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CULTURA MILITAR Y CULTURA DEMOCRÁTICA: ELEMENTOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA CULTURA POLÍTICA EN VENEZUELA

CULTURA MILITAR Y CULTURA DEMOCRÁTICA: ELEMENTOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA CULTURA POLÍTICA EN VENEZUELA

El Sistema Político Venezolano actual, fue construido sobre las bases de un acuerdo político logrado por los principales actores políticos de ese momento histórico (1958) que firmaron el Pacto de Puntofijo, donde se establecieron las reglas que habrían de controlar el juego democrático, definiendo así el objetivo fundamental del mismo: la consolidación del régimen democrático. Los partidos políticos Acción Democrática (AD), Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) y Unión Republicana Democrática (URD); el principal organismo económico nacional, Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (FEDECAMARAS), la Central Obrera, Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV); Fuerzas Armadas e Iglesia Católica se comprometieron a actuar solidariamente para preservar la naciente democracia, con lo cual se concretó un importante vínculo entre partidos, grupos económicos y Estado. Las Fuerzas Armadas sirvieron de garantía para la continuidad democrática y la Iglesia Católica representó el apoyo moral al naciente régimen.

Este conjunto de correlaciones de fuerzas políticas, económicas y sociales definieron el sistema hegemónico que predominaría en nuestro país. Los partidos políticos se convirtieron en los actores públicos de mayor peso y los grupos económicos tradicionales se mantuvieron en una excelente posición para la preservación de sus privilegios de clase.

Inicialmente, el pacto funcionó a través de un consenso activo. Sin embargo, a medida que los distintos actores sociales se fueron posicionando dentro del bloque establecido, quedó clara la vulnerabilidad de las clases subalternas ante los grupos dominantes, pues evidentemente habían sido desplazadas; prueba de la desactivación de las fuerzas subalternas es la exclusión del Partido Comunista de Venezolano (PCV) del acuerdo y el desplazamiento de la Junta Patriótica.

La relación entre Estado, partidos políticos y grupos económicos no sólo favorecía a los últimos, sino que lesionaba significativamente los intereses de las clases subalternas. Las demandas de la sociedad debían ser canalizadas a través de las estructuras partidistas, pues estas organizaciones políticas habían penetrado todas las instancias del Estado (aparato burocrático).

La hegemonía de la clase dominante sobre las clases subalternas que en un principio fue lograda a través del consenso, se mantuvo por la represión y la coerción del aparato burocrático degenerando en un consentimiento pasivo, -ubicándose éste en el momento en que URD se retira del Pacto de Puntofijo- que vendría a caracterizar nuestro bloque histórico.

Dentro del proceso de desarrollo del bloque histórico en el seno del sistema político, se fueron generando una serie de vicios y fallas que posteriormente conformarían el escenario para la aparición de la crisis hegemónica que se manifiesta hacia finales de la década de los 80 y principios de los 90, “… es en el funcionamiento del sistema político –en tanto en él se colocan los compromisos constitutivos- donde se halla la clave del funcionamiento y de la crisis del Estado… (Portantierro, 1981: 25).

La corrupción, ausencia de liderazgo, crisis de valores y pérdida de legitimidad de las instituciones representan las manifestaciones visibles de la crisis hegemónica, que no es otra cosa que el agotamiento de la estructura de las correlaciones de fuerzas políticas, económicas, sociales y militares.

La crisis hegemónica viene dada por la conjunción de las variables mencionadas que implican una crisis política, pues se refieren al desplazamiento de los actores que intervienen en el mantenimiento de un orden global; las relaciones internas entre todos los componentes del sistema político sufren un proceso de reubicación en el bloque histórico.

Una vez que las instituciones fundamentales del sistema político comienzan a ser cuestionadas, el sistema hegemónico se resiente, pues la acción hegemónica se fundamenta en la capacidad directiva que tiene la clase dominante para mantener el orden establecido en función de sus intereses.

El sistema político en la figura de sus instituciones permitió que se instituyera la cultura de la corrupción, pues el clientelismo político y el consumismo delinearon las pautas para satisfacer necesidades, por ello se hizo de la corrupción una forma de vida. La omnipotencia del poder, la indiferencia de los dirigentes políticos hacia las necesidades de las clases subalternas, establecieron la ausencia de líderes de la escena política. La sustitución de nuestros valores tradicionales por aquellos producto de un intenso proceso de alienación, explica la actitud pasiva de la sociedad ante la incapacidad del sistema de resolver sus problemas.

Finalmente, dada la pérdida de legitimidad de nuestras instituciones fundamentales expresadas a través de su poca credibilidad y representatividad: legisladores, jueces, políticos, etc. fueron rechazados por las clases subalternas al ser vistos como responsables del deterioro moral del país, pues no han sido capaces de cumplir con el rol para el cual fueron elegidos.

Siendo el 27 de febrero la primera manifestación de la fisura del bloque histórico, comenzó a hacer crisis la hegemonía que había caracterizado al país por más de 30 años. La población fijó ante la clase dominante una posición de rechazo al sistema y por consiguiente, de repudio al pacto institucional: aquí se caracteriza la crisis hegemónica, cuando se desconoce el pacto constitutivo del sistema hegemónico.

La evolución de la crisis hegemónica siguió su curso, pues la clase dominante solo usó el recurso de la represión para tratar de mantener el relativo orden.

La clase dirigente y los grupos económicos fueron sordos ante el clamor popular de un cambio en las relaciones de poder. A pesar de la permanente amenaza de una nueva protesta social, el poder político ignoró la situación, hasta que otro actor social apareció en el escenario político, agudizando el problema.

El 4 de febrero de 1992 se produjo el primero de dos intentos de golpes de Estado que sucedieron ese año. Un sector de la oficialidad de las F.F.A.A. de baja y media graduación se rebeló por cuanto el poder político estaba atentando contra la institucionalidad, siendo incapaz de cumplir con la función de representar y defender los intereses de las clases subalternas.

Ese mismo año, el 27 de noviembre un grupo de oficiales de alta graduación conspiró argumentando básicamente las mismas razones del primer grupo, aunque con diferente inspiración ideológica. Con esta segunda intentona golpista quedó definido el resquebrajamiento del bloque histórico construido sobre las bases del Pacto de Puntofijo y se agudizó la crisis hegemónica. El sistema iniciado bajo el compromiso de obedecer una determinada línea de acción política, fue cuestionado por uno de sus miembros fundamentales.

Influencia del Pretorianismo en el Sistema Político Venezolano

La Institución Militar en Venezuela, sin duda alguna, ha sido un actor político fundamental, no sólo a los efectos de la consolidación del sistema político, sino también de su sostenimiento, independientemente de su capacidad para mantener el control político exclusivo.

Esta circunstancia nos remite necesariamente a buscar las razones de tal comportamiento en los principios del Pretorianismo, definido por Samuel Huntington (1972: 177) como “la intervención de los militares en política.”

En este sentido, Huntington señala que es necesario distinguir las causas, de las consecuencias de la intervención. Para este autor existe una estrecha relación, que a veces ni siquiera se distingue, entre la intervención política y el faccionalismo militar, lo que pone de relieve el hecho causal: las mismas son siempre políticas y no militares. El intervencionismo no refleja las características sociales u organizacionales, sino la estructura política e institucional de la sociedad, con lo que queda clara la elevada politización de las instituciones sociales.

En otra definición, Mayer citado por Irwin (2002: 324) destaca que una sociedad pretoriana es aquella en la cual los militares juegan de manera ampliamente desproporcionada un rol político, esto debido al bajo nivel de institucionalidad desarrollado.

Por su parte López (en: Bobbio, Matteucci y Pasquino: 970) señala que la explicación del Militarismo se fundamenta en el aspecto situacional, en el que la inestabilidad política y la insuficiencia hegemónica conducen a la participación de los militares en la vida política.

En este sentido, resulta imprescindible diferenciar el Militarismo del Pretorianismo. En su acepción más amplia, el Militarismo hace referencia a una situación política en la cual el sector militar de una sociedad dada por una suerte de metástasis invade ésta, llegando a dominar todos los aspectos fundamentales de la vida social.[1]

Mientras que para Mundell citado por Irwin (2001: 250) señala que se da el Pretorianismo cuando: …el sector militar de una sociedad dada ejerce influencia política abusiva recurriendo a la fuerza o la amenaza de su uso. Es una abusiva conducta militar para con la sociedad en general y particularmente la gerencia política de una sociedad dada.

El Pretorianismo, como modelo de ejercicio político, puede presentarse según Huntington de tres formas: (1972: 180)

Pretorianismo Oligárquico: se caracteriza por la existencia de camarillas personales y de familia.
Sociedad Pretoriana Radical: Grupos institucionales y de Ocupaciones.
Pretorianismo de Masas: Clases y movimientos sociales que dominan la escena.

Por su parte, Perlmutter citado por Irwin (p. 252) elabora una tipología del Pretorianismo en la que este puede presentarse antes del nacimiento de la institución militar formal: Histórico o se trata de una modalidad más propia de sociedades con institución militar consolidada: Moderno. El Pretorianismo Moderno puede ser latente o potencial, es decir que puede ser estimulado, o ser actuante o manifiesto, es decir más activo, como en el caso de los intentos de golpe. El Pretorianismo Actuante puede ser Gobernante o Arbitro. El modelo Gobernante puede darse por la vía Actuante, a través de golpes militares o Potencial, mediante el tutelaje militar al que se somete la sociedad. Finalmente el Árbitro, ocurre en aquellas sociedades donde la institución militar es quien dirime los conflictos de los civiles.

El Pretorianismo encuentra terreno fértil en América Latina, debido a la inexistencia o debilidad de las instituciones políticas y sociales. La ruptura colonial dejó como herencia instituciones muy frágiles que no pudieron soportar por una parte la desarticulación y por la otra el vacío, lo que fue ocupado por la violencia y los regímenes militares.

La inestabilidad política hace su juego en la medida que las fuerzas sociales no logran construir un entramado institucional sólido, con lo que la insuficiencia hegemónica, vista como la incapacidad de sector social alguno para imponer su proyecto a la sociedad en forma perdurable a partir de modalidades consensuales de dominación (Bobbio y otros, p. 972), genera las condiciones suficientes para justificar la incursión militar en la escena política.

En América Latina, el militar es visto como la tabla de salvación, el gendarme necesario o el salvador de la patria. Es una concepción de tanto arraigo, que han sido numerosas las dictaduras militares que se han instaurado en el hemisferio, con el propósito de garantizar la paz social y la estabilidad política como justificación.

En el Pretorianismo, el Ejército intercambia autonomía funcional por influencia política, como ocurre con otros actores políticos: los estudiantes que conjuntamente con los intelectuales y los militares, conforman las fuerzas activas del modelo pretoriano.

Los militares, en el Sistema Pretoriano Radical, solamente actuarán cuando la polarización entre las fuerzas sociales sea extrema. Sin embargo si llegan a identificarse con el régimen existente o muestran lealtad, las fuerzas contrarias no pondrán en peligro al gobierno.

El vínculo del poder civil con la institución a través del Alto Mando Militar, que ejerce inevitablemente una influencia incuestionable sobre las decisiones civiles, define al sistema político venezolano, caracterizándose por una institución que dado el monopolio legítimo de la violencia física que ejerce, en ocasiones no esconde su aspiración a lograr el control político, que justifica en el poder y la dominación que despliega a través del uso de la coerción.

Es la ausencia de control civil, definido como la subordinación del sector militar a las autoridades civiles legalmente constituidas (Olivieri y Guardia, p. 8) lo que ha permitido que la Institución Militar mantenga una relación de dominación sobre el poder civil, dado el monopolio de la violencia física que ejerce.

Nuestra tradición, desde la propia independencia, ha sido la del militar en el poder o muy cerca de él. La Fuerza Armada ha sido un actor político relevante en el ámbito de las representaciones sociales, con una influencia desmedida en la política nacional (Olivieri y Guardia, p. 6).

La razón la podemos encontrar en la realidad de un modelo de tutelaje militar que inevitablemente nos está conduciendo hacia el desarrollo de formas pretorianas de ejercicio del poder (Olivieri y Guardia). Vemos como para el civil la paradoja del militar se resume en la potestad del uso de las armas, de lo cual tiene su monopolio, que es lo que finalmente le va a permitir ejercer ese control político.

El sostenimiento del modelo democrático ha descansado históricamente en el apoyo de la Fuerza Armada, a través del Alto Mando, quien no solo controla a la institución, sino que además, tiene la potestad no otorgada pero ejercida, para desconocer y reconocer el poder político civil de la nación, en lo que pareciera ser una clara evidencia del control político.

Sin embargo, en algunos episodios históricos hemos observado como la Fuerza Armada no logran en su totalidad el control político interno y externo: en los dos intentos golpistas del 4 de Febrero y del 27 de Noviembre de 1992, los cuadros medios de la FAN en el primero y la alta oficialidad en el segundo, no logran una intervención definitiva del poder civil, por lo que se puede encontrar un cierto paralelismo con los sucesos de Abril de 2002, cuando el Alto Mando en una serie de decisiones contradictorias, definitivamente se desarticula como una estructura de poder -es decir, como actor político- lo que permite finalmente poner en duda su capacidad para mantener el control político exclusivo dentro del sistema político.

CONCLUSIONES

La cultura política en Venezuela resulta ser el encuentro de la herencia de quienes nos conquistaron conjuntamente con las particularidades que se fueron incorporando a partir del mestizaje social. En esta reflexión, hemos intentado describir las características de la democracia venezolana, para procurar dibujar lo que ha sido el fundamento de nuestra cultura política

A pesar de que nuestra Democracia fue consagrada constitucionalmente como representativa, este modelo no ha podido ser desarrollado por completo. Precisamente nuestra crisis de legitimidad es producto en gran medida de la escasa representatividad de nuestros dirigentes políticos; ello se debe fundamentalmente a la ausencia de credibilidad en su liderazgo.

La clase política venezolana descuidó su responsabilidad de orientar y guiar a sus electores y en lugar de ello se dedicó a fortalecer su posición hegemónica, defendiendo intereses particulares. La imagen del dirigente político se fue desvirtuando de tal manera que el venezolano no tuvo un líder en quien creer, a quien seguir.

Bajo estas condiciones, las relaciones de poder no permitían articular las demandas de sectores subalternos, para hacer efectiva su participación en la llamada Democracia Consensual, que el venezolano podía ejercer comicios electorales; la forma más usual era a través de la vinculación con uno de los partidos políticos del estatus (el clientelismo político). A medida que fueron perdiendo representatividad, el gobierno y las instituciones, aumentaron su ilegitimidad y en consecuencia contribuyeron a la desvalorización del régimen democrático.

Así se fue desarrollando un modelo hegemónico que terminó destruyendo la esperanza en una verdadera Democracia, pues el venezolano común, el sistema político venezolano no representaba sus intereses, no había posibilidad de participar en el proceso de toma de decisiones que le afectaban, no había líderes: un régimen que no refleja los valores del colectivo no tiene credibilidad.

Son muchos los factores que indican una crisis de hegemonía, pero en el objeto de esta reflexión, la pérdida de legitimidad es la manifestación más importante, por cuanto es el que mayor efecto genera en la institucionalidad democrática venezolana.

De la crisis militar podemos obtener referentes valiosos para poder comprender el agotamiento del modelo hegemónico venezolano. El 4F reveló el resquebrajamiento de la unidad interna de la Fuerza Armada, el 27N reflejó el descontento de algunos sectores militares con la corrupción moral que se apoderó de la cúpula militar.

Además, hay un hecho clave para fortalecer la idea del peso que tiene en la crisis hegemónica la pérdida de legitimidad: los valores y principios que salieron a defender y rescatar a los insurrectos, no son los mismos que le escuchamos a nuestros dirigentes políticos. Ahora bien, en las clases populares, a pesar de que no hubo un apoyo masivo a los alzamientos, la similitud de ideas y necesidades, es innegable. Las banderas de los movimientos insurreccionales fueron las mismas de los sectores subalternos: el rescate del país a través de una reconstrucción moral.

Esa articulación, probablemente lo que refleja es que la Fuerza Armada es un garante de la institucionalidad, pero también se puede comportar como actor político, por cuanto no está impedido de reconocer las debilidades institucionales y que por una tradición histórica de carácter hemisférico, ha tenido que actuar decididamente para preservar el equilibrio político en numerosas oportunidades.

En síntesis, nuestra cultura política está profundamente articulada con la cultura democrática, pero en ella también se encuentra un espacio significativo para los valores de la cultura militar de la cual no podemos distanciarnos porque ha formado parte de nuestro imaginario colectivo desde nuestros inicios como república. Quizás lo cabe esperar es que la cultura democrática logre imponerse por encima de tentaciones que pretendan ignorar lo que en esencia ha caracterizado a la cultura política venezolana: su fe inquebrantable en la libertad.

BIBLIOGRAFÍA

Bobbio, N., Matteucci, N. y Pasquino, G. (2002) Diccionario de Política. 13ª ed. México: Siglo XXI Editores S. A. de C. V.

Huntington, S. (1972) El orden político en las sociedades en cambio Buenos Aires: Paidós

Irwin G., D. (2002) Comentarios sobre las Relaciones Civiles y Militares en Venezuela, Siglos XIX al XXI. Edición: No Publicada. Caracas.

Olivieri, G. e I. Guardia (2003) El fogonazo venezolano: la crisis de abril de 2002. Una explicación de la violencia política en Venezuela. [Tesis en línea] Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela. Consultada el 13 de marzo de 2005 en: http://www.ndu.edu/chds/redes2003/Academic-Papers/6-Military- Sociology/3-Military-Civilian-Relations-LATM/4%20 Guardia-final.doc

Portantierro, J. (1981) Sociedad Civil, Estado Sistema Político. México: FLACSO.

[1]Irwin, D., p. 249

LOS ACUERDOS COMO CARCTERÍSTICA DEL SISTEMA POLÍTICO VENEZOLANO: EL PACTO DE PUNTOFIJO*

 

En un intento por comprender la naturaleza del sistema político que se inicia a la caída de la dictadura perezjimenista, se hace imprescindible interpretar que la coyuntura histórica de 1958 determinó que la consolidación del proyecto democrático, sólo se lograría con la unión de los actores fundamentales y sus intereses. Las experiencias pasadas de sectarismo y exclusión servirían de lección a la dirigencia política venezolana, en la intención de lograr la consolidación de un gobierno democrático, siendo el Pacto de Puntofijo, el instrumento que permitiría ese propósito.

PALABRAS CLAVES: Democracia, Sistema Político, Pacto, Partidos Políticos

Introducción

La historia es muchas veces la mejor referencia para comprender los sucesos del presente, y de manera significativa cuando se consideran agotados los procesos políticos y se confrontan con nuevas perspectivas.

El plantearse una nueva concepción del Estado y su proceso político, requiere necesariamente la reconsideración de lo que condujo al modelo en crisis, en este sentido, resulta evidentemente útil la reflexión sobre las bases constitutivas del sistema político que permitió en el caso venezolano, la consolidación de la democracia como forma de vida.

En esta reflexión, se propone repasar las condiciones en las que se produjo la suscripción del Pacto de Puntofijo, como una variable fundamental del modelo político venezolano, que habría de influenciar su desarrollo futuro.

Antecedentes del Sistema Político Venezolano

La lección que la historia dio a los líderes políticos del post-gomecismo, materializada en la cruenta dictadura de Pérez Jiménez, planteó con claridad el terreno en el que habría de construirse el tan anhelado proyecto político democrático en Venezuela.

La necesidad de un sistema político que garantizara la libertad como elemento constitutivo, determinó que nuestro proyecto político tuviera su fundamento en un acuerdo o pacto, de manera que se imposibilitara cualquier intento de personalismo militar.

Luego de la caída de Gómez, se inicia una etapa de transición cuyo objetivo fue el establecimiento de un sistema de gobierno democrático. Al General Eleazar López Contreras le tocó quizás la más delicada responsabilidad, pues siendo figura del antiguo régimen, su misión fue la de sentar las bases que permitirían el posterior ejercicio democrático, teniendo que enfrentar la lógica inestabilidad manifiesta en un país atrasado, víctima de casi tres décadas de tiranía. López Contreras tuvo que enfrentar tanto a las fuerzas gomecistas ansiosas por recuperar el poder, como a los grupos opositores representantes de nuevos movimientos políticos. Fue una etapa donde las distintas tendencias ideológicas buscaron acomodo en el naciente sistema político.

El ascenso en 1941 a la Presidencia de la República del General Isaías Medina Angarita, en plena II Guerra Mundial, influenció el desarrollo de ciertas políticas en materia económica, dado el carácter estratégico del petróleo en el conflicto mundial. Durante este gobierno, no se vivió la tensión política del período de López Contreras, tanto que se produjo la legalización de los partidos políticos Acción Democrática (AD) y Partido Comunista de Venezuela (PCV). Fue precisamente a partir de este momento que AD inició su proceso de penetración en las estructuras del Estado, en palabras de su máximo líder de la resistencia, Rómulo Betancourt: “La dirección de AD se trazó la consigna de: ni un solo distrito, ni un solo municipio, sin su organismo de partido”. Se trataba de una tarea difícil y ambiciosa, “…pues implicaba vertebrar una red organizativa a lo largo y ancho de un país…” (citado en Puerta:163)

Entonces, es Medina Angarita quien permite la organización de agrupaciones políticas y obreras, produciéndose un clima de amplitud y apertura para la consolidación del régimen democrático. Sin embargo esa situación fue propicia para que se gestara el germen de su propia destrucción –la libertad de movilización de fuerzas- lo que le permitió a Acción Democrática principalmente la creación de un espacio político. En medio de la coyuntura electoral de 1945, la posición de AD fue decisiva para generar un ambiente de inestabilidad, desembocando en el golpe del 18 de octubre de ese año, encabezado por jóvenes militares con el apoyo de Acción Democrática, en un claro desafío a la candidatura del Dr. Angel Biaggini, propuesta por Medina Angarita.

En todo momento Acción Democrática mantuvo su justificación alrededor de la necesidad de buscar formas verdaderamente democráticas, que a su juicio no ofrecía un gobierno continuista de Medina Angarita. Lo que no deja de ser una ironía, pues se trató de una alianza con sectores de las Fuerzas Armadas no muy proclives a la democracia precisamente, pero que sin duda desde entonces, encarnan en nuestro inconsciente colectivo una suerte de salvador de la patria.

Las Fuerzas Armadas (FF.AA), luego de la muerte de Gómez, experimentan un proceso de modernización basado en la profesionalización de sus componentes, a diferencia de la mayoría de la oficialidad de alto rango que no tenía formación técnica. Esta circunstancia determinó que dentro del componente armado se desarrollaran dos corrientes bien definidas: el sector tradicional gomecista y el sector de jóvenes militares profesionales de carrera. El enfrentamiento fue inevitable en virtud de la posición de la alta oficialidad de defender sus privilegios y por su parte los jóvenes militares anhelaban mejores oportunidades y mayor atención, resultando dicha situación en la conformación de un movimiento: la Unión Militar Patriótica (UMP). El descontento y la necesidad de cambiar el estado crítico (económico y laboral) de la oficialidad intermedia, fueron factores decisivos para lograr un acercamiento -basado en los intereses comunes- de la UMP con AD. Para ambos sectores fue conveniente la alianza, pues los militares se verían libres de ser catalogados como enemigos de la democracia y AD tendría su camino despejado hacia el poder.

La Junta Revolucionaria de Gobierno, constituida por Rómulo Betancourt, en la Presidencia, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios, Luís Beltrán Prieto, en representación de AD; Edmundo Fernández, independiente; Carlos Delgado Chalbaud y Mario Vargas, miembros de las Fuerzas Armadas, se propuso evitar que las fuerzas gomecistas y sus continuadores -López y Medina- conservaran el poder pues para ellos representaban la antítesis del modelo democrático que se aspiraba consolidar, según AD, pero para la oficialidad vinculada a la UMP era la lucha por el control interno del mando institucional militar, asuntos relacionados con la jerarquía propiamente.

Las condiciones en las cuales se desarrolló la acción gubernamental de la Junta Revolucionaria, y las decisiones tomadas para contribuir a la modernización del Estado, son particularmente útiles al momento de interpretar la correlación de fuerzas que caracterizaron a nuestro país en ese período, pues además de ser una referencia histórica, nos permite identificar la naturaleza del modelo político venezolano que se consolidaría.

La Junta Revolucionaria de Gobierno fue muy activa en el sentido de la de reestructuración del aparato burocrático y productivo, pues fue bastante acelerada la elaboración de decretos en materia política y económica, además de otros ámbitos de interés nacional donde el gobierno tuvo participación directa: educación, gremios, entre otros. El mayor peso dentro de la Junta lo tuvo AD, pues “… los militares se ocuparon sólo de aquellos asuntos relativos a la defensa, seguridad interna y objetivos políticos globales, <> (Stambouli, en Puerta: 37)

Sin embargo, esa circunstancia habría de convertirse con el tiempo, en perjuicio para el propio partido Acción Democrática: mientras este se dedicaba a penetrar todos los niveles del aparato burocrático, en un comportamiento claramente sectario al estar ausentes otras organizaciones políticas, las FF.AA. se fueron movilizando en torno a la conformación de un proyecto nacional.

Un rasgo verdaderamente explicativo de la naturaleza de la democracia venezolana fue la conformación de una élite de poder. Desde los inicios de este período (1945), se produce un acercamiento entre la Junta Revolucionaria y representantes de la burguesía económica, materializándose la alianza con la creación del Consejo Nacional de Economía (1946), que no es otra cosa que la incorporación del poder económico al proyecto político en marcha.

En diciembre de 1947 se desarrollan los primeros comicios electorales donde se elegiría de manera directa y secreta al Presidente de la República y los representantes en los cuerpos deliberantes, estando el sufragio permitido a todo venezolano mayor de 18 años, sin distinción de sexo, religión o grado de instrucción, lo que representó un gran avance para el desarrollo democrático del Estado. En este proceso resultó electo el novelista Rómulo Gallegos.

Los resultados electorales sólo produjeron cambios nominales, la Junta Revolucionaria de Gobierno dio paso al ejercicio de la Presidencia de la República y Rómulo Betancourt traspasó el mando a Rómulo Gallegos, pero en la práctica el ejercicio del poder siguió en los mismos términos, agudizándose la situación por las tensiones políticas entre el partido de gobierno y los otros partidos políticos (COPEI, URD y el PCV), así como la abierta confrontación con los militares que rechazaban la interferencia del gobierno, demandando la salida de Betancourt del país, la desactivación de las milicias armadas de AD y la reestructuración del gabinete ministerial.

La actitud férrea de Gallegos de no ceder ante la presión del grupo de militares descontentos, encabezados por Delgado Chalbaud, Ministro de la Defensa y Pérez Jiménez, Jefe del Estado Mayor Conjunto, fue decisiva para que las FF.AA. derrocaran al gobierno el 24 de noviembre de 1948.

A partir de ese momento se inicia uno de los períodos más violentos y dolorosos de la historia moderna venezolana: los errores políticos de los dirigentes permitieron que un grupo de militares organizara un proyecto, ejerciendo el poder de manera autoritaria, lo cual generaría un conflicto cuya lucha se centró en darle a Venezuela otra oportunidad para la democracia que se había perdido, gracias a la ceguera de una dirigencia política que no supo valorar la importancia de preservarla en su momento.

En vista del peligro que para el país significaba el gobierno de Gallegos, la Junta se propuso ejercer un mandato transitorio, que se concentraría en preparar una nueva consulta electoral, en la clara intención de descartar un régimen dictatorial. Sin embargo los hechos posteriores se encargarían de demostrar que dentro de las Fuerzas Armadas se había conformado un movimiento lo suficientemente organizado, como para tener un proyecto definido: conservar el poder.

Las primeras acciones de la Junta estuvieron dirigidas a desarticular todas las estructuras que AD logró habilitar en la nación, iniciando un proceso de desmovilización política de la sociedad, de manera que la Junta tuviera la facilidad de gobernar sin oposición efectiva. El partido AD fue oficialmente disuelto, así como también el Congreso Nacional, Asambleas Legislativas, Concejos Municipales y el Consejo Supremo Electoral. Es ilegalizada la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), igualmente el Partido Comunista de Venezuela (PCV).

Tan solo permanecieron en la escena política la Unión Republicana Democrática (URD) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) hasta 1952, año en que se produce el fraude electoral en la Asamblea Constituyente, pues ante la posibilidad de perder el poder, el gobierno, que acude a los comicios bajo el nombre de Frente Electoral Independiente (FEI), realiza una maniobra en el Consejo Supremo Electoral para alterar los resultados del proceso, deteniendo el conteo de votos que daba como ganador a Jóvito Villalba del partido URD, adjudicándose el triunfo.

Bajo el gobierno de la Junta Militar, a partir de 1953 oficialmente presidida por Marcos Pérez Jiménez, la dinámica oposición-represión identificaría a la escena política nacional. Los partidos COPEI y URD, quienes desconocieron los resultados de la Constituyente, asumen una postura contraria al régimen, uniéndose a los partidos abolidos: AD y PCV en la oposición.

Este fue un período histórico de gran tensión política, caracterizado por las limitadas libertades, la represión y la lucha clandestina. Precisamente este elemento representa un hecho de gran valor, pues a diferencia del error cometido a la caída de Gómez, cuando las organizaciones políticas manejan el liderazgo como un instrumento personalista-partidista, la lucha contra la dictadura los obliga a unir esfuerzos con el propósito de restablecer el régimen democrático, generándose un vínculo que, a pesar del retiro del Pacto de Puntofijo por parte de URD, se había mantenido como principio del juego político de la democracia venezolana.

La lucha clandestina fue intensa, siendo muchos los líderes gremiales y políticos caídos a manos del régimen dictatorial, las persecuciones y expulsiones eran una modalidad de castigo para los opositores. Mientras Pérez Jiménez se dedicaba a eliminar los peligros emergentes para su permanencia en el poder, en el seno de las Fuerzas Armadas se estaba hilvanando una corriente desfavorable para el gobierno, quien ya no representaba a la institución militar.

En el seno de las Fuerzas Armadas hay toda una situación interna -ascensos, privilegios, formación de camarillas, entres otras- que estaban conduciendo a la separación, en lo que constituye una parte importante de los antecedentes de la crisis que habría de vivir el gobierno de Pérez Jiménez.

En 1957, la lucha contra la dictadura materializa la unión de los partidos de la clandestinidad involucrados, bajo la figura de la Junta Patriótica, aprovechando la coyuntura que produce el problema de la sucesión del poder, hecho crítico para el dictador. Por encima de las diferencias ideológicas estaba la necesidad de derrocar el régimen, factor determinante para el consenso entre las fuerzas políticas. En junio se formaliza la creación de la Junta Patriótica, teniendo como principal objetivo impedir la reelección de Pérez Jiménez.

La situación se fue agravando, pues según la propia Constitución, era el momento de convocar a elecciones. En su lugar, Pérez Jiménez para evitar la pérdida del poder decide realizar un plebiscito que lo ratifica en el mandato.

La tensa situación política se hace insostenible para el régimen, pues no solamente la sociedad civil, sino además amplios sectores de la institución armada rechaza la dictadura, principalmente el ejército que había sido desplazado por el aparato represor: la Seguridad Nacional.

Esa actitud de Pérez Jiménez, quien no midió el descontento de los sectores más progresistas de las Fuerzas Armadas, contribuiría a que se gestara un movimiento insurreccional que inició sus desplazamientos técnicos el 1º de enero de 1958 al mando del Cnel. Hugo Trejo, manifestándose la clara división del Ejército, que había sido el apoyo fundamental del régimen. Desde ese instante se suceden una serie de sublevaciones que culminan con la caída del dictador el 23 de enero de 1858, cuando definitivamente las Fuerzas Armadas le dan la espalda al dictador.

El Pacto de Puntofijo como fundamento del Sistema Político Venezolano

Para la comprensión de la naturaleza del sistema político que se inicia a la caída de la dictadura perezjimenista es necesario interpretar que la coyuntura histórica de 1958 determinó que la consolidación del proyecto democrático, interrumpido por una década, sólo se lograría con la unión de esfuerzos y principalmente, de intereses. Lo que en el pasado hizo fracasar al régimen democrático, pareciera haber servido de lección para la dirigencia política venezolana, siendo la causa común: un gobierno democrático, produciéndose un hecho fundamental para la construcción del nuevo modelo político venezolano: el Pacto de Puntofijo.

La voluntad de las organizaciones políticas de mantener un frente unido para la formación de un nuevo modelo político se hace efectiva a través de la firma del Pacto de Puntofijo el 31 de octubre de 1958. En él queda plasmada la esencia de lo que llamamos democracia de partidos, pues allí se fijaron las reglas del sistema de poder, configurando la prerrogativa que habrían de tener en el mismo, los partidos políticos.

Los diez años de dictadura sometieron a los partidos políticos venezolanos a un aprendizaje forzado sobre la necesidad de lograr un mínimo entendimiento si se quería asegurar el mantenimiento del sistema que nuevamente estaba configurándose… (Njaim, Combellas, Josko y Stambouli en Puerta: 45)

El Pacto de Puntofijo es el acuerdo político que suscriben los principales actores sociales del momento, quienes posteriormente asumirían su condición predominante dentro del sistema. Los partidos Acción Democrática, COPEI y URD; FEDECAMARAS; Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica suscribieron el compromiso de apoyar y vigilar el desarrollo de un proyecto nacional que contemplaba el establecimiento de un sistema democrático que garantizaba el ejercicio pleno de libertades políticas y la alternabilidad en el poder. El acuerdo se fundamentó en tres aspectos: la Defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral; la formación de un Gobierno de Unidad Nacional y la suscripción de un Programa Mínimo Común: (López, Gómez y Maingón: 1989)

Conclusiones
Al margen de los aspectos orientados a la consolidación del régimen democrático propiamente, es necesario que veamos al acuerdo como el instrumento que habría de institucionalizar el modelo centrado de partidos en nuestro sistema político. A diferencia del post-gomecismo, caracterizado por la confrontación entre las fuerzas políticas, dada la coyuntura de 1958, los partidos toman conciencia de la necesidad de compartir el espacio político, el poder, creando un vínculo que los fortalecería: un pacto, pues “el poder se sostiene sobre pactos constitutivos, pero no ya entre voluntades individuales… sino entre aquellos grupos que han movilizado recursos suficientes como para ingresar en el sistema” (Portantierro: 47). De esa manera quedó definido el papel predominante que habrían de desempeñar los partidos políticos en el funcionamiento del sistema político: la representación de los intereses de la nación en manos de las estructuras partidistas.

Las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) como actores fundamentales de las últimas décadas, desempeñaron un rol trascendental en el pacto suscrito. Inicialmente las FAN se habían propuesto sustituir el gobierno personalista de Pérez Jiménez por uno verdaderamente de carácter militar-institucional. Debido a ello fue necesario que los otros sectores participantes negociaran con los militares, logrando convencerlos de la pertinencia de consolidar el régimen democrático, comprometiéndolos a actuar en defensa del mismo, generando la institucionalización democrática de las FAN, como organización apolítica y no deliberante.

Las Fuerzas Armadas con su participación en el Pacto de Puntofijo, le confirieron legitimidad a las reglas de juego del sistema político venezolano que se pretendía instalar, reconociendo a sus protagonistas en un acto legitimador, como fundadores de la democracia venezolana, en lo que habría de ser una muestra irrefutable de control político que ejerce la institución dentro del sistema.

Referencias Bibliográficas

LÓPEZ, M.; GÓMEZ, L. y MAINGON, T. (1989) De Punto Fijo al Pacto Social. Caracas: Fondo Editorial Acta Científica Venezolana.

PORTANTIERRO, J. (1981ª) Sociedad Civil, Estado Sistema Político. México: FLACSO.

PUERTA, M. (1995) El Rol de las Fuerzas Armadas en la Crisis Hegemónica Venezolana 1989-1994. Trabajo Especial de Grado (Sin Publicar) Universidad Fermín Toro

* Ponencia presentada en el VI Congreso de Investigación de la UC

LA INFLUENCIA DEL PRETORIANISMO EN LA INSTITUCIONALIDAD MILITAR EN VENEZUELA*

La Institución Militar en Venezuela, sin duda alguna, ha sido un actor político fundamental, no sólo a los efectos de la consolidación del sistema político, sino también de su sostenimiento. Esta circunstancia nos remite necesariamente a buscar las razones de tal comportamiento en los principios del Pretorianismo, definido por Samuel Huntington (1972, p. 177) como “la intervención de los militares en política.” La presente investigación se propone revisar los planteamientos teóricos que sustentan el modelo pretoriano, destacando los hitos históricos donde se aprecia su influencia, para de esta forma justificar el argumento sobre su incidencia en la institucionalidad militar de Venezuela. Esta investigación corresponde a un estudio de carácter descriptivo, histórico-documental, fundamentado en los planteamientos de autores como Samuel Huntington y Domingo Irwin. Sus conclusiones pudieran aportar elementos para la comprensión de la dinámica política contemporánea de Venezuela.

Palabras clave: Institucionalidad Militar, Sistema Político Venezolano, Poder Político.

* Ponencia presentada en el IX Simposio Nacional de Ciencia Política