de apoyo por los efectos de políticas desacertadas que durante catorce años condujeron al país por un camino de profunda desinstitucionalización, estatización y controles que hoy están pasando la factura. Las cifras del estudio sobre Condiciones de vida de la población venezolana, realizado por las Universidades Católica, Central y Simón Bolívar[3], indican que el nivel de pobreza actual está por el orden de 48,4% de la población, superando la registrada en 1998, que fue de 45%. Este estudio destaca que, del total de pobres, uno de cada tres son recientes, lo que refleja que ese agravamiento es otro de los efectos de la inflación.
Pero para el Gobierno, la responsabilidad de la crisis socioeconómica está del lado del sector privado, al que consistentemente denomina a modo de descalificación como “la derecha”. En ningún momento el Gobierno reconoce que los controles de precio o de cambio son los culpables de la crisis, que el desabastecimiento y la escasez no son producto de una inexistente guerra económica sino de una brutal política oficialista que cuando no expropia (como se supone que es el caso de Farmatodo) obliga al abandono de la actividad económica (como lo fue el caso de Clorox).
Para aquellos que no somos economistas, las explicación es mucho más simple: el Gobierno controla las divisas que ingresan al país por la vía del control de cambio. Los insumos que utilizan las pocas empresas que todavía producen algo en el país, en su mayoría, deben solicitarle al Estado, a través de los organismos de administración cambiaria, la adjudicación de divisas para importarlos. Deben, además, ajustarse a las políticas de distribución de los productos (cuando se trata de aquellos de primera necesidad y regulados), para finalmente venderlos de acuerdo a la norma del precio justo que regula la actividad económica. Estos son obstáculos, no incentivos, para cualquier actividad productiva, comercial y de servicio que empresas como Polar, Farmatodo, Central Madeirense, así como otras regionales y locales, deben enfrentar para cumplir con su misión.
Pero el Gobierno, en su clásica actitud de huir hacia delante, ha hecho de su imaginaria guerra económica el centro de su discurso: las empresas Polar reciben en promedio unas veinticuatro fiscalizaciones[4] al mes por parte de organismos oficiales; empresas expropiadas o intervenidas, como el caso de Hermanos Herrera C.A.[5] o Pollos Amanacu[6], cuyos inventarios son rematados para dar la sensación de “justicia social” cuando lo que hacen es acelerar la escasez de productos al no tener capacidad de reposición de los inventarios.
El panorama no es sombrío, es sencillamente atroz, una ausencia total de gestión, un Gobierno que da vuelta en círculos mordiéndose la cola, sin tener la más mínima intención de corregir las desviaciones de lo que ha sido desde los orígenes del chavismo su único propósito[7]: la destrucción de la institucionalidad del país, base fundamental del Estado democrático.
Lejos de sumar apoyos a la supuesta “conspiración de la derecha” de la que tanto se queja el Gobierno, su actitud contribuye a reforzar la idea de que se trata de un plan bien urdido de destrucción del país, en lugar de lo que a simple vista pareciera mera improvisación, siendo sin duda un verdadero éxito.
[1] http://www.notitarde.com/Economia/Hay-inventario-de-productos-basicos-solo-para-45-dias/2015/01/16/484256/
[2] http://www.eluniversal.com/economia/150201/dictan-medidas-contra-cadena-de-farmacias
[3] http://prodavinci.com/2015/01/29/economia-y-negocios/cuantos-nuevos-pobres-hay-en-venezuela-por-victor-salmeron/?output=pdf
[4] http://runrun.es/nacional/venezuela-2/173843/polar-recibe-24-inspecciones-al-mes.html
[5] http://www.eluniversal.com/economia/150116/trabajadores-de-hermanos-herrera-en-bolivar-rechazan-ocupacion
[6] http://www.el-nacional.com/regiones/Retienen-Barinas-kilos-pollo_0_556744509.html
[7] Es importante recordar la proclama de los golpistas el 4 de febrero de 1992, donde se considera indispensable el desplazamiento de la institucionalidad vigente.
Maria Puerta-Riera 